La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó a los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública el seguimiento que se lleva en contra de quince funcionarios de la institución vinculados por presuntas inconsistencias en el reporte de uso de los combustibles a las delegaciones policiales del país.
En este caso, según alega el sindicato, la investigación debe girarse a todas las personas que participaron de forma directa e indirecta con el reporte en los gastos de los hidrocarburos.
En apariencia, los hechos recaen principalmente en las delegaciones guanacastecas, donde inclusive se reportó uso de la gasolina en unidades en malas condiciones o fuera de funcionamiento.
Ante esta situación, la ANEP extendió días atrás la solicitud a la cartera de Seguridad donde se presume el proceso sería elevado ante instancias del Ministerio Público.
Debido a esta situación, el documento MSP-DM-DVA-RVB-0761-2021, y del que DIARIO EXTRA tiene copia, confirma que en apariencia los 15 funcionarios públicos estarán siendo indagados, así lo dio a conocer Randall Vega Blanco, viceministro administrativo del Ministerio de Seguridad Pública.
“Producto de las inconsistencias detectadas en las liquidaciones de combustible de la región quinta, la Subdirección General de la Fuerza Pública presentó formal denuncia ante la Auditoría Interna de este Ministerio y, además, cuatro procesos ante el Departamento Disciplinario Legal, los cuales involucran a quince funcionarios de dicha región, con la finalidad de que se investigue y se descubra la verdad real de los hechos denunciados”, detalla el escrito.
INVESTIGADOS
DIARIO EXTRA conversó con el dirigente sindical Minor Anchía, quien aseveró que el proceso investigativo debe aplicarse a todas las personas que fueron parte de los hechos.
Según lo detallado por Anchía, la lista está sumando más presuntos responsables, entre los que se sospecha de altos mandos dentro de las delegaciones (ver nota aparte).
“Puede obedecer a dos factores, el primero que la investigación preliminar vaya involucrando a otras personas, que vayan encontrando indicios que permiten traer a otras personas al proceso y la otra situación es la presión que nosotros hemos hecho”, comentó.
El dirigente de la ANEP mencionó días atrás que fueron los mismos policías quienes, preocupados de la situación dentro de los entes policiales, denunciaron los hechos, por lo que ahora piden la intervención de los jerarcas.
“Hemos estado solicitando información, que se investigue a profundidad y que no se deje a nadie por fuera. Solicitamos que se incluyera en la investigación a quienes estaban al frente de esa región al momento de los hechos, a los jerarcas que tienen un deber vigilando y que no pueden decir que no sabían lo que está pasando”, añadió.
Entre los principales alegatos de Anchía, hace mención en las repercusiones que pueden tener dichas conductas dentro de la institución con el fin de garantizar el buen uso de los recursos que el Estado le destina a la seguridad.
ORGANIZACIÓN
Debido al vínculo de varias personas en los supuestos hechos relacionados con el gasto de las gasolinas dentro de dichas delegaciones, Anchía comparó la presunta organización ilícita con uno de los más grandes conflictos políticos.
“Podrían llegar más personas al proceso en instancia penal, es muy posible pensar de acuerdo a los elementos que se están manejando que hay toda una organización, que es un tema de asociación ilícita donde se podría dar lo que se dio en ‘Cochinilla’, donde hay una confabulación hacia funcionarios públicos y del sector privado”, advirtió.
Por su parte, el dirigente sindical estima que el problema recae en el mismo sistema que lleva a que se sumen más actos de corrupción y con ello se vean perjudicadas las finanzas del Estado.
“En este se puede presumir con alto grado de probabilidad que hay una organización delictiva entre personal del Ministerio y personas del sector privado, personas de las estaciones de combustibles. Eso lo que va es potencializando que los funcionarios que están dentro del sistema que son corruptos, porque ven que no los alcanza la justicia”, enfatizó.
Esta aparente confabulación, según lo descrito por Anchía, fortalece la afectación sufrida por estas delegaciones, donde la afinidad con altos mandos puede haber contribuido.
“Lamentablemente si hay personas ahí adentro que se aprovechan de su cargo como se vio en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) porque logran alguna relación de afinidad con las empresas proveedoras, se afianzan causando un gran daño al erario público y seguridad del país”, recalcó.
RESPONSABILIDAD
Asimismo, Anchía achaca parte de la responsabilidad de los hechos al Gobierno de la República, que presuntamente no mejora las condiciones de los uniformados.
“El Gobierno ha hecho todo lo posible, pareciera que los policías, lejos de mejorar sus condiciones, empeoran. Es como invitarlos a que hagan cosas indebidas, son seres humanos y no están exentos”, agregó.
Entre lo señalado por la ANEP los cambios en el personal y renuncias dentro de las delegaciones solo evidencian la problemática que fue denunciada días atrás y con ello el vínculo que habría sobre lo que sucede en la pampa guanacasteca.
“Es un indicio, nos permite la presunción en grado de probabilidad que efectivamente estas personas por lo menos como mínimo incumplieron en sus deberes, si no participaron para esta situación de los combustibles, mínimamente dejaron de cumplir con sus obligaciones”, acotó.
Por ahora, la ANEP aduce que se mantendrá atenta al proceso de dichas investigaciones para sentar responsabilidades.
PERIODISTA: Erick Melendez Delgado
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Lunes 30 de Agosto, 2021
HORA: 12:00 AM