Pedro Castro Fernández, quien fungió como titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la administración de Laura Chinchilla, omitió una recomendación para cerrar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y culpa a los diputados de esa legislatura.
Castro no dio trámite a una recomendación emitida por Ofelia Taitelbaum, exdefensora de los Habitantes, la cual planteaba que con base en el análisis de desempeño y eficiencia se debía “considerar la posibilidad de cerrar el Conavi y volver a concentrar las labores en un solo ente con una estructura organizativa eficiente, con la cantidad y calidad del recurso humano necesario para ejecutar la labor de planeamiento y ejecución de obras de mantenimiento y construcción de la red vial nacional, así como con controles estrictos y oportunos que evite el desperdicio de recursos evidenciado por la Contraloría en sus intervenciones”.
La recomendación consta en el oficio No.08505-2013-DHR-[AE], dirigido a Castro, diputados de la República, Contraloría General de la República y la Gerencia de Conservación de Puentes del Conavi.
El exfuncionario además fungió como viceministro de Infraestructura entre 2006 y 2010 en el gobierno de Óscar Arias.
CULPA DE DIPUTADOS
De acuerdo con el exministro Castro, en 2013 el cierre del Conavi no se realizó por falta de voluntad de la Asamblea Legislativa.
“Conavi ha requerido una profunda reforma desde hace tiempo y yo quise aprovechar los 18 meses que fui ministro de Obras Públicas para formularla. Siempre fue evidente que es una institución permeable y vulnerable a intereses externos.
Dentro de mi gestión y con apoyo del Consejo de Administración del Conavi se hizo una evaluación del Conavi con profesionales especialistas del MOPT; producto de dicho análisis se planteó una reforma institucional y se envió a la Asamblea Legislativa y que permitía una reestructuración para que la institución funcionara mejor y de forma más transparente.
Dicho proyecto de ley no fue considerado posteriormente durante el gobierno 2014-2018 y nunca hubo reforma alguna”, declaró.
Según Castro, el cierre se valoró como parte de un esfuerzo y se planteó el escenario de que el Conavi se transformara en una gran proveeduría, que contratara, supervisara y coordinara todos los medios para ejecución de obras, recayendo su administración en el MOPT.
“No nos fuimos por esa línea porque el MOPT no tenía capacidad instalada siquiera para administrar esos contratos: cada vez con menos ingenieros y recursos, y porque había muchas obras en ejecución que sencillamente no podían suspenderse mientras se contrataba la infraestructura logística, laboratorios de verificación, inspección de obras, unidades ejecutoras, etcétera. Los costos por encarecimiento de precios con contratos detenidos y el deterioro de la infraestructura vial al suspender obras por largo tiempo son elementos de enorme consideración”, añadió.
El exjerarca dijo que cerrar el Conavi puede resultar atractivo políticamente, pero es una tarea monumental lograr que las obras que ejecuta sigan adelante sin dicha institución.
“Sencillamente el MOPT no tiene capacidad instalada y es labor titánica contratar todo lo que tendría que contratarse. (…) Más que preguntar si debe cerrarse o no el Conavi debería consultarse cómo hacer para que la atención de la red vial nacional siga brindándose y, más difícil aún, de forma ininterrumpida.
En el periodo que estuve a cargo sí se vinculó en todo lo posible al MOPT. El MOPT revisó muchas decisiones técnicas del Conavi, incluyendo informes relevantes para adjudicación o cuando se descartaba una oferta por precios.
También el MOPT se empleó para conducir órganos del debido proceso, para investigar y sancionar actuaciones irregulares del Conavi. Incluso se generaron gestiones de despido de cinco funcionarios con actuaciones presumiblemente irregulares entre MOPT y Conavi. Sin duda el papel del MOPT para fortalecer al Conavi es esencial y mi recomendación es aprovecharlo mientras tanto”, manifestó.
Incluso apuntó que antes de que la Defensoría pidiera el cierre ya lo habían planteado, sin embargo ponerle candado a la institución en este momento “no es viable”.
“El cierre del Conavi no se consideró la mejor opción por cuanto había muchos contratos en ejecución y no existía alternativa en capacidad instalada para la ejecución de los contratos.
Cerrar el Conavi podrá ser una decisión que genere intención de votos, pero desde el punto de vista técnico no es una solución viable, ni siquiera en un horizonte de años; tendrían que darse infinidad de reformas legales e implementarse, con obras suspendidas en el ínterin, que determinarían un aceleramiento del deterioro de nuestros pavimentos y el estancamiento de las obras viales nuevas.
Desaparecer el Conavi del día a la mañana representaría dejar sin supervisión muchos contratos necesarios para la mejora y conservación de la red vial nacional.
De desaparecer súbitamente Conavi, los contratos deberían suspenderse, pagarles indemnizaciones a los contratistas sin que los trabajos se lleven a cabo, o bien pagar sobreprecios por encarecimiento de materiales y procesos por el tiempo que los contratos se suspendan (…)
Cerrarlo se puede hacer, pero la pregunta es ¿cómo se hace para que no se tenga que pagar sumas millonarias por las consecuencias legales de suspender contratos y cómo hacer para que nuestras vías se mantengan al menos transitables?, concluyó.
AVENDAÑO
El diputado Carlos Avendaño, quien estuvo en Cuesta de Moras en la época que la Defensoría de los Habitantes remitió el oficio, precisó que no hubo la voluntad política para estudiar la recomendación y darle trámite.
“De la Defensoría vienen recomendaciones y criterios. No son órdenes que se tienen que acatar. Hay todo un proceso y una convergencia política que se tiene que ver. En este momento no sé si lo más conveniente sea cerrarlo o buscar los mecanismos de reestructuración total de Conavi, así como de otras instituciones, porque no se trata de ponerle candado y ya.
Lo más simple es decir un cierre, pero el asunto es que la obra pública tiene que continuar. Se deben tomar acuerdos prudentes y razonables. Es muy fácil decir ‘pongan candado’, pero el cierre no trae por sí mismo la solución a los problemas”, expresó.
OROZCO
Justo Orozco, exdiputado del Partido Renovación Costarricense (PRC), afirmó que se miraban irregularidades, pero la decisión pasaba por las fracciones mayoritarias.
“Yo en ese momento no podía hacer mucho. Era diputado unipersonal. Esa fue una promesa de campaña. La fracción mayoritaria tenía la decisión. Yo hubiera votado por el cierre.
En el 2014 se miraban anomalías. Cuando yo fui candidato todos coincidíamos en que había que cerrar el Conavi. El presidente que quedó (Luis Guillermo Solís) lo prometió, pero no se hizo”, manifestó.
MENDOZA
Juan Carlos Mendoza, exdiputado del Partido Acción Ciudadana, dijo que “se evaluaron cambios y eliminar consejos institucionales. Se estableció una mesa de trabajo con la Contraloría, Lanamme y otros actores. Se evaluó todo el tema de infraestructura.
De ahí nació el Instituto Nacional de Infraestructura y Transportes (INIT). Nació una propuesta de ley, pero no se presentó porque en ese momento vinieron las elecciones.
El proyecto posteriormente se acogió, se le hicieron modificaciones con los insumos de la Defensoría y ya después se archivó. En ese mismo proyecto se planteaba el CTP”.
NO RESPONDIERON
DIARIO EXTRA intentó obtener reacciones del diputado José María Villalta, así como de los exlegisladores Alicia Fournier y Víctor Emilio Granados, sin embargo al cierre de edición no respondieron nuestros mensajes.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
EMAIL: [email protected]
Sábado 17 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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