Alba Quesada, directora del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), se expondría a una pena de 3 meses a 2 años de cárcel o de 20 a 70 días multa si incumple la resolución de la Sala Constitucional que pide girar de una vez por todas los recursos destinados a la Asociación de Olimpiadas Especiales.
Las sanciones están establecidas en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Esto si no hay un delito más gravemente penado. “Se condena al Instituto al pago de las costas, daños y perjuicios”, establece la resolución del 9 de julio, de la que DIARIO EXTRA tiene una copia.
Se trata de aproximadamente ¢750 millones, según cálculos preliminares, que beneficiarían a 30 mil atletas con discapacidad intelectual.
Quesada es la directora nacional y representante judicial y extrajudicial del Icoder, por eso los magistrados la señalan como la responsable en este caso.
Es a ella quien compete girar las órdenes pertinentes y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en cuanto se cumpla con los procedimientos y requisitos de ley, se gire el respectivo presupuesto a la Asociación en un plazo no mayor de 15 días.
“No se observa que el Icoder haya dictado medidas a fin de evitar el perjuicio que conlleva que la Asociación no cuente con recursos para desarrollar los programas dirigidos a la población con discapacidad.
Lo cierto es que con estos atrasos los perjudicados no son la Asociación como persona jurídica, sino las personas con discapacidad que se encuentran en condición vulnerable”, se lee en la resolución.
RETRASO ES INJUSTIFICADO
Para el alto tribunal el plazo transcurrido de más de 6 meses para que se materialice el pago de los recursos deviene “excesivo”, por lo que decide declarar con lugar el recurso.
Advirtió al Icoder que ha incurrido en retrasos injustificados porque no fue hasta el 19 de abril que solicitó al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) aclarar lineamientos sobre los fondos, con el propósito de brindar una respuesta a la Asociación.
La resolución indica que existe una evidente falta de coordinación por parte del recurrido y un retardo injustificado en definir los parámetros exigidos para girar el presupuesto.
Los magistrados advirtieron que si existe una inconformidad con respecto al porcentaje que se debe girar, eso es un tema de legalidad que no es competencia de dicho tribunal.
Este caso se maneja bajo el expediente 21-006745-0007-CO de la Sala Constitucional.
Quesada manifestó a DIARIO EXTRA que el dinero no se giró porque había dudas respecto a la aplicación de la Ley No.9739 (Reformas para la inclusión al deporte y la recreación de las personas con discapacidad, Olimpiadas Especiales, Comité Paralímpico Nacional y Federación de Paradeportes de Costa Rica) y los giros de Fodesaf.
Para Óscar López, exdiputado y defensor de la población con discapacidad, sí hay desacato a la sentencia la sanción que se anuncia es penal.
“Ellos estaban jineteando el dinero de Olimpiadas Especiales. Eso de estar atrasando y atrasando vino a perjudicar a las personas con discapacidad, eso dijo la Sala. El Icoder debe prever que esas cosas no se den.
Como gestor de este recurso de amparo estoy con el almanaque contando los días, si no acatan la resolución activaremos lo que corresponda. El Icoder requiere una intervención, tengo un escritorio lleno de quejas de organizaciones con y sin discapacidad”, declaró.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 14 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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