La Contraloría General de la República (CGR) pidió sancionar a Johnny Araya, alcalde de San José, por 30 días sin goce de salario.
La recomendación se da luego de que el ente contralor lo encontrara “responsable administrativamente en grado de culpa grave” tras el pago por ¢253 millones a Setex-Aparki, empresa española dedicada a parquímetros.
A la Municipalidad de San José se le cuestionó por presuntamente efectuar este pago millonario sin contar con estudios técnicos, por lo que se consideró el hecho como una afectación al erario público.
La denuncia la interpusieron José María Villalta, diputado por el Partido Frente Amplio (FA), y Diego Miranda, regidor municipal, quienes adujeron aparentes irregularidades en el sistema de parquímetros implementados en la ciudad capital.
Los parquímetros se concesionaron en 2012 y desde ese momento, según los denunciantes, arrancaron los incumplimientos tanto del gobierno local como de la compañía encargada del proyecto.
La denuncia estableció que Setex-Aparki entabló una serie de reclamos administrativos ante la municipalidad con el fin de buscar una indemnización y una mejora en las condiciones contractuales.
Asimismo, se comprobó que el gobierno local habría incidido en la modificación del contrato con el fin de subir el porcentaje de la comisión recibida por hora de parqueo en ese sistema y obtener un 5% de lo recaudado.
ALCALDE RESPONDE
Johnny Araya, alcalde de San José, defendió el pago al señalar que se generaron cuantiosos ingresos al ayuntamiento.
Agregó que el proceso apenas empieza y que en este tipo de resolución cabe la posibilidad de un recurso de revocatoria con apelación por la vía administrativa.
El alcalde dijo que, como parte del marco del Estado de Derecho costarricense, en caso de ser necesario se elevaría en un proceso ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Añadió que la decisión de indemnizar a la empresa se fundamentó en estudios técnicos, jurídicos y financieros, así como también en una opinión positiva de la Auditoría Municipal porque se evitó la ruptura del contrato.
“Tengo la plena certeza de que, en la instancia que sea necesario, quedará plenamente demostrado que los funcionarios municipales, regidores y yo actuamos sin irregularidad alguna y correctamente, con pleno apego a la ley, lo que permitió evitar una millonaria demanda y ha hecho posible que el sistema de estacionómetros genere beneficios para las finanzas municipales”, enfatizó Araya.
El alcalde recalcó que la resolución del ente contralor no se encuentra en firme.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Jueves 12 de Agosto, 2021
HORA: 12:00 AM
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