El supuesto pago de unas vacaciones al exdiputado Víctor Morales Zapata por parte del empresario Juan Carlos Bolaños y otras acciones paralelas al caso del cemento chino se calculan en un daño social para el Estado de ¢70 millones.
Así lo estima la Procuraduría de la Ética Pública en representación del Estado en su condición de víctima. Esta interpuso ayer una querella y acción civil resarcitoria en el proceso penal seguido bajo sumaria N° 15-000022-33-PE.
El proceso se encuentra en la Fiscalía General de la República.
La acción del abogado del Estado se realiza conforme lo autoriza el artículo 3 inciso h de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la normativa Procesal Penal correspondiente.
Se presume que los hechos que se querellan constituyen los delitos de tráfico de influencias agravado, por influencias de Morales Zapata y Bolaños Rojas en la Comisión Nacional de Emergencias, Casa Presidencial y Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y la supuesta aceptación de dádiva por acto cumplido, esto último con relación al supuesto pago de una casa vacacional al diputado por parte del empresario del cemento chino, previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, respectivamente.
“Se demanda civilmente el resarcimiento del daño social derivado de dichos delitos, y que asciende a una suma total de ¢70 millones”, indica el documento.
El siguiente paso en el proceso, es realizar las comunicaciones de las piezas interpuestas por la Procuraduría, recabar un peritaje por daño social, lo cual se realizará en la Fiscalía General, para luego remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda para la realización de la Audiencia Preliminar y decidir, en ese momento, si la causa penal se eleva a juicio, entre otras cosas.
CASA DE LUJO EN PLAYA POTRERO
Las vacaciones del diputado se habrían dado en el año 2015 en una propiedad en Playa Potrero, según reportes de prensa que se derivarían de la investigación judicial.
Se habla de una residencia de lujo en el sitio bajo el nombre Tropical Homes of Costa Rica. El depósito se habría realizado a través de un mensajero.
Fernando Vargas, abogado de Bolaños, manifestó que es desproporcionado, dado que la Procuraduría se basa en una situación no probada de un ofrecimiento y que, si eventualmente se hubiera hecho, no implica que fuera para algo ilegal.
El defensor dijo desconocer por qué los casos del Banco Popular y la Comisión Nacional de Emergencias aparecen mencionados en este escrito del abogado del Estado.
Por su parte, el abogado José Miguel Villalobos, calificó la querella y el reclamo civil como “ridículo e irresponsable”. “Desde el principio Víctor Morales Zapata justificó y demostró que el pago de esa reservación de esa semana en casa en Potrero no lo hizo Juan Carlos Bolaños. No se le pagó una dádiva, ni responde a ningún favor, porque tampoco le había hecho ningún favor y jamás configuraría el delito de tráfico de influencias”, comentó.
El abogado tampoco sabe por qué se mencionan a la CNE y el Banco Popular. “Es típico de ellos hacer mal su trabajo”, indicó.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 17 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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