El Partido Acción Ciudadana (PAC) deberá pagar ¢180 millones más por la condena que recibió al intentar estafar al Estado en la campaña electoral del 2010.
El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José acogió la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR), quien apeló que se incluyera en la acción civil resarcitoria 81 contratos de servicios profesionales que no fueron incluidos dentro del primer juicio que el PAC perdió en diciembre del 2016.
Por unanimidad los jueces Nancy Marín, Paul Fuentes y Pedro Ramírez acogieron la tesis del abogado del Estado y señalaron que estos 81 contratos simulados sí se pueden considerar como parte del total de contratos de servicios especiales que el PAC usó para inflar el monto de la deuda política de la campaña 2010 y así cobrar más dinero al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Por concepto de daño patrimonial el PAC deberá pagar ¢159 millones por estos 81 contratos, más los intereses generados (que deberán ser calculados por la PGR), poco más de ¢20 millones por las costas del juicio.
El juez Fuentes leyó el por tanto del fallo. Explicó que tras el análisis se determinó que estos 81 contratos son simulados.
“Estos 81 contratos fueron reales y lo ficticio y simulado fue el contenido de los mismos. Fueron firmados que colaboraron en diferentes asuntos en el proceso electoral del PAC del 2010. Y las presuntas actividades descritas en esos contratos fueron colaboraciones gratuitas y no onerosas como lo quiso hacer ver el PAC ante el TSE, esto con la finalidad de inflar los montos y así poder liquidar más dinero de la deuda política”, explicó el juez.
Fuentes agregó que los 179 contratos incluidos en la sentencia del 2016, más estos 81 que se agregan en esta condena, se usaron para inducir a error al TSE con el fin de que el PAC obtuviera poco más de ¢516 millones en gastos ficticios.
“Este Tribunal de manera unánime valoró prueba que permite concluir que efectivamente esos 81 contratos fueron simulados y en ese sentido se valoró que se utilizó el mismo modo de operar de la organización y que existía una estructura creada para defraudar al Estado”, enfatizó Fuentes.
El Tribunal también estableció que los montos de los contratos tenían cifras idénticas, algunos por ¢1,8 millones y otros ¢2,4 millones, pero totalmente desproporcionados por los supuestos servicios contratados, como por ejemplo “coordinar general de transporte”.
APELACIÓN
El abogado del PAC, Erick Gatgens, dijo que no comparten la resolución del Tribunal y apelarán la sentencia.
Insistió que había criterios que ellos consideraban de peso que estos jueces no tomaron en cuenta, pero buscarán hacer valer ante el Tribunal de Apelación de Sentencia y si fuera necesario ante la Sala III.
Gatgens añadió que la propia Sala Penal indicó que no se pudo demostrar la simulación de estos 81 contratos, por lo que hay una contradicción.
El PAC también apelará que se le cobren los intereses a partir del hecho generador, es decir desde 2010, cuando el dinero (de la deuda política) salió de la custodia del Estado y terminó en el partido.
Por su parte Randall Aguirre, procurador de la PGR, expresó que la sentencia le da la razón al Estado cuando planteó la apelación por dejar fuera estos 81 contratos.
“Creo que la decisión para la Procuraduría es satisfactoria, ya que nuestra hipótesis fue acogida en su totalidad por el Tribunal”, manifestó.
Para Aguirre era ilógico que los intereses no se cobraran desde el hecho generador y explicó que estos seguirán corriendo hasta que el PAC pague el monto total del principal.
Sobre la cifra a pagar por los 179 contratos que están en sentencia firme el PAC acordó desembolsar ¢627 millones en cinco tractos.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 16 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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