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Sucesos

Migración desaloja edificio por no pagar alquiler

Quepos, Puntarenas

  • La oficina donde laborarán tres oficiales solo tiene espacio para un escritorio

  • Su lugar de trabajo estará a pocos metros de las celdas

  • Dejarán sus chalecos antibalas y armas de fuego bajo resguardo de un candado

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) trasladará a los oficiales de Quepos de una oficina que medía 50 metros cuadrados a una de 9 metros cuadrados.

El cambio se realiza por no poder ejecutar los pagos correspondientes a las mensualidades que tienen pendientes desde hace 16 meses. 

En esta nueva estructura, en apariencia, no podrán cumplir con las medias de distanciamiento adecuado aconsejado por el Ministerio de Salud, pues el espacio es reducido y tampoco con sus funciones, como deberían.

 

DEUDA

 

DIARIO EXTRA se comunicó con Gerardo Madrigal, propietario del local a quién la DGME le debe un aproximado de ¢7 millones por alquiler, quien indicó que tiene 13 años de brindarles el servicio. 

El afectado explicó que el contrato se les venció el 7 de marzo del 2020, por lo que se comunicó con Grettel Hernández, quien en ese momento se encontraba a cargo de la documentación de estos servicios.

Madrigal habló con la señora y le dijo que él podía dejar que los oficiales se quedaran en el local y le pagaran apenas tuvieran presupuesto, pues en ese momento la crisis por la pandemia no le había afectado tanto. 

Una vez de acuerdo, le solicitaron a don Gerardo que hiciera constar ese pacto por medio de un escrito, hasta que se lograra concluir con el nuevo proceso de licitación. 

“Resulta que pasaron los meses y no estabilizaron el contrato, ni pagaron”, dijo Madrigal. 

A los 8 meses, don Gerardo se volvió a comunicar con doña Grettel y le dijo que había pasado mucho tiempo, además de esto, se estaba viendo afectado por la pandemia, pues tenía otro negocio que se le cayó.

Esta señora le indicó que le realizarían otro avalúo al local, para ver si cumplía con las condiciones para poder reanudar el contrato, pero que, con respecto a los 8 meses de deuda, le pasarían la documentación a un abogado de apellido Garro.

De acuerdo con don Gerardo, el licenciado se contactó con él y le dijo que le podían pagar, pero tenían que rebajarle el 10 %, lo que Madrigal aceptó.

 

MÁS TRABAS

 

Tres días después de llegar a este acuerdo, el licenciado se volvió a comunicar con Madrigal y le indicó que no podían pagarle, porque un año atrás otra persona a la que le alquilaban un local para otra oficina le sucedió algo similar y les colocó un recurso de amparo, por lo que debían esperar a que la Sala Constitucional resolviera.

“Me están metiendo en un asunto que no es mío, porque ellos fueron los que dejaron vencer el contrato”, dijo don Gerardo. 

El arrendatario contó que cinco meses atrás le enviaron a una señora para hacer un nuevo avalúo en aras de renovación del contrato. 

“Hemos venido dialogando y el documento para el nuevo contrato lo enviaron a proveeduría, salió de ahí, lo tiene la parte legal para la firmar, pero lo tienen desde hace 3 meses”, contó el afectado. 

Don Gerardo llamó a la encargada del departamento, a quien identifica como Shirley, y le consultó acerca del proceso del pago y esta le dijo que le ayudaría, pero al cabo de 15 quince días, no recibe respuesta.

A este alquiler se le debe sumar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) que se deposita en Hacienda.

 

DESALOJO SORPRESA

 

Resultó que conversando con uno de los oficiales, este aprovechó para consultarle a don Gerardo si era cierto que los iban a echar.

Madrigal, sorprendido, le indicó que a él no le avisaron que se iban. Por su parte, el oficial le contó que una señora los llevó a ver un local donde se encuentran los oficiales de Fuerza Pública, en frente de la Marina. 

El Periódico de Más Venta en Costa Rica supo que en esta oficina solo cabe un escritorio, el que deberá servir para 3 oficiales que se encuentran en un mismo turno, cuando en el espacio anterior, cada uno tenía su espacio de trabajo. 

Además de esto, en la oficina se deberán guardar los implementos de trabajo de los oficiales como pistolas, chalecos antibalas, municiones, entre otras, y esto les preocupa a los uniformados, porque para resguardar el material apenas tienen un candado en la puerta y se encuentran a 6 metros de las celdas.

