Diario Extra - Recomiendan despedir funcionario del TSE

Un oficio suscrito por un hombre de apellido Bolaños, director general ad hoc del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), recomienda el despido sin responsabilidad patronal del funcionario Rui López González, secretario general del Sindicato de Empleados del TSE (Setse) desde abril del 2018.
De acuerdo con el documento DGRE-458-2021 con fecha del 1 de julio, del cual este medio tiene copia, la recomendación para el despido del líder sindical se produce luego de unas declaraciones que brindó a DIARIO EXTRA en 2019 y generaron una nota periodística.
Según la argumentación de Bolaños, la acción de López tuvo “el afán de causar caos social, dañar la imagen institucional y herir en lo más profundo los cimientos del Tribunal Supremo de Elecciones”.
La nota en mención se publicó el 7 de agosto del 2019 con el titular “Magistrados reinterpretan norma para favorecer al PAC”, según “denuncia el sindicato del TSE”.
En la información se detalla la denuncia que hizo López a este rotativo, ya que en apariencia los magistrados del TSE habrían reinterpretado una normativa que pudo favorecer a Acción Ciudadana (PAC), propiciando una excepción a la norma y permitiendo a esta agrupación reintegrar dineros de naturaleza electoral (una factura de publicidad) con recursos de la reserva que el TSE les otorga a los partidos para su organización y capacitación (es decir, gastos permanentes), a pesar de que resoluciones señalan que dichos fondos tienen un uso exclusivo ya predeterminado por la ley.

DESLEALTAD

El argumento para recomendar el despido del funcionario del TSE se fundamenta en que su actuar fue una “práctica laboral desleal y una desproporción en el ejercicio de sus derechos fundamentales, abrigado en la libertad de expresión y el fuero sindical”.
En la recomendación se reconoce que hay un derecho a la libertad de expresión y en este caso a la libertad sindical, pero insiste en señalar que hay límites en ese actuar, aunque vno especifica cuáles normas o reglamentos violentó el funcionario López con su denuncia.
“Mal actuaría la administración, al renunciar a mantener el ordenamiento legal, ignorando aquellas actuaciones dirigidas a lesionar de forma malintencionada los derechos de terceros, la estabilidad, la seguridad y la paz social, al permitir que amparados en el disfrute de un derecho fundamental se menoscabe la institucionalidad e imparcialidad de un ente estatal llamado a asegurar y preservar la democracia, ente que actuando siempre con absoluta transparencia y bajo el escrutinio profundo de los ciudadanos ha logrado mantener su integridad, honestidad y rectitud”, indica el documento, pero no se aclara cuáles normas internas o externas se transgredieron con las declaraciones de López a la prensa.
El Periódico del Pueblo consultó el tema por medio de la oficina de prensa del TSE, donde el letrado Andrei Cambronero fue enfático en señalar que no existe ninguna normativa interna institucional que impida a un funcionario hablar con la prensa y menos aún que especifique qué se puede decir y qué no.
Esto aclara además otro elemento central en la investigación interna a la que se enfrentó López, ya que la información que brindó a DIARIO EXTRA y a la que luego se refirió en programas de radio no tenía ningún carácter de confidencialidad.
El propio López lo reitera en el extracto de sus declaraciones recogidas en la recomendación: “El tema abordado corresponde a una resolución en firme del Tribunal Supremo de Elecciones relacionada con financiamiento de partidos políticos que tiene una connotación de documento de carácter público, en ningún momento he conversado o he externado mi opinión en relación con datos sensibles o que estén cobijados por el velo de confidencialidad y he notado dentro de la acusación y dentro de los interrogatorios aquí vertidos que se hace mucho énfasis en el tema”.

MOLESTIA

Se desprende además en la lectura de las conclusiones de la recomendación que la noticia publicada generó molestia a lo interno del TSE y se cuestiona que un funcionario, a pesar de su conocimiento y experiencia, critique las resoluciones de los magistrados.
“Utilizando para ello, una resolución de más de 4 años de haberse emitido, haciendo creer a la población en general que se hizo un mal manejo de fondos públicos en favorecimiento de un partido político, dando a entender que ese Tribunal se encuentra corrompido en su seno y que puede estar alterando la imparcialidad electoral que le ha caracterizado e incluso ha sido motivo de réplica y felicitaciones internacionales, siendo motivo de orgullo nacional, demostrando el aquí investigado una total subjetividad, falta a las obligaciones contractuales con la institución, desconfianza, prácticas laborales desleales que sobrepasan lo permitido en su calidad de empleado público, lo que conlleva una evidente pérdida de confianza ante la transgresión a su deber de probidad, el cual es el principio rector de cualquier funcionario estatal”, se lee en la recomendación.
López en su defensa llama la atención a esa interpretación: “Resulta ser que ahora no se puede criticar en este país, en este Estado Social y Democrático de Derecho, una resolución de un juez de la República, Dios nos libre si por cada crítica que hacen por ejemplo a la Sala Constitucional va a resultar un funcionario acusado o con la apertura de un procedimiento abiertamente temerario como el que siento estamos convencidos corresponde a este procedimiento.
Y decía por qué creímos importante hacer estas manifestaciones, esta crítica constructiva, hemos aclarado siempre que todas las gestiones incluyendo las de las denuncias que hemos hecho, que ya algunas están en vía judicial, en el Ministerio Público y están en la Procuraduría de la Ética, llevan intrínseca el fin primordial de transparentar las labores del Tribunal Supremo de Elecciones, mejorar esa imagen que ha venido decayendo con el paso del tiempo y subsanar todos los entuertos que todos los que trabajamos acá, arbitrariedades y abusos sabemos que se están cometiendo”.
Además el informe hace referencia a que estas publicaciones de carácter político-electoral pueden generar un clima de “inestabilidad social”. Se incluye en ese argumento la situación que vive el país con el Covid-19, aunque la nota en referencia se publicó en agosto del 2019, es decir 7 meses antes de que la pandemia llegara a Costa Rica.
“Es conocido por todos que, los temas político-electorales generan roncha en la población en general y cualquier suspicacia o sugerencia de una actuación ilegítima acarreará inestabilidad social, que en momentos tan difíciles como los que actualmente atraviesa el país, derivados de los efectos devastadores de la emergencia nacional sanitaria, producto de la propagación del virus del Covid-19, puede degenerar en amagos de violencia y sublevaciones, agravando la tensión social y psicológica por la que atraviesa la ciudadanía”, indica la recomendación.

NO ES DEFINITIVO

El letrado Cambronero dijo que la administración del TSE no puede dar mayor detalle sobre el caso, ya que se trata de un proceso disciplinario de acceso limitado.
Agregó que el caso en particular no ha entrado a conocimiento del Tribunal, es decir de los magistrados.
La recomendación debe ir a conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales para que se pronuncie, ente donde hay representación de los dos sindicatos de la institución.
Luego pasará a conocimiento de los magistrados, pero será conocido por un tribunal de suplentes, ya que desde que se inició el expediente los magistrados propietarios presentaron inhibitorias del proceso.