Diario Extra - Plantón frente a casa de presidente Aldesa

Un grupo de inversionistas de Grupo Aldesa organizó un plantón frente al condominio donde vive el empresario Javier Chaves, presidente de dicha corporación, ubicado en Escazú.
Se manifestaron con el fin de exigir la devolución de los dineros invertidos en la firma.
La protesta tuvo lugar días después de que el Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José recibiera la solicitud de declaratoria de quiebra de Aldesa por supuestos incumplimientos en la entrega de documentación.
La solicitud se hizo bajo tres direcciones: la primera es una aparente alteración de la información contable que daba garantía a Aldesa para generar los fondos necesarios para cancelar lo adeudado.
También citó que se hizo una exclusión en la declaración de 13 sociedades anónimas, algunas de ellas fuera de Costa Rica, en las que aparentemente contaban con dineros de Aldesa.
Por último, las negociaciones con acreedores, a quienes no se les notificó de manera formal ante el Juzgado, lo cual hizo que se desconocieran los alcances del proceso.

MANIFESTACIÓN

Los afectados llegaron con pancartas y tumbacocos para exigir al empresario que diera la cara y cumpliera con su palabra en relación con el pago de los compromisos adquiridos.
Los manifestantes expresaron su preocupación por el futuro de las inversiones de Grupo Aldesa.
Denunciaron que algunos inversionistas murieron sin saber lo que pasó con sus fondos e incluso responsabilizaron al Gobierno de la República por alcahuetear el caso Aldesa.
Al momento en que se produjo el escándalo por los problemas de liquidez, Edna Camacho, esposa de Javier Chaves, integraba el gabinete presidencial como coordinadora del Equipo Económico, posteriormente renunció a su cargo para irse al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Algunos de los puntos abordados por los inversionistas son que las autoridades juzgaran a los responsables de Aldesa por las dificultades económicas generados a raíz de los problemas de liquidez desde 2019.
Específicamente fue en marzo de ese año cuando informó sobre los problemas presupuestarios con respecto a las inversiones y procedió a solicitar la intervención judicial.
Mientras tanto, a Javier Chaves lo detuvieron el 10 de junio de 2019 por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual.
Dicha investigación derivó de la suspensión de pagos a 500 clientes de proyectos inmobiliarios cuyo monto de inversión asciende a $200 millones.
Quedó en libertad un día después, pero le dictaron medidas cautelares, entre ellas impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y no tener contacto directo con ninguno de los denunciantes.