Diario Extra - Exjerarca critica últimas 2 ministras de Justicia

Tras presentarse una denuncia por hacinamiento en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, ubicada en Alajuela, de la cual DIARIO EXTRA tiene una copia, Marco Feoli, exministro de Justicia y Paz, acusó a la actual administración de “pasearse” en el modelo penitenciario inaugurado en 2017.
En una carta 525 residentes de este centro penitenciario acusan directamente a la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, de abuso de autoridad, irrespeto continuo, desacato y sabotear el propósito real de esta unidad.
Afirman que desde que ingresó Marcia González, exministra de esa cartera, el gobierno se ha enfocado en tratar de destruir y convertir las UAI en simples centros de atención institucional (CAI), en lugar de buscar medidas alternativas y racionales para solucionar el problema de sobrepoblación.
El reclamo de estos residentes también radica en que en este momento 144 personas esperan que se apruebe su inserción a la sociedad y se les ha negado.
De acuerdo con el exministro Feoli, González fue la principal causante de los problemas que enfrentan las UAI de Pérez Zeledón, Guápiles y Alajuela, y la ministra Salazar sigue por ese camino.
“El problema de esto es que la ministra que estuvo al principio de este gobierno, Marcia González, nunca entendió que el modelo de las UAI era un modelo distinto a las cárceles tradicionales.
Es una lástima, no solo por la población de este sistema, sino por el costo económico y los millones de dólares que se invirtieron en eso con la esperanza de que vamos a transformar este modelo.
Las críticas que vienen de la UAI son válidas porque sí hay suficiente información para suponer que las han estado debilitando”, declaró Feoli a El Periódico de más Venta en Costa Rica.
Los afectados piden que se acabe con la sobrepoblación, a lo que se suma que les quitaron el gimnasio porque supuestamente este le pertenece al CAI Gerardo Rodríguez.
Es importante aclarar que ambas unidades son parte del Complejo Penitenciario La Reforma.
“Solicitamos que de forma inmediata se ordene la prohibición aún vigente de sobrepoblar esta unidad y de introducir más camarotes a las residencias, que se tomen medidas correctivas necesarias de insertar a los residentes que ya cumplieron totalmente con su plan técnico resocializador.
Además de que se acate la orden emanada por esa ejecución penal de desalojar el gimnasio para lo cual tenían cinco días hábiles, ya vencidos, y que la ministra se burla cada día en los medios de comunicación aduciendo la inocencia de los señores jueces”, se lee en la carta presentada al juez Juan Carlos Alvarado Miranda.

ES UN MODELO DISTINTO

Estas tres UAI se caracterizan por estar pobladas por residentes -el término reo es incorrecto en este lugar- que están cerca de cumplir su pena y a los que se les pretende capacitar a nivel profesional para que puedan insertarse en la sociedad.
“Este es un espacio de convivencia totalmente diferente al de otros centros penitenciarios, tienen unas residencias que ellos habitan donde se supone que no debería haber sobrepoblación, no debería haber hacinamiento y se están dando otro tipo de problemas típicos de otros centros penitenciarios.
Esto va a afectar en la convivencia en el centro y la forma en que estas personas se insertan en la sociedad”, comentó Sebastián Barquero, especialista en políticas penitenciarias.
Manifestó a El Diario del Pueblo su preocupación por la inclusión en estas unidades de privados de libertad sin el debido proceso, lo que por consiguiente generaría más problemas de seguridad en la sociedad cuando cumplan su condena.
“Una persona que tenía un objetivo diferente en su vida ahora, después de una experiencia de privación de libertad como la que están viviendo, puede generar problemas de seguridad en la sociedad y seguir repitiendo ese ciclo de violencia que normalmente las cárceles tienen.
En lugar de reparar algún daño que hicieron las personas y tener un proceso de transformación social, lo que hacen es tener un proceso donde crean sus propias estrategias de sobrevivencia, aprenden nuevas aptitudes en términos de violencia y las reproducen cuando salen de la cárcel”, añadió.

