Los diputados que integran la Comisión de Ingreso y Gasto Público en la Asamblea Legislativa sumaron nuevos elementos para investigar las supuestas compras irregulares de mascarillas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Luis Fernando Chacón, legislador del Partido Liberación Nacional, señaló que hay sospechas que un pequeño grupo toma las decisiones en secreto y le pasaba las contrataciones a Proveeduría.
“El tema de las mascarillas es un elemento inicial. Hay muchos elementos anómalos. A la Caja se le ha dado todo el respaldo, pero se han encontrado anomalías: vemos la contratación de 10 millones de mascarillas en un proceso que solo duró una hora y 17 minutos”, dijo.
El congresista adujo que el 17 de mayo anterior le entregaron al proveedor una orden de compra en firme, sin embargo los cubrebocas ingresaron en febrero anterior.
“Imagínese usted: Alguien se había jugado la vida de traer 10 millones de mascarillas sin saber si se le iban a adjudicar o no. Luego, se le entregó la orden de compra en una hora y 17 minutos. Hay una sospecha elevada de esta situación. Cada vez que se ven compras excepcionales en el marco de la pandemia, se encuentran situaciones sospechosas e irregulares. La Contraloría General de la República ve expedientes incompletos, informaciones irregulares, carteles adjudicatarios incompletos. Aun así, la Caja echó para adelante”, añadió.
Chacón agregó que el gerente y proveedores institucionales se encuentran suspendidos por irregularidades
DEMASIADAS DUDAS
En la misma línea, Melvin Núñez Piña, de Restauración Nacional, expresó que cada vez más se evidencian nuevas irregularidades en la compra de cubrebocas médicos.
“Hay demasiadas dudas. Es un sistema completamente viciado, gente favorecida y que genera más indignación entre los diputados. Se adjudicaron compras en menos de una hora, no solamente de guantes sino de mascarillas. Se compraron cochinadas. Da molestar, indignación y se genera un clima más tenso, al ver el cinismo de cierta gente que defiende esas compras. Las mascarillas ya estaban en el país antes de que se adjudicaran. Es decir, estaban seguros que les iban a comprar semejante cantidad de mascarillas. No hablamos solo de mascarillas, sino de guantes y batas”, acotó.
El puntarenense mencionó que cada vez más aparecen personas implicadas en anomalías y la comisión analizaría llamar de nuevo a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS.
“Quienes más han estado involucrados son administrativos. No es una decisión que pesa exclusivamente sobre Macaya. Hay juntas directivas. Hay personas de adjudicaciones. Consideramos que hay que traerlo más veces. Quienes han venido a la comisión, han defendido lo que se ve, a todas leguas, que es ilícito”, amplió.
Por su parte, la congresista Yorleny León comentó que hay una cantidad de ventanas abiertas para el riesgo de compras en la Caja, la cual “no hacía evaluaciones certeras y a conciencia”. Además, adujo que no existían mecanismos de control de calidad para asegurar que los recursos se usaran con el fin de adquirir el mejor producto en precio y calidad.
“Existe todo un proceso preparatorio anterior a la contratación que nadie conoce porque sólo se encuentra en papel en el expediente, con lo cual se hizo poco visible para el conocimiento de todos los actores en el proceso de auditoría de las compras de la CCSS”, apuntó.
MÁS CRÍTICAS
Los cuestionamientos no solamente provienen de los diputados. La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) señaló que el esquema de competencia y posterior compra de mascarillas carecieron de razonabilidad técnica, ocasionando un debilitamiento del sistema de contratación administrativa institucional.
Por otra parte, cuestionan que la junta directiva de la CCSS modificó el 30 de marzo del 2021 (sesión Nº908) el esquema de competencias, permitiéndole a la Gerencia de Logística y a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología adjudicar compras de bienes y servicios por hasta cinco millones de dólares, cuando el límite de autorización a gerencias era de hasta $1 millón.
“Esta modificación del esquema de competencias no era pertinente, razonable, ni conveniente a los intereses institucionales, porque se carecía de razonabilidad técnica y estudio técnico. También porque el aumento de un 500% queda totalmente fuera de toda proporción. Solo a esas dos gerencias se les permitió realizar compras por $5 millones, es decir la exorbitante suma de más de ¢3.000 millones”, indicó el medio.
Los cuestionamientos no son nuevos. En septiembre del 2020, se dio a conocer la compra de 12 de millones de mascarillas por un total de $4 millones, que aparentemente no fueron recibidas, contra la compra en noviembre del 2020 de 15 millones de cubrebocas en buen estado y por las cuales se pagaron $2 millones.
Esto sin olvidar los alcances del informe especial N° DFOE-BIS-IF-0003-2021 de la Contraloría General de la República (CGR) sobre contrataciones realizadas por la CCSS en mayo de 2021, donde se determinaron incumplimientos y omisiones en compras ejecutadas con recursos del Fondo de Contingencias.
“No podríamos dejar de señalar en la comparecencia de este día que esas irregularidades nos han dejado la impresión de que no ha existido mucho interés institucional en que los procedimientos administrativos tendientes a establecer las correspondientes responsabilidades avancen, quedando, por lo menos, hasta ahora sus autores responsables en un halo de impunidad”, agregaron.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
EMAIL: [email protected]
Sábado 17 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA