Luego de trascender varios casos en que se ha puesto en entredicho la labor de las auditorías internas en instituciones públicas, el Colegio de Contadores Públicos salió al paso de los cuestionamientos.
La norma No. 8292 denominada Ley de Control Interno establece que los contadores públicos pueden desempeñarse como auditores internos y de hecho la mayoría son de esta profesión.
De acuerdo con Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos, la Contraloría General de la República (CGR) es la principal garante y vigilante del accionar de los auditores internos cuando se trata del sector público. “Los informes de auditoría interna con sus hallazgos y recomendaciones van dirigidos a la administración o jerarcas, quienes como responsables del control interno tienen la decisión de considerar o no las recomendaciones emitidas por los auditores internos”, indicó. Para Smith, los altos jerarcas de las instituciones deben ser vigilantes de forma constante y crítica ante estas recomendaciones, tomar decisiones oportunas y tener mano dura ante los actos ilícitos de los funcionarios implicados. Manifestaron que en los últimos años el Colegio de Contadores Públicos como tal ha revisado el 100% de los despachos o firmas en relación con el sistema de control de calidad y también a una gran cantidad de profesionales independientes, haciendo las recomendaciones cuando correspondan en mejora y cumplimiento de este marco. “La Contraloría por su parte ejerce sus acciones sobre los auditores internos de las entidades públicas”, añadieron.
DISPUESTOS A AYUDAR
Smith señaló que se pusieron a disposición de la CGR para colaborar en su investigación y no dejar de ejercer sus propias acciones como ente rector en ejercicio de sus competencias, ya que una mayoría de sus miembros son contadores públicos autorizados.
“Los auditores internos también pueden remitir los informes y algún otro tipo de documento a la Contraloría General de la República sobre alguna situación en particular que consideren necesario revelar, y es este órgano fiscalizador el que debe considerar su actuación dentro de cualquier institución pública”. Agregó: “Con estos informes la Contraloría debe hacer las denuncias correspondientes por actos impropios y de corrupción en los procesos públicos, en forma inmediata, y dar a conocer estos a luz pública, igualmente hacer las denuncias correspondientes en el Ministerio Público y en la Procuraduría de la Ética”. Bajo el programa regular de fiscalización se han realizado o ejecutado en firme más de un 95% de inspecciones, además se han presentado varias denuncias ante el Ministerio Público.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Martes 10 de Agosto, 2021
HORA: 12:00 AM
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