Costa Rica urge de medidas de reactivación económica que vayan de la mano con equidad para las personas que menos tienen. Esto opina Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El oficialista asegura que desde la Asamblea Legislativa se llevan a cabo luchas a favor de la población, pero faltan medidas para reactivar la economía.
A continuación, un extracto de la entrevista que concedió a DIARIO EXTRA.
¿Cómo analiza la coyuntura que atraviesa el país?
-Nos hemos enfocado mucho en la pandemia y eso está muy bien, además del problema fiscal (las finanzas han mostrado mejoras), pero hemos dejado el tema de la reactivación por aparte. Tenemos un desempleo muy elevado e inequidad en los ingresos y distribución debido al modelo económico, además crece la pobreza. Si no le ponemos atención en el corto plazo va a detonar en una gran conflagración social.
Pero el gobierno sostiene que la situación viene mejorando.
-Cuando dicen que la economía está creciendo, igual que las exportaciones, la inversión, hay estabilidad y salen festejando las cosas, mientras que la gente está en pobreza y se recortan programas sociales, entonces estamos haciendo las cosas al contrario. Necesitamos reactivar con equidad, con enfoque ambiental, puesto que los problemas ambientales nos están afectando en las finanzas públicas. A corto plazo hay que reactivar para generar empleos y mejorar la distribución del ingreso.
¿Cómo se hace esa reactivación de la economía en medio de la crisis sanitaria?
-Tenemos los mecanismos para hacerlo, tenemos la infraestructura que está financiada y no sale por mecanismos entrabados. Infraestructura en salud, educación, ambiente y recreativa se pueden hacer rápidamente en Costa Rica si ponemos al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a hacer esa obra pública. Un ejemplo: las juntas de educación tienen a cargo la infraestructura educativa, pero muchas de ellas no tienen las capacidades. En Salud casi que pasa lo mismo.
Pero en muchas ocasiones la plata no llega.
-Por eso el ICE debería hacer esa obra. Ellos tienen esa capacidad y lo que hay que darle es la potestad para que haga las cosas. Lo puede hacer rápido y eso reactiva la economía. Mucha gente cree que el Estado ocupa un buen gerente y más bien lo que se ocupa son estadistas.
¿Estadistas?
-Así es. El Estado necesita economistas y no financistas. Un financista sabe cómo maximizar utilidades en una empresa, pero puede que eso no sea lo conveniente para la sociedad en conjunto. Las decisiones de Estado implican muchísimo más variables en cosas que no son precisamente financieras ni son rentables, sino que ocupan otro tipo de rentabilidad: social, ambiental y algunas de larguísimo plazo. Los financistas ven a corto plazo y qué le conviene al grupo, por eso pierden la visión de la sociedad. Aquí hay sectores que concentran el ingreso y creen que si a ellos les va bien, por arte de magia le está yendo bien a todo mundo. Eso le está haciendo daño a este país: caer en manos de gerentes y no de estadistas. Calderón Guardia lo fue con el tema de salud y Luis Alberto Monge con la ley del aguinaldo. En ese momento le dijeron que era una medida contra la competitividad, pero hoy en día vemos que el mes que se reparte el aguinaldo es cuando más se mueve la economía.
Usted habla de estatismo, pero en la Asamblea hay discursos para reducir el aparato estatal.
-Hay que dar una discusión desde la eficiencia del Estado, pero eso no tiene que ver con el tamaño del Estado. Necesitamos educación de primera, salud, infraestructura, seguridad. Necesitamos eficiencia, pero el discurso de reduccionismo extremo no tiene sentido.
Otro de los temas que usted plantea para reactivar la economía son las compras del Estado.
-Desde luego porque se generarían encadenamientos productivos y dinamizarían la obra pública financiada. Las compras del Estado pueden suplir a las empresas nacionales y debe haber un sesgo para favorecer las empresas nacionales. Hay que reactivar a través de obra pública y compras del Estado.
¿A través del Sicop?
-Hay que mejorar el Sicop.
¿Qué opina sobre el tema de la tramitología?
