Son varios los sobrevivientes y familias de las víctimas que han pasado 12 años recordando aquella tragedia ocurrida el 22 de octubre del 2009, cuando un bus con 38 personas a bordo atravesaba el puente sobre el río Tárcoles, que comunica Turrubares con Orotina, cayó al río luego de que los cables de tensión de la estructura cedieran.
Por esta razón, las familias de las victimas que perdieron la vida ese día, en conjunto con los sobrevivientes, interpusieron una demanda en contra de la que era ministra del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), doña Karla González. Además, interpusieron una demanda contra el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), responsabilizando a estas entidades de no haber hecho nada, a pesar de haberse reportado hace años el mal estado del puente.
Los afectados agregan que han pasado los años y el Tribunal Penal de Pavas ha hecho caso omiso a todas las peticiones de justicia, tanto que los afectados afirman que las autoridades judiciales atrasan las audiencias o las aplazan con tal de no darle fin al caso.
Sumado a eso, Lilibeth Delgado Arias, familiar de una de las víctimas y una de las demandantes, agrega que el Tribunal ha querido sustituir al abogado Daniel Salas, quien ha llevado el caso desde el principio, asumen que por conveniencia de las mismas autoridades judiciales.
MANIFESTACIÓN
Trascendió por parte de la señora Delgado que las familias que fueron afectadas por aquella tragedia decidieron poner un alto a su silencio y manifestarse en las afueras del Tribunal Penal de Pavas este lunes, con la premisa de buscar de una vez por todas la justicia que se les ha negado durante doce años.
“Una de las personas que ha puesto trabas a este caso es el licenciado Randall Mena Aguirre que es el defensor en contra. No se sabe el motivo del por qué nos quieren quitar el abogado, él tiene años de estar con nosotros y sabe cómo está el asunto y todo va girando a conveniencia del gobierno. Les conviene quitarlo porque saben que esta empapado de todo y saben que nosotros tenemos derechos de pedir justicia, queriendo poner un abogado que no conocemos y que tiene que aprenderse un expediente en un mes”, manifestó Lilibeth.
Por otra parte, los manifestantes agregaron que nunca les han dado un motivo real por el cual suspenden las audiencias o por qué razón pasan las diligencias meses y meses sin tener una idea clara del comienzo de un juicio que le ponga punto final a la esta historia.
“Una vez vinimos a una audiencia y no se presentó un abogado y nos hicieron esperar, según porque fueron a buscar al licenciado y pasada la hora de almuerzo nos atendieron porque a ellos si le dan tiempo. Pero por una vez que el abogado nuestro no se presentó, suspendieron la audiencia y pusieron en el expediente que el abogado no se presenta a las audiencias y que ninguno de los afectados tampoco se manifiesta, cuando nunca nos han notificado de las diligencias y mucho menos a nuestro defensor, de ese modo no nos vamos a presentar si no nos notifican nada”, expreso la manifestante.
Sumado a esto, los familiares mencionan estar molestos y piden una explicación porque nada de esto tiene sentido para ellos y añaden que han sido 12 años de tener el caso en el olvido.
“El proceso nunca avanza y no nos dicen por qué razón está varado. Queremos una razón y por eso la manifestación, ya que nos tocaba en junio una audiencia y sin motivo alguno la corrieron para setiembre y el abogado pide el expediente y nos dicen que lo tenían extraviado y le avisan que ninguno nos hemos presentado a audiencias y no es así porque siempre hemos estado aquí cuando nos notifican”, explicó.
CASO EN CONCRETO
DIARIO EXTRA, se comunicó con el abogado Daniel Salas Muñoz, defensor de las víctimas y quien ha estado detrás de todo el proceso desde hace doce años. Se le preguntó por el caso en concreto y de todo el proceso de estos últimos años, a lo cual respondió que el proceso se ha visto atrasado por las partes judiciales de Pavas, ya que el juzgado penal de Puriscal sí ha hechos esfuerzos para realizar la audiencia, sin embargo, no se ha llegado a nada.
“Ha sido principalmente afectada por Randall Aguirre, el abogado de la Procuraduría General de la República, que reiteradamente ha estado pidiendo suspensiones a las audiencias, retrasando el proceso, comprometiéndose para una fecha y después señala tener otro juicio, entre otras cosas.
El problema con el Tribuna Penal de Pavas es que se presentan apelaciones y las rechazan de plano, no escucha a las víctimas y se irrespeta la carta iberoamericana de los derechos de los mismos y no realizan las audiencias como lo estipula la ley y solo rechaza las apelaciones, dejándolas totalmente indefensas”.
QUIEREN QUITARME DEL CAMINO
Sumado a eso, el licenciado afirmó que el caso se ha visto inmerso en tantas excentricidades, hasta el punto de quedar sorprendido al darse cuenta de que lo quieren quitar del camino sin ninguna razón, a pesar que tiene aproximadamente ocho años de estar delante del caso.
“Otro tema importante es que quieren quitarme del camino, me quieren sacar como representante de las víctimas para que ellas queden indefensas. El próximo mes sería la audiencia preliminar, que es una audiencia fundamental en el proceso, para ver si se llega a un acuerdo, a un juicio, y ver qué procede, pero si me quitan a mí las victimas quedarían indefensas y qué abogado va a tomar un caso de esa magnitud faltando poco tiempo para la audiencia”, declaró el licenciado Daniel Salas.
A su vez, Salas añadió que se han dado muchas oportunidades por escrito al Tribunal Penal de Pavas para que realice las audiencias correspondientes, pero este hace caso omiso a ellas, por lo que los afectados decidieron ir a pararse al frente del Tribunal para obtener una respuesta.
Además, se le preguntó al licenciado cuáles son las medidas que se están exigiendo para resolver el caso, a lo que señaló que solo se está pidiendo el pago de los daños, tantos psicológicos como físicos.
PERIODISTA: Josué Castro Chavez
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Martes 17 de Agosto, 2021
HORA: 12:00 AM
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