“Se están solicitando empréstitos del exterior cuando existe una millonada que es evadida por las plataformas tecnológicas siendo responsabilidad de la Contraloría General de la República velar por la buena recaudación de los fondos públicos”.
Esto dice una denuncia presentada por la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) en la que solicita a la titular Marta Acosta que ejecute las acciones que correspondan en relación con su cargo.
A través del abogado Enrique Rojas Franco le piden a la contralora iniciar un procedimiento para que se cobre a las plataformas tecnológicas los impuestos supuestamente dejados de pagar.
“Le presentamos un requerimiento, digamos por qué no cobra, por qué no fiscaliza. Ella no recauda, pero sí debería hacer que los que recaudan tienen el deber de cumplir”, indicó Rojas Franco.
Según los denunciantes encabezados por Rubén Vargas Campos, secretario general de la UTC, estas empresas cuentan con actividades lucrativas y hoy tienen adeudos millonarios en impuestos. “Señor Presidente, sí hay plata”, dijo.
A criterio de los denunciantes a la contralora le corresponde la vigilancia, el control de la recaudación de los fondos públicos y el Ministerio de Hacienda no ha hecho absolutamente nada ni ninguna administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) para proveer unos recursos que se van fuera del país, que podrían ayudar a paliar las necesidades sociales.
Es por eso que solicitan Hacienda inicie los cobros respectivos para que no se produzca la prescripción de los montos adeudados y responsabilizan a Acosta de fiscalizar que así sea.
NO CUMPLEN
También indican a la funcionaria que hubo un acuerdo unánime y en firme del Consejo de Transporte Público (CTP) solicitando a la Procuraduría General de la República que realizara las actividades jurídico formales para sacar del mercado a las plataformas tecnológicas y no se ha cumplido, dado que es un acto público y notorio que no pasó nada.
“Eso lo descarrilló el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo no, no estoy de acuerdo, igual que hizo con la pesca de arrastre”, manifestó Rojas Franco.
“Existen empresas que se encuentran laborando en forma ilegítima hace seis años porque no cumplen con el ordenamiento jurídico que sí cumplen los taxis legales que mi persona representa, en el sentido que se pagan impuestos, se llevan los carros a Riteve, se pagan pólizas, cánones, dos revisiones técnicas que son pagadas pero que protegen al usuario del servicio, que no lo hacen los denominados taxis de plataformas tecnológicas”, señala la denuncia.
Añade que en consecuencia habría existido una defraudación fiscal e inactividad material del Ministerio de Hacienda, que tiene obligaciones de acuerdo con el artículo 60 de la Ley General de la Administración Pública, que establece las competencias públicas son obligatorias, indelegables, imprescriptibles y de obligado cumplimiento.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Viernes 16 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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