-El entrabamiento sigue. El trámite cae sobre las espaldas de quien va a hacer todo; es quien tiene que entender el formulario y llenar todo. A eso hay que darle vuelta. Si alguien quiere poner una carnicería en la esquina debería ir donde hay cuatro funcionarios de ministerios que hacen los trámites y decir: “Vengo a hacer un negocio” y ahí que se le haga todo.
¿Eso es la ventanilla única?
-No. La ventanilla única del MEIC es que le den todos los formularios y ya. Además planteo que todo debe ser en simultáneo: primero la municipalidad, con eso vaya a la Caja, luego venga aquí y vaya allá. Todo tiene que ser de una vez.
¿El Sicop debe reformarse?
-Sí, en temas de transparencia. Hoy en día el Sicop no es de fácil acceso para la gente. Aparte de eso tiene que transparentarse para saber a quién y qué compra el Estado.
¿Cuáles otras medidas de reactivación económica considera?
-Se necesitan encadenamientos. Aquí hay empresas que compran todos los insumos afuera porque no se ha capacitado internamente a la gente para que pueda producir.
Se dice que los productos son más caros por el elevado costo de producción.
-No necesariamente. Los costos de producción son altos por escala. Tenemos que reactivar por encadenamientos y abaratar los precios. Siempre he creído que en Costa Rica la gente gana bien, pero la plata no alcanza porque el costo de vida es muy alto y si no despegamos eso, la economía seguirá succionándole los ingresos a la población. Me encontré que aquí había ¢5 billones prestados a tasas de interés que en promedio daban el 63% y había que ponerles freno a esas tasas abusivas.
¿Se refiere a usura?
-Así es. Se había sobreendeudado a los costarricenses. Antes había ¢5 billones al 63% en financieras, tarjetas, casas de empeño, electrodomésticos, pero ahora se bajó. Actualmente la tasa de tarjetas está a un 33% y microcréditos anda por el 47%. Al quitarle ese 20% a ¢5 billones queda ¢1 billón. Eso es lo que las familias costarricenses están ahorrando de intereses. Aquí pasaba que tenía un crédito de ¢10 millones al 10% mensual que terminaba pagando ¢12 millones en intereses de forma anual. Hay que bajar el costo de vida en los mercados de abarrotes, insumos agrícolas, materiales de construcción, vivienda, medicinas. En Estados Unidos un crédito de vivienda cobra un 3% y aquí estamos al 12% o 14%. Algunos no querían tope máximo, pero exigían una tasa piso.
¿Qué propone en materia de reactivación y vivienda?
-Uno de los proyectos es que la gente compre alquilando, se va abonando con opción a compra. Hay que poner al INVU junto a los bancos del Estado, el Banhvi y el Mivah a que generen sistemas de vivienda que se gestionen desde la perspectiva no tradicional. Hoy para comprar una casa hay que demostrar un ingreso enorme y eso aunque esté alquilando o pagando. Tenemos que darle vuelta a eso: agarrar a la gente y decirle en el edificio vertical “usted estará acá y si se queda 20 años alquilando, esta casa es suya”. Eso con una tasa muy baja. Hay que facilitarle opciones a la clase media. Hay gente que vive en condiciones complejas y debe darse una solución a gente que lleva más de 20 años buscando condiciones. A los zopilotes de vivienda los eliminamos en el tanto que demos fluidez a procesos de solución. Hoy en día el bono de vivienda se volvió más un complemento de un crédito que una solución para los más pobres. En ocasiones para un bono piden ¢650 mil y para una familia en pobreza eso es mucha plata.
¿Qué otros resultados se observan a un año de la entrada en vigor de la ley de usura?
-Hay tasas más bajas que no han golpeado para nada al sistema financiero, como ellos decían, ni han provocado exclusión financiera. Hay mucha gente que ha salido de la exclusión financiera. Sí se ha ahorrado mucha plata, pero hay que ver los mercados actualmente. Cuando uno ve que los mercados alimentarios y se entera que 1 kilo de aguacate que se le compra a un agricultor en Los Santos a ¢800 se vende a ¢5.000 está mal. Ganarse un 500 y pico por ciento es un abuso. Al consumidor no le alcanza la plata y al agricultor le pagan una ruina porque hay unos tagarotes que le están haciendo daño al país.
