Diario Extra - Piden valorar ley de creación de Parque Marino Ballena

La Contraloría General de la República (CGR) sugirió a los diputados que no es necesario que el decreto que ordenó la creación del Parque Nacional Marino Ballena, ubicado en Osa de Puntarenas, sea transformado en una ley.
El criterio del órgano contralor se basa en una consulta que hicieron los legisladores sobre el expediente 22.345, un proyecto de ley que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.

EL PROYECTO

Según el ente contralor, la propuesta plantea hacer unas modificaciones al articulado del decreto para mejorar la protección marina costera, estuarios, playas arenosas, arrecifes, entre otros.
“Autoriza la creación de un fideicomiso como instrumento de planificación financiera y de mantenimiento del parque, constituido por un 50 % de los fondos provenientes de la cuota de entrada de las personas visitantes y el aporte de donaciones”, cita el documento de la CGR.
Plantea que se cree una Junta Directiva para la administración del parque, pero que no se paguen dietas.

CRITERIO

La Contraloría insistió a los legisladores que no es necesario que se eleve el decreto a ley, sin embargo, hizo una serie de observaciones al proyecto.
Con respecto a usar una figura de fideicomiso, la Contraloría pide que se haga un estudio técnico para ver si es la modalidad más conveniente para el parque.
Inclusive, menciona que se debe procurar que haya mecanismos para evitar que se den elusiones a la supervisión de la Contraloría, mantener un control de los recursos y su administración y que no se asuman cargas tributarias o laborales con ese dinero del fideicomiso.
“Se especifique en forma detallada el destino específico de estos fondos, según la distribución porcentual que se proponga, para el uso exclusivo en la protección, desarrollo y consolidación del área protegida en cuestión”, añade la opinión del ente supervisor.

EXONERACIÓN

La iniciativa establece un método de cobro del ingreso al parque y excluye de ese monto a quienes viven en comunidades cercanas, así como a menores de 6 años y mayores de 65 años.
“El planteamiento de ambos artículos no se acompaña de un estudio de costo-beneficio, el cual establezca y cuantifique los beneficios económicos, sociales o de otro tipo que genere la exoneración, así como las medidas compensatorias para aumentar los ingresos públicos o recortar el gasto público en igual proporción al beneficio fiscal”, explica la Contraloría.
Finalmente, el órgano supervisor pide que se vigile, en caso de continuar con el proyecto, que no se les recorte terreno a las zonas protegidas.
“Se recomienda asegurarse de que se está respetando la delimitación original del área y no se está en presencia de una reducción de la cabida del área silvestre protegida”, concluye el análisis.