 

DOCUMENTACIÓN

 

El Periódico del Pueblo tiene en su poder documentación que German Alonso Soto Chacón le envió a doña Raquel Vargas Jaubert, directora General de Migración y Extranjería cuyo oficio es el SDPPM-110-07-2021. En esta se indica que recibieron una llamada de Ericka Madriz, directora regional de Fuerza Pública, donde se conversó acerca de la situación, lo que les obligó a pedirles apoyo a los colegas azules a través del comisario Daniel Calderón, director General.

Esto se realizó con el fin de encontrar un espacio apto para la continuidad de las labores migratorias de la zona.

También se indica que Gloriana Zamora Oviedo emitió tres recomendaciones, las que quedaron en el acuerdo número 1 de la sesión extraordinaria de la Comisión Institucional de Proyectos en Infraestructura, las que debían ser valoradas entre los jefes institucionales. 

“Para que de esta forma se tomaran en cuenta criterios de planificación y de extranjería, así como criterios de índole político, que pudiesen derivarse de cualquiera de las opciones”, indica Soto. 

Además de esto, el archivo acota que, ante la posibilidad de encontrarse ante irregularidades de carácter civil por un arrendamiento con contrato vencido, buscan la alternativa más rápida que les permita continuar brindando el servicio en el sector.

En el mismo escrito, se le indica la Licenciada Johana Rodríguez Tencio que tienen el aval de Madriz y solo necesitan realizar las coordinaciones con el oficial de enlace que la directora regional designó.

Por su parte, también se solicita que se realice una valoración previa de las condiciones del lugar para que se establezcan las necesidades de adaptar el espacio para la operación, así como las funciones administrativas de los oficiales. 

“Del mismo modo, muy respetuosamente, se le hace ver a la señora directora, la necesidad urgente de crear el convenio con el Ministerio de Seguridad para el uso de este espacio (…)”, explicó Soto. 

 

RESPUESTA

 

La Licenciada Zamora, en otro documento, transcribe el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria de la Comisión Institucional de Proyectos de Infraestructura, celebrada el 19 de mayo, documento al que Soto hizo referencia. 

En este Zamora puntualiza que se acordó revocar el acuerdo No.3 de la sesión celebrada el 7 de abril, así como indicar que la Comisión no recomienda el alquiler del edificio valorado.

Lo anterior, de acuerdo con el documento, es porque la estructura no cumple con lo requerido para el correcto funcionamiento.

“El dueño del inmueble, mediante una carta, únicamente indica que él haría reparaciones en lo que respecta a la electricidad, por lo cual, todo lo demás quedaría igual, sin un compromiso para realizarse, por lo cual no se estaría dando dicha recomendación”, indicó.

Por su parte, también indicó que solicitan a la DGME volver a pedir a la Policía Profesional de Migración la valoración acerca del criterio y que realicen una revaloración para proceder a la reubicación los servicios migratorios y actividades policiales.

“En razón de que no contamos con una contratación para poder seguir estando en dicho edificio, por lo cual de continuar en dicho inmueble se estaría realizando de forma irregular”, escribió la Licenciada. 

 

ANEP

 

Asimismo, Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PP, se manifestó al respecto.

“De una oficina de unos 50 metros cuadrados, los oficiales deben pasar a una oficina prestada por la Fuerza Pública de Quepos que mide alrededor de 9 metros cuadrados, donde se deberán ubicar 3 oficiales”.

También indicaron que por estas razones los uniformados no podrán dar la atención al público, pues deben respetar las medidas sanitarias por Covid–19 y lo dispuesto en la Ley 7600. Debemos recordar que en esta zona del Pacífico Central somos frontera marítima, realizamos control migratorio de ingreso y egreso de personas en las embarcaciones y está programado para los próximos meses el ingreso de cruceros”, dijo. 

Además de esto, explicaron que realizaron la toma de la denuncia y le brindarán un seguimiento por medio del Tribunal Administrativo Migratorio (TAM). Agregó que a los oficiales de Quepos les corresponde atender dos cantones, Quepos y Parrita.

 

PERIODISTA: Marycruz Brenes Mejía

EMAIL: [email protected]

Martes 20 de Julio, 2021

HORA: 12:00 AM

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