Diario Extra - Justicia se lava manos en contratación dudosa

Una cooperativa llamada CoopeSoliDar, la cual tiene como integrantes a Vivienne Solís Rivera y María José Blanco Solís, hermana y sobrina del expresidente Luis Guillermo Solís, respectivamente, fue designada por el Gobierno para realizar el proceso de consulta del Plan de Política Pública a los territorios indígenas.
Esa situación ha generado dudas por supuesto conflicto de intereses, debido a que CoopeSoliDar obtendría un monto millonario proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Así lo dio a conocer DIARIO EXTRA esta semana, donde se habla que el monto que recibiría la cooperativa rondaría los $300 mil.
Por su parte el Ministerio de Justicia y Paz, quien es el gestor técnico de la consulta por medio de la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI), al parecer no quiere involucrarse en dicha contratación.
A continuación, las respuestas que dio la institución a este medio.
¿Por qué este proceso no lo está llevando el Ministerio de Justicia y Paz como lo ordena la ley?
-El Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, decreto 40932-MP-MJP, reglamenta la obligación de consultar a esas poblaciones –de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas– cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo o proyectos privados susceptibles de afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las partes participantes del proceso de consulta son tres:
1) El proponente de la consulta o contraparte interesada (institución pública interesada en la realización de un proceso de consulta).
2) La Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI), ente adscrito al Ministerio de Justicia y Paz (MJP), encargado de la gestión técnica de los procesos de consulta.
3) Los pueblos indígenas a través de sus instancias territoriales de consulta.
Desde el 2019, el Ejecutivo manifestó el interés de promover una consulta de la Política Pública de los Pueblos Indígenas, iniciativa que busca atender los derechos colectivos de esas poblaciones. Siendo así, el Ejecutivo se entiende como proponente de la consulta.
Para llevar a cabo esta tarea, el Ministerio de Justicia y Paz (a través de la UTCI como ente técnico) y el Ministerio de la Presidencia (a través del Viceministerio de Diálogo Social -VMPDS-, como representante del proponente de la consulta) acudieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en procura de fondos para sacar avante dos procesos: la consulta de la política (promovida por el Viceministerio de la Presidencia) y el fortalecimiento del mecanismo general de consulta indígena mediante talleres de capacitación dirigidos a funcionarios públicos y líderes indígenas respecto al mecanismo (promovido por el MJP a través de la UTCI).
La idea era buscar financiamiento para cada uno de esos productos, a través de contrataciones que llevaría a cabo el BID con recursos propios de cooperación técnica no reembolsable. No obstante, el proceso de contratación fue declarado desierto por el Banco debido a que ninguna firma aceptó participar.
En este proceso de contratación, la UTCI y el VMPDS solo aportaron los insumos para los términos de referencia, siendo que el proceso de contratación lo desarrolló el Banco bajo sus propias políticas y procedimientos de contratación bajo estándares internacionales. El Banco generó un nuevo proceso de contratación cuya invitación publicó en su portal internacional, del cual preseleccionaron a cuatro organizaciones que cumplían con los requisitos.
Este nuevo proceso de contratación sería igualmente financiado por el Banco con recursos propios de cooperación técnica no reembolsable. En este nuevo proceso de contratación, la UTCI y el VMPDS aportaron los insumos para los términos de referencia, ya que nuevamente el proceso de contratación lo desarrolló el Banco bajo sus propias políticas y procedimientos de contratación.
El 29 de enero del 2021, el BID comunicó la selección de CoopeSoliDar R.L. como la firma contratada para el proceso de consulta y los talleres, como resultado de un proceso de escogencia interno en el que ni el MJP ni el VMPDS tuvieron participación o injerencia alguna. En virtud de requerimientos propios de la consulta, el Viceministerio de la Presidencia y la UTCI solicitaron y consensuaron con el Banco, mediante oficio VPDC-465-2021 con fecha de 5 de julio de 2021, la rescisión del contrato con la firma, ya que la situación requiere una modificación de la lógica de trabajo proyectada en campo y, por ende, los términos de referencia de la contratación.
¿Estaban al tanto de la contratación de la cooperativa?
-El proceso de selección de la firma consultora se llevó a cabo mediante una convocatoria internacional del BID que respondió a las políticas y procesos internos de selección del Banco. En la selección, ni el Ministerio de Justicia y Paz ni el Viceministerio de la Presidencia tuvieron participación.
¿Qué opinión hay sobre que la cooperativa elegida tenga como miembros a familiares de Luis Guillermo Solís?
-No le corresponde a esta cartera emitir opinión con respecto a procesos que desarrollan terceros en el marco de la legalidad.
¿Qué medidas van a tomar al respecto?
-Lo que corresponde es reformular los nuevos términos de referencia. La UTCI (Unidad Técnica de Consulta Indígena) mantendrá activo su papel como gestor técnico de la consulta, como lo ha hecho desde que fue creada.