NO TODOS SON MALOS

Mauren Esquivel, coordinadora de Familia Penitenciaria, habló con DIARIO EXTRA y afirmó que la problemática es el hacinamiento que se generó desde que se incluye a cualquier privado de libertad en este módulo, no en sí la persona porque no se puede asegurar que todas sean una mala influencia.
“Puede que no todos sean peligrosos y haya personas que se pueden adaptar al perfil de los residentes, lo que pasa es que al no tener mucho tiempo en el sistema penitenciario no están valorados correctamente para estar ahí, su expediente no tiene la suficiente información para que puedan aprovechar esas oportunidades”, indicó.
En esta organización sin fines de lucro agregan que otro tema en el que falla esta nueva política penitenciaria es que las personas que esperaban un campo en una UAI deberán quedarse en lista de espera por la sobrepoblación.
“Hay personas en mediana abierta o en mínima de diferentes centros esperando mucho tiempo para poder ir a una UAI y les han negado su inclusión porque están llenos. Ahora que hubo espacio lo que hicieron fue meter gente que viene apenas ingresando al sistema”, añadió.

SE PASEARON EN 10
AÑOS DE TRABAJO

La creación de este es módulo diferenciado del sistema penitenciario de Costa Rica fue un trabajo de tres gobiernos. Se negoció la idea en la administración de Óscar Arias, se aprobó en la de Laura Chinchilla y en el gobierno de Luis Guillermo Solís se puso en marcha.
“Eso es pasearse en el modelo y pasearse en el trabajo que se hizo durante 10 años. Se hicieron reformas del reglamento para que esas tres cárceles, Alajuela, Pérez Zeledón y Guápiles, tuvieran incluso otra estructura jurídica para darle más formalidad a lo que eran módulos de oportunidades”, explicó Feoli.
Una de las principales preocupaciones por el hacinamiento de las UAI es que el país debió endeudarse por aproximadamente $130 millones. Este préstamo se pagará por 25 años y en apenas 4 años se perdió el rumbo de lo invertido.
“Lo que pasa es que este gobierno hace un viraje a su política penitenciaria y en estos momentos, donde hablamos de fortalecer las finanzas públicas, claramente los diferentes préstamos se realizan para aprovecharlos con los fines con que se realizan.
Lo que ha hecho esta administración con este centro penitenciario es completamente lo contrario, está malgastando un préstamo, está convirtiendo los fines de este crédito sobre otros fines y esto hasta podría ser ilegal”, añadió Barquero.
Feoli fue aún más tajante ante esta situación al declarar: “Nos endeudamos por mucha plata para que de una manera tan irresponsable venga una persona que en la Dirección de Adaptación Social no entiende cómo funciona esto.
Se prioriza solamente el tema de cómo meter gente, como si fueran reses que están metiendo en un establo, y además con una plata que vamos a pagar los próximos 25 años.
Uno se endeuda para que las cosas funcionen, uno no se endeuda para luego pasearse en lo que se hizo y es lo que está pasando”.
Aparte de lo invertido en las UAI se puede agregar que el país tiene una cárcel nueva en el Complejo Penitenciario La Reforma. Este centro penitenciario costó cerca de $24 millones y no se puede utilizar porque no hay plata para pagar el personal que requiere.
El Proyecto Terrazas tiene aproximadamente siete meses de estar preparado para recibir nuevos privados de libertad y con ello dar una pequeña solución al hacinamiento carcelario, pero el Ministerio de Justicia y Paz espera la aprobación de presupuesto extraordinario para contratar oficiales penitenciarios.
Los nuevos reclusos seguirán siendo incluidos en el gimnasio en disputa, mientras se les define un nuevo centro penitenciario.

MINISTERIO SE DEFIENDE

DIARIO EXTRA quiso conocer la versión del Ministerio de Justicia y Paz sobre estas acusaciones, afirmaron que en esa cartera trabajan acorde a lo que se les permite y no están provocando hacinamientos.
Además alegan que 100 personas se encuentran en el gimnasio de manera temporal. También adjuntaron un fallo de la Sala Constitucional a favor de Justicia y Paz.
“Este espacio será utilizado para albergar exclusivamente a personas provenientes de celdas judiciales bajo la condición de indiciados. Este espacio, según las condiciones dadas, será temporal y excepcional hasta tanto se cuente con soluciones definitivas para hacer frente a la creciente cantidad de privados de libertad remitidos por los despachos judiciales, y mientras se mantenga la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19”, se lee en la resolución.
“Esto lo que viene es a confirmar que el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio de Justicia y Paz al buscar y habilitar espacios de aislamiento es respetuoso de los derechos humanos, de la normativa con que funciona el sistema penitenciario y, principalmente, de la vida y la salud de las personas que están dentro de los centros y que llegan, de forma temporal, a hacer su aislamiento”, declaró la ministra Salazar.