El poder de los mandos medios en la función pública

Lic. Jorge Luis Araya Marín*

Aplaudo el reciente operativo de las autoridades judiciales para desmantelar la red de corrupción en la función pública. El tema de la corrupción no es un fenómeno criminológico nuevo, siempre ha existido y probablemente seguirá en aumento si la sociedad, el Estado, la empresa privada y demás estructuras formales e informales, no realizan esfuerzos conjuntos por fomentar el trabajo honesto, la probidad, la transparencia y el bien común.

En otro de mis artículos de opinión publicado en DIARIO EXTRA el 9 de junio 2017, titulado La cifra negra de la corrupción en la función pública, mencionaba: “Lamentablemente en las instituciones del Estado existen estructuras de poder que prácticamente son las que hacen y deshacen en materia de gestión y desarrollo, son las que manejan información y tienen autoridad jerárquica para hacer lo que les viene en gana en los procesos de contratación administrativa, contratación de capital humano y hábilmente influyen en promover el alquiler de inmuebles a altos costos, en la contratación de firmas consultoras nacionales e internacionales para que realicen nefastas reestructuraciones administrativas o las disfrazan reorganizaciones administrativas...”

Estas organizaciones de poder recaen en los funcionarios de mandos medios que tienen a cargo la Dirección Administrativa, la cual a su vez tiene adscritas los departamentos de Administración de Personal (Recurso Humano o Talento Humano), Proveeduría, Transportes, Seguridad, Mantenimiento, Servicios Médicos, Servicios Generales o Administrativos, en algunas hasta el Área de Administración de Riesgos.

Todas tienen presupuesto asignado y dentro de sus funciones les corresponde realizar trámites de compra de bienes y servicios. Aún cuando existen métodos y procedimientos que deben cumplir para la ejecución de cada actividad conforme lo establece la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo reglamento, así como directrices internas en cada institución, leyes y reglamentos conexos, siempre se ingenian portillos para cometer actos de corrupción.

Como podrá observarse, cada gestión de compra de bienes y servicios, licitaciones públicas, privadas, contrataciones directas, compras directas, concursos y caja chica, pasa por el visto bueno del funcionario que inició el trámite hasta el jerarca de mando medio o director administrativo, quien a la vez remite el trámite a las demás instancias internas para su aprobación, siguiendo luego cuando corresponde a entes externos para su final consentimiento.

Si observamos detenidamente el poder de decisión del mando medio (director administrativo) y su influencia sobre sus subordinados, sus actos pueden causar beneficios o perjuicios a los intereses de la institución que representa. Este gran poder sin supervisión y control puede confluir en hechos de corrupción y propiciar la creación de estructuras administrativas para cometer infracciones contra la función pública.

Es importante mencionar que este funcionario de mando medio (director administrativo) es el enlace con la jerarquía superior, a saber: Gerencia General, Subgerencia, Presidente Ejecutivo y Junta Directiva. Sus informes y recomendaciones tienen mucho valor como criterio técnico para los altos mandos, de ahí que no siempre sus recomendaciones necesariamente pueden favorecer los intereses de la institución, sino que pueden beneficiar intereses externos.

Es común cuando se produce un cambio de gobierno e ingresa un nuevo gerente, presidente ejecutivo o miembro en la Junta Directiva, el primero en ponerse a sus órdenes es el director administrativo, quien con el objetivo de lucirse se ofrece y accede en complacer los caprichos del nuevo compañero, ya sea remodelando su despacho, cambiando el mobiliario de oficina, las alfombras y obras de arte. Un vil servil que lo hace para seguir en su estado de confort y poder.

Es necesario aclarar que no todos los funcionarios y directores administrativos de las instituciones públicas son corruptos, aquí vale mencionar el refrán popular: “a quien le caiga el guante que se lo plante”. Gracias a la gran mayoría de funcionarios probos, nuestro país goza de excelentes servicios públicos que han fortalecido nuestro sistema democrático y llevado paz social a los más necesitados.

Aprovechando el proyecto de Ley sobre empleo público que está en la corriente legislativa, considero oportuno incluir un apartado para fijar plazo de permanencia a los puestos de director administrativo y jefe del Departamento de Proveeduría en las instituciones públicas. Desde ningún punto de vista es conveniente que perduren por tiempo indefinido, la tentación por caer en las garras del despotismo y corrupción son comunes. Algunos sobrepasan su tiempo de jubilación, pero prefieren seguir disfrutando de jugosos salarios y beneficios que les otorgan derechos adquiridos. Es lamentable que paguen justos por pecadores, el funcionario público es un servidor digno de consideración y respeto, los que han caído en las garras de la corrupción es porque ha existido un corruptor que los ha apartado del camino correcto. Aboguemos por la incorruptibilidad de los buenos funcionarios públicos. Ellos no son los responsables del descalabro y crisis en que se encuentra nuestro país, “el frío no está en las cobijas.”

Criminólogo*

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Sábado 17 Julio, 2021

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