Diario Extra - Amorío de jueza y exagente frenaría caso Pancho Villa

La investigación por un caso de legitimación de capitales conocido policialmente como “Pancho Villa”, está en medio de apelaciones que podrían truncar su avance.
Todo podría frenarse por un viejo conflicto amoroso entre una jueza, de apellidos Murillo Beita, y un exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Campos Jiménez, de 48 años, quien ahora figura como imputado en esa causa.
La funcionaria intervino en el proceso previo a los allanamientos y eso puso en peligro la labor de las autoridades, pues hay un conflicto de intereses al inmiscuirse en un trabajo en el que se está persiguiendo a su expareja.
Por este caso, la Sección de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo en abril a un grupo de personas sospechosas de conformar una banda que, en apariencia, se dedicaba a legitimar capitales con diferentes negocios en la Zona Sur.
Para poder dar con esta organización, la policía utilizó, como parte de sus herramientas debidamente autorizadas, las intervenciones de llamadas telefónicas, sin embargo, la posible ilegalidad no estaría en hacer uso de ese instrumento, si no de la persona que las autorizó.

AUTORIZA INTERVENCIONES

Como es habitual en estos casos, un juez de la República debe firmar el permiso para ejecutar esa acción y en este procedimiento la funcionaria Murillo Beita de 45 años del Juzgado Penal de Grecia, dio el visto bueno de violentar las comunicaciones, incluyendo las de su expareja.
En un inicio todo marchaba bien, incluso se ejecutaron los allanamientos con las pruebas que se recabaron en las intervenciones, sin embargo, una vez que se llegó a la siguiente etapa, varios defensores se dieron cuenta que Murillo Beita, estuvo involucrada sentimentalmente con el imputado Campos.
Lo peor del caso, es que según se ventiló en las mismas audiencias, luego de varios meses de relación, ambos terminaron en no muy buenos términos, incluso con tensión de por medio.
Sin importar su pasado reciente con Campos, la jueza dio el aval para que los agentes tuvieran acceso a sus comunicaciones, pese a que el artículo 55 del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, obligan a los funcionarios a inhibirse cuando exista este tipo de conflictos, sin embargo, Murillo omitió ese paso y participó en el proceso de investigación.

DENUNCIA PENAL

Por esta razón, el exagente Campos, con el apoyo de su defensor, Michael Castillo, interpuso una denuncia penal contra Murillo en la Fiscalía, alegando que por sus acciones estaría cayendo en incumplimiento de deberes.
“Respecto a su consulta, la Fiscalía de Grecia informó que recibió la denuncia correspondiente a la causa 21-001089-0306-PE y, tras analizar la información que consta en dicho expediente, remitió el caso a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para que ahí continúe el trámite correspondiente”, confirmó el Ministerio Público a DIARIO EXTRA.
Tras tener certeza que ya se le investiga penalmente, el Periódico de Más Venta en Costa Rica quiso conocer si, al mismo tiempo, se le abrió alguna causa administrativa, sin embargo, en el departamento de prensa de la Corte indicaron que “no existe proceso por los hechos descritos en la solicitud, lo anterior nos lo confirma Inspección Judicial”.

BUSCAN SOBRESEIMIENTO

Actualmente, los jueces valoran las apelaciones para decidir sobre el avance del proceso. Sin embargo, la defensa de los imputados insiste en que esta anomalía debería anular por completo las intervenciones telefónicas y, por ende, las pruebas que quedan en el expediente deberían ser casi nulas para poder avanzar.
Por esa razón, los abogados están a la espera del pronunciamiento del Juzgado para, una vez que se tenga conocimiento del resultado, solicitar un sobreseimiento definitivo, lo cual, según alegan, no están tan lejos de suceder.

FORTUNA DE PANCHO VILLA

Por otra parte, Darwin González, conocido como Pancho Villa y a quien se le señala como líder de este clan, aseguró ante los jueces que los bienes que tiene son lícitos, pues hace varios años recibió como herencia de su abuelo la propiedad que allanó la policía en Corredores, donde hay una lujosa casa y un sinfín de animales al estilo zoológico, así como varios autos que fueron decomisados.
Como alegato de sus posesiones, añadió que la herencia también incluía dos terrenos más, los cual él vendió y que se le pagaron a través de un cheque del banco Improsa en el 2008, por un valor de $600 mil (casi ¢340 millones al tipo cambio actual).
Agregó que también es propietario de 200 hectáreas de palma africana de Coopeagropal, de donde extrae aceite para exportación. De la misma forma, presentó documentación de la tenencia de terrenos desde hace varios años para el cultivo de arroz, grano que vende a Conarroz.
Finalmente, aportó sus comprobantes de pertenecer al grupo que es dueño de las Ferreterías Al Costo en la Zona Sur, negocios que, según muestran los documentos, le generan ingresos que superan los ¢800 millones anuales.
Toda esa prueba sigue sujeta a análisis por parte de la Fiscalía para determinar la legalidad de la documentación, la operación de los negocios y otros detalles que definirán el rumbo del caso.