La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria solicita a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) resolver los temas que arremeten contra la estabilidad y la competitividad del sector agropecuario.
Se trata del ajuste a la base mínima contributiva para el aseguramiento real del productor agropecuario y los trabajadores que contrata, la reducción de los aportes de la seguridad social -actualmente en un 25%- y la amnistía para la recaudación de las cargas sociales.
En el seno de la CCSS, señala la Cámara, no han calado las solicitudes del sector productivo nacional y más bien consideran que modificar la regulación actual vendría a diezmar los ingresos de la institución.
“Desde hace mucho tiempo estamos conversando sobre estos temas. Ha sido un eje permanente de análisis para la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria contar con una regularización que permita darles condiciones dignas al trabajador y al productor agropecuario, sin embargo en la Caja ponen oídos sordos ante la realidad del país”, aseguró Óscar Arias, productor y vocero de la Cámara.
La cúpula del sector agropecuario afirma que la normativa por la que se rige la Caja y le permite realizar la recaudación de las cargas sociales está desfasada con respecto a la realidad de los productores y es urgente ajustarla, no solo para apoyar a la institución, sino también para hacer de Costa Rica un país más competitivo.
“Las cargas sociales para el agricultor, en especial para el pequeño y mediano, se vuelven muy onerosas cuando estos tienen que contratar trabajadores por temporadas, lo cual es una práctica usual en varios cultivos.
Por ejemplo, si se contrata durante una o dos semanas a un trabajador, la ley le exige al productor que pague un mes completo de cargas sociales, a pesar de que el tiempo real laborado no haya sido ese”, enfatizó Diego Robelo Gutiérrez, miembro de la organización.
La petición de ajustar las cargas sociales al tiempo real laborado por el trabajador es un llamado que se hace ante la dificultad de la formalidad del mercado laboral y asfixia a los empresarios agropecuarios.
“El galopante desempleo y la difícil situación económica que atraviesa el país, con una informalidad de un 47% de la fuerza laboral del país, obligan a un replanteamiento de varios temas relativos a la Caja con el claro propósito de reactivar nuestra economía.
Debe considerarse además que los pequeños y medianos empresarios no tienen la capacidad económica para pagar los montos que exige la Caja. Esto es un atropello para cualquier sector, incluido el agropecuario, que es el responsable de producir los alimentos que consumimos”, acotó Arias.
A la Cámara le preocupa además que, a pesar de que el proyecto Ley No.21.522, “Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales”, ha sido ampliamente discutido en la corriente legislativa y tiene dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos Económicos, la Caja dice desconocer el texto sustitutivo y detener el proyecto sería muy lamentable porque con su aprobación se ayudaría a miles de agricultores que luchan por sacar adelante su producción.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 17 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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