Rosibel Suárez es oriunda de Batán, Limón, y desde hace 34 años llegó junto con dos hijos al predio Nueva Esperanza, en San Felipe de Alajuelita.
Hoy día vive con una hija, una nieta y su madre, una adulta mayor de 84 años, quien además está discapacitada.
La familia Suárez es una de las 22 que viven en incertidumbre ante una orden de desalojo que las dejaría sin vivienda en caso de concretarse, de acuerdo con una resolución judicial.
Las condiciones de vivienda no son las mejores, sin embargo resienten que en la Municipalidad de Alajuelita y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) no les ofrecen una solución habitacional en buenas condiciones.
Suárez dijo a DIARIO EXTRA que si están viviendo en las condiciones actuales no es porque lo eligieron así, sino porque no los dejan salir adelante.
Sobre la actuación del ayuntamiento de Alajuelita indicó que el apoyo es escaso y prácticamente se encargaron de humillar a las familias por el estilo de vida que llevan.
"Se lo voy a decir honestamente. La última vez que fuimos un grupo (a la Municipalidad de Alajuelita) nos humillaron, nos trataron como si fuéramos animales. Creo que a ningún animal se le trata de la forma en que nos trataron.
Somos dos familias que tenemos 34 años y las demás fueron llegando. Nos dijeron que cómo iba a ser posible que en 34 años de vivir aquí no habíamos pagado casa o nada porque ellos creen que uno no paga luz, no paga servicios.
Desde que vine aquí traté de sacar mi medidor de luz. Nos dijeron que ya nosotros nos habíamos conformado", relató.
La mujer hizo un llamado a la Municipalidad de Alajuelita para que les den permitan salir cuando tengan una solución de vivienda efectiva porque una de sus preocupantes es la falta de recursos para pagar alquiler.
Mientras tanto, al Mivah le solicitaron que se ponga la mano en el corazón porque desde marzo viven la zozobra de no saber cuál será su futuro.
INTERVENCIÓN
Modesto Alpízar, alcalde de Alajuelita, envió el oficio MA-AM-165-2021 del 31 de mayo a la Defensoría de los Habitantes, en el que notifica el estado actual del caso del asentamiento Nueva Esperanza.
Indicó que las familias invadieron el terreno, que es propiedad del municipio, inscrito en el folio real 619051, plano catastrado SJ-0810344-1989.
Manifestó que en ese lugar se construyeron una iglesia cristiana, varias casas y cuartos en un bien inmueble demanial, lo cual contraviene la Ley de Construcciones.
El alcalde aseguró que el municipio procedió a retirar las latas de zinc que cercaban el terreno invadido porque tiene la potestad de demoler lo construido al encontrarse al margen de la Ley de Construcciones.
"Lamentablemente los recurrentes no comprenden que el área comunal que invaden es un bien demanial, en consecuencia es inalienable, imprescriptible e inembargable.
Por ende está fuera del comercio de los hombres y no es susceptible de adquisición, donde nunca adquirirán un derecho, así hayan invadido el inmueble por 100 años.
En ese sentido manifestar que tener más de 10 años invadiendo un bien inmueble municipal no les otorga derecho alguno", indicó Alpízar en la carta.
Añadió que el gobierno local está en la obligación de hacer cumplir el mandato legal de construir con una licencia municipal y contar con los permisos de ley.
Por último dijo que las construcciones realizadas al margen de la ley ponen en peligro la vida, la integridad y la salud de las personas.
COORDINACIONES
Fernando González Brenes, representante de las 22 familias del asentamiento Nueva Esperanza, declaró a DIARIO EXTRA que desde hace dos meses se intensificó la posibilidad de buscar una solución de vivienda.
Instó a Irene Campos, ministra de Vivienda, a hacer una solicitud a la Municipalidad de Alajuelita para lograr una prórroga mientras encuentran un lugar dónde vivir.
Narró que en la actualidad suman más de seis meses luchando contra el gobierno local tras un desalojo administrativo que amenaza el futuro de los núcleos familiares.
Al respecto relató que envió cartas a Casa Presidencial, Defensoría de los Habitantes y Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en las que solicitó la posibilidad de visibilizar la problemática social que enfrentan.
"Lo que necesitamos es un poco más de tiempo para ver si podemos conseguir solución, sean individuales o grupales, para nuestro asentamiento, el cual le solicito con mucha cordialidad y educación a la ministra de Vivienda para que estudie nuestro caso y tenga vista para una pronta solución", expresó.
El dirigente comunal dijo que por ser un grupo pequeño puede no generar preocupación a la Municipalidad de Alajuelita y podría ser un negocio electoral porque complace a familias de la calle de ingreso.
Agregó que antes el terreno era propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), pero que este lo traspasó al ayuntamiento con el fin de que se creara el corredor biológico, que incluye el desalojo de más de 1.000 familias que habitan ese sector.
¿QUÉ DICE EL MINISTERIO DE VIVIENDA?
"Se realizó una visita al asentamiento Nueva Esperanza el 16 de junio de este año donde se hizo un recorrido por las 22 viviendas que componen el asentamiento. Si bien no se ha dado un desalojo de las familias, de parte del Mivah se le está dando seguimiento al caso, incluso se invitó a desarrolladores de proyectos a colaborar con el Ministerio para encontrar una solución para las 26 familias del asentamiento.
El terreno fue cedido a la Municipalidad de Alajuelita por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y de acuerdo con la información recabada, el asentamiento existe desde hace más de 35 años. Cabe destacar que la responsabilidad del desalojo sería del gobierno local", indicó Irene Campos Gómez, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos.
MUNICIPALIDAD SE PRONUNCIA
"Ese desalojo no le corresponde a la Municipalidad ni tenemos injerencia en él. Eso es una propiedad privada y lo gestionó el dueño. En el proceso no hemos participado, la Municipalidad no da vivienda, para eso están las instituciones encargadas de esos procesos.
Incluso el desalojo de ese predio se tramita entre el Juzgado, el dueño de la propiedad y la Fuerza Pública, la Municipalidad no está incluida en ese proceso", dijo Teresita Zúñiga Jiménez, encargada de prensa de la Municipalidad de Alajuelita.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Lunes 16 de Agosto, 2021
HORA: 12:00 AM
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