Pero se habla del libre mercado y competencia.
-El Estado debe estar complementando y rectificando al mercado porque si no se vuelve injusto e ingrato. No es recomendable dejarlo por la libre, por eso dejamos una ley de competencia nueva. Un productor de tomate llega a PIMA-Cenada y le dicen “a ¢400 el kilo. O los vende, o los bota”. Lo complejo es que hay tagarotes que le pagan precios de ruina para ir a vender a ¢1.500. Hay que arreglar eso dándoles asociatividad a los agricultores, que el Estado les compre directamente a ellos, sacando de Cenada a los intermediarios y metiendo a asociaciones de agricultores. Me como esa bronca. Si alguien vende debajo del precio de costo, eso no es competencia sana, sino desleal. Lo que en el fondo se busca es quebrar a los pequeñitos y después subir precios.
¿Eso generaría especulación de precios?
-Claro. Vender por debajo de costo, quebrar a todos y después subir precios. Esas son prácticas desleales de los mercados. No es posible que el Estado tenga un mercado como Cenada y se lo entregue a los intermediarios, que abusan y explotan a nuestros agricultores. La red de frío tiene que ser de los agricultores. ¿Sabe cuánto pagan los intermediarios a nuestros agricultores por un quintal de frijol? Unos ¢28 mil. ¿Y sabe en cuánto lo revenden ya empacado? En ¢96 mil. Ahí hay un tagarote enriqueciéndose, encareciendo la vida al consumidor y pagando una ruina al productor nacional. Los mercados se pueden rectificar sin regular el precio.
Usted presentó un proyecto sobre medicamentos. ¿Cómo avanza?
-Ese proyecto es vital y busca dar competencia al mercado de medicamentos.
¿Cuál es su opinión sobre la regla fiscal?
-Hay que levantarla en una serie de programas sociales. En bonos de vivienda no puede ser. No puede ser que por regla fiscal dejemos de ayudar a comedores escolares, Cen-Cinai, hogares para adultos mayores, red de cuido o becas. Eso no es un gasto, sino una inversión. La regla fiscal hay que racionalizarla y además quitarle ese sesgo antisocial. No puede ser que en medio de una crisis se esté recortando por parte de unos fiscalistas extremos en la Asamblea Legislativa. Hay que entrarle también a un plan nacional de refinanciamiento de deudas.
¿Cómo funcionaría esa propuesta?
-Aquí se creyó que refinanciando deuda y capitalizando intereses se solucionaba todo. En realidad se creó un problema que se manifestará a mediano plazo y reventará. Si medio millón de ticos perdieron el empleo, tienen deudas y se refinancia por un año y medio o dos años, capitalizando intereses grandes, se hace una carga mayor que es impagable. Como esas deudas se están refinanciando en papel, los entes financieros están apuntando ganancias que no han cobrado. Se debería considerar planes de refinanciamiento a tasa cero porque esta situación (pandemia) es fortuita y una tragedia social. En algunos países se le dijo al sistema financiero “no es tiempo de ganar” y más bien el banco central aportó la liquidez a tasa cero y están las deudas detenidas, pero en cambio en Costa Rica las deudas van creciendo y nadie ve ese elefante. A corto o mediano plazo si no se aplica un plan podría representar la quiebra y recolección de viviendas, y la situación va a ser de crisis social. Aquí la solución es beneficiando a todos. El Banco Central hizo ¢700 mil millones a tasa del 0,8% anual y deberían ver cómo se ayuda a los que ocupan.
¿Qué opina sobre el proyecto Ley Marco de Empleo Público y la agenda con el FMI?
-No estoy de acuerdo con la agenda del FMI. Tiene proyectos para poner impuestos, es regresiva y deteriora la situación del país. No la valido de ninguna manera. Respecto a Empleo Público en el fondo se buscaba la politización de la justicia. Va contra la división de poderes. Querían concentrar todo en el poder político. Eso es una barbaridad. Me apena ese proyecto y su intención está prostituida.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
EMAIL: [email protected]
Miércoles 18 de Agosto, 2021
HORA: 12:00 AM
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