La constructora H Solís, implicada en el caso Cochinilla, estaría adeudando a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) unos ¢248 millones.
Así lo denunció Roberto Mora, conocido como el cobrador de la Caja, información que fue corroborada por DIARIO EXTRA. El lugar de cobro aparece como Limón, según los datos de acceso público.
Al parecer, esta deuda está en proceso de cobro administrativo, lo que implica que la compañía, hasta este domingo, no se había puesto al día con sus obligaciones.
Los representantes legales de la empresa son Mélida Solís Vargas y su esposo, Roberto Acosta. Ambos están imputados en el caso conocido como la Cochinilla.
Hasta ahora no se encuentran pendientes en el pago de impuestos, de acuerdo con la información que hace pública el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, otras compañías familiares de menor tamaño, allegadas a procesos de infraestructura, sí mantienen saldos fiscales pendientes.
De acuerdo con Mora, si existe algún monto pendiente con esa empresa por medio del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no se le puede cancelar hasta que esta honre su compromiso, ello de acuerdo a lo que indica el ordenamiento jurídico y el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Asimismo, la empresa no podría participar en los procesos de contratación de obra pública hasta que se ponga al día. Esto de acuerdo con la misma norma, pues indica que es uno de los requisitos para participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por las Leyes de Contratación Administrativa o por Concesión de Obra Pública.
“En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual el no pago de las obligaciones con la seguridad social”, indica la Ley.
También podrían perder del disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. No obstante, esto se determinará hasta haberse realizado el debido proceso.
Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), había descartado que el gobierno fuera a extender los 22 contratos de obras públicas a estas empresas, sin embargo, habría que ver hasta dónde llegan los alcances legales.
Acotó que están tratando de modificar los carteles de licitación, con el fin de establecer una metodología más participativa.
La semana pasada, un grupo de trabajadores de la empresa H Solís expresó su disconformidad por la forma en como la empresa maneja los asuntos laborales a nivel interno y decidió bloquear el plantel entre el cruce de Guápiles en Pococí y Sarapiquí.
Posteriormente, trascendió un supuesto mensaje que hablaba de necesidad de sacar a Solís Vargas del país, lo cierto es que el abogado Erick Gatjens, manifestó que lo dicho no tenía pies ni cabeza e incluso lo consideró “falso e infundado”, con la clara intención dijo de dañar la imagen o situación jurídica de la dueña de la constructora.
Este medio intentó obtener la versión de la empresa, pero no fue posible al cierre de la edición.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Lunes 19 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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