Vivienda digna para todos

Editorial

Cada vez que se libera el Informe, Balance y Tendencias del Sector Vivienda, a todo mundo le queda un gran mal sabor de boca porque en lugar de ir avanzando en estos temas nos parecemos cada vez más al cangrejo.
Es sencillamente indignante darse cuenta de que 440 mil personas viven en casas que los expertos consideran como inhabitables y, peor aún, no sabemos cómo hacen las autoridades para dormir sabiendo que hay gente subsistiendo en condiciones infrahumanas. Quizá sueñen con trenecitos eléctricos de primer mundo…
Pero es preocupante además conocer que el dinero de las instituciones no está llegando a las personas que realmente lo necesitan, porque ya en otras ocasiones hemos conocido sobre la existencia de familias que han recibido bonos en varias ocasiones sin necesitarlos o bien les dan una vivienda y terminan alquilándola para irse a vivir nuevamente en condiciones precarias con miras a que vuelvan a otrogarles otro bono.
Estas 440 mil personas equivalen a un 8,5% de la población. A muchos les parecerá muy poco, sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo ni obviar que son seres humanos, pero en especial se debe individualizar, en el sentido de que se trata de niños, adultos mayores y hasta personas con alguna discapacidad.
Otros resultados de este informe tampoco parecen alentadores, pues recalcan que 1,7 millones de personas habitan en viviendas que están en condiciones regulares y lastimosamente 2,2 millones conviven en estructuras de 60 metros cuadrados o menos.
La situación no sería tan alarmante si desde el año pasado no se hubiera aparecido la pandemia y muchos no estuvieran obligados a hacer teletrabajo y a estudiar de manera virtual.
El coronavirus vino a complicar la vida de muchos, por no decir que de todos, en especial tomando en cuenta que en las pequeñas casas tuvieron que aglomerarse para cumplir con sus labores.
Imagínese usted en una casa de angostas dimensiones a dos personas adultas trabajando y 3 niños tratando de recibir lecciones virtuales en un sitio tan pequeño donde todos prácticamente están unos encima de otros. Ni hablar de si habrá dinero en dicha infraestructura para que cuenten con dispositivos suficientes para ejecutar sus faenas al mismo tiempo.
Según los números, al menos 80 mil personas deben trabajar y estudiar en casas de menos de 60 metros cuadrados, por lo cual de seguro tienen que hacer milagros para cumplir con todas sus obligaciones.
También revela que el aumento del trabajo en casa es más frecuente entre los empleados del sector público porque en el Gobierno Central pasó del 1,5% al 19,6% entre 2019 y 2020.
El sueño de casi todas las personas es tener una casita propia para formar una familia y contar con un recinto digno para vivir, sin embargo, muchas veces el tema económico impide alcanzar dicho objetivo.
Ante este escenario, muchos literalmente deciden meterse en el primer lugar que se encuentran libre para montar su ranchito, pero, aun cuando no quieran dar el brazo a torcer, estos espacios le pertenecen a alguien y no es tierra de nadie para que puedan tomarla porque sí.
El problema en estos conflictos es que luego, cuando la Fuerza Pública llega a desalojar, estas personas provocan un enfrentamiento con las autoridades a sabiendas de que están ahí de manera ilegal. Muchos retan a los policías hasta a los golpes y dicen que, para que los saquen del lugar, deben llevárselos muertos.
En estos casos cabe aclarar varias cuestiones. Para empezar, los oficiales no tienen la culpa de nada, ellos solo ejecutan la orden de un juez, así que se torna innecesario retarlos a los golpes o agredirlos, porque ninguno de ellos mandó a estas familias a meterse en terrenos de manera ilegal ni tienen potestad para frenar el desalojo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), poco más del 30% de la población no posee vivienda propia y opta por el alquiler, que se pone cada vez más caro.
De este grupo al menos un 15% representa la clase media y no hablamos de la que se acerca a la clase alta, ni mucho menos, sino del tico promedio, que trabaja todos los días y gana un salario entre los ¢500 mil y ¢600 mil al mes.
Según los expertos en estudios de población y desarrollo humano eso es suficiente para tener casa propia, carro y lo que denominan un estatus medio en la sociedad nacional, pero en la vida real el panorama es otro.
En este momento es casi imposible para este segmento de la población acceder a créditos hipotecarios, que están ingratamente sujetos a la disposición de las entidades financieras que hoy siguen con tasas de interés altísimas, condiciones y tramitología complejas, además de un costo del dólar poco estable.
Como país debemos velar por que todo mundo tenga un techo digno y con esto no queremos decir que las casas deban medir hectáreas, sea obligatorio que cuenten con piscina o se les construyan muchos aposentos. Lo primordial consiste en que estén en buenas condiciones y que sean hogares por donde el frío no se cuele entre los huequitos o las rendijas.