Diario Extra - Jerarcas deben velar por recursos públicos

Un reciente criterio de la Contraloría General de la República (CGR) le recordó al auditor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que la responsabilidad de velar por los recursos públicos recae en los gerentes y demás jerarcas de la institución.
La apreciación del órgano supervisor se revela luego de que Reynaldo Vargas, quien es el auditor interno del Conavi, hiciera una consulta sobre hechos relacionados con los funcionarios a quienes se investiga por el caso Cochinilla.
Actualmente, cuatro jerarcas de esa institución están envueltos en el proceso de investigación.
“La administración activa y la auditoría interna de los entes y sujetos a ésta serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, siendo el jerarca y los titulares subordinados los responsables de establecer, mantener, perfeccionar, evaluar el sistema de control interno y establecer todas las acciones necesarias que garanticen su funcionamiento”, detalla el documento, del que este medio tiene copia.

CONSULTA

Según se expone en dicho texto, el auditor consultó sobre las medidas que podía tomar la administración con los funcionarios que enfrentan una investigación civil o penal.
Asimismo, solicitó información sobre las posibilidades que tendría la auditoría de investigar previamente a un actor privado al ser entes que “custodian” fondos públicos.
“Tanto los jerarcas y titulares subordinados como las auditorías internas están posibilitados para investigar hechos presuntamente irregulares, cada uno cuenta con características y regulaciones propias, siendo los jerarcas los primeros responsables de la investigación de este tipo de hechos, en atención a las potestades que ostentan”, cita la respuesta del ente contralor.
De acuerdo con los argumentos de la Contraloría, el jerarca y la auditoría deben tomar en cuenta que, al tener conocimiento del tema, se debe abrir la investigación, de manera que no se corra riesgo de que el caso prescriba o que caduque.
Un total de 9 funcionarios de esa institución se encuentran en estos momentos en el ojo de las autoridades, mientras se desarrolla la investigación, no obstante, hay que tomar en cuenta que se encuentran suspendidos, pero con goce de salario.

POTESTAD

La CGR señala que las auditorías internas tienen la posibilidad de iniciar una investigación en caso de que se haya presentado una denuncia, porque el jerarca lo pida o sencillamente como parte del mecanismo de control de ese órgano institucional.
“Para el establecimiento de medidas cautelares, la Administración debe considerar el peligro en la demora, la apariencia del buen derecho y el interés público”, expresa la respuesta.
Finalmente, la Contraloría le expuso a la auditoría del Conavi cuáles son las diversas acciones que pueden tomar al inicio de un proceso de investigación.
“A partir del análisis inicial de presuntos hechos irregulares, se pueden generar varios cursos de acción, entre los que se encuentran: iniciar una investigación, remitir el asunto a las autoridades internas pertinentes de la institución cuando se trate de casos que corresponda atender en primera instancia a la Administración Activa, remitir el asunto a las autoridades externas a la institución según corresponda, sean administrativas o judiciales, examinar los hechos presuntamente irregulares dentro de una auditoría o desestimar o archivar el caso”, concluye el órgano contralor.

ANTECEDENTE

Hay que recordar que Reynaldo Vargas se presentó ante la comisión legislativa que investiga el caso, donde expuso que en los últimos años habían presentado varias alertas sobre irregularidades en las contrataciones y que en apariencia habrían sido ignoradas por los jerarcas.
Inclusive, Vargas comentó que dos denuncias fueron presentadas en el Ministerio Público donde se exponía lo que sucedía a lo interno y se trató en una reunión que sostuvo con la ahora exfiscal general, Emilia Navas.
Según reveló DIARIO EXTRA, hasta el momento habría 13 procedimientos administrativos en proceso, por aparentes obstrucciones a la labor de la auditoría interna.
La consulta de Vargas fue presentada ante la CGR dos días después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hiciera los 57 allanamientos que dieron origen al conocimiento público del caso “Cochinilla”.