¿Qué pasa con los derechos laborales en la Sala IV?
Zaray Esquivel Molina
El comunicado de la Sala Constitucional sobre la Ley de Empleo Público tiene claros y oscuros. Por un lado, defiende la división de poderes al impedir que el Mideplan gobierne todo el Estado, pero por el otro lado vulnera el derecho a un salario digno y a las negociaciones colectivas. ¿Entonces?
El derecho al salario digno y a las convenciones colectivas están reconocidos no solo por la Constitución, sino que también están ratificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva del 5 de mayo.
Entonces, ¿por qué la Sala Constitucional no declaró inconstitucionales los artículos que atentan contra estos derechos? Parece que a la Sala IV no le interesan tanto los derechos laborales, a pesar de ser derechos humanos.
Con la aprobación casi sin restricción del Combo Fiscal, nos quedó muy claro que la lógica neoliberal fiscalista se apoderó de la lógica de las y los magistrados de la Sala Constitucional, y que los derechos laborales pasaron a ser de segunda categoría.
No se tienen los datos reales del salario global, Mideplan los tiene ocultos y no se los ha dado a nadie. No sabemos si mañana los salarios de nuestra afiliación serán mayores o menores que antes. Además, se congelarán los salarios por los próximos 10 años. ¿Reactivación económica y salarios congelados? Algo huele mal.
Además, se ha hecho una campaña del miedo contra las convenciones colectivas, como si no fuera un derecho laboral legítimo. Los diputados metieron mociones excesivas en la Ley de Empleo Público, quitándole el contenido que se puede negociar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo textualmente: “Los Estados deben (…) privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios, en lugar de promulgar unas leyes que limiten los salarios en el sector público.”.
O sea, la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa y el Gobierno de Costa Rica están ignorando completamente un órgano vinculante en derechos humanos, y pasándoles por encima a miles de personas trabajadoras del sector público.
Lo que viene para las personas trabajadoras son peores condiciones laborales y peores salarios. ¿Y para el país? Demandas internacionales y litigios en derechos humanos que duran años. Todo porque a las autoridades les interesan muy poco los trabajadores.
