La Fiscalía en su laberinto

Andrés de la Trinidad Olsen Villegas

El Ministerio Público de Costa Rica fue creado con la finalidad clara de ejercer la acción penal de manera objetiva e imparcial teniendo como norte el sometimiento a la Constitución y las leyes.

A lo largo de los años el órgano fiscal ha tenido grandes aciertos, al igual que ha debido enfrentar terribles y vergonzosos fracasos, lo anterior no solo como un órgano muy visible en el Valle central, sino en toda la República. Es parte normal de dicho desarrollo la adquisición de una sabiduría que evite replicar los errores del pasado, pero parece que pasa lo contrario, sin razón alguna la memoria institucional luce vacía y se encuentra atorada entre convertir al Ministerio Público en la parte acusadora que se espera que sea o bien en transformarlo en una máquina insaciable e indiscriminada de acusaciones y condenas; todo con el fin de solucionar problemas que la incapacidad política de otros órganos del Estado (y que no pertenecen al Poder Judicial) han arrojado tanto a la Fiscalía como al aparato de justicia penal.

Años de política criminal populista que brotó de los órganos del Poder Ejecutivo y Legislativo provocaron un laberinto en el cual, tal minotauro, la Fiscalía se convierte en un ser que poco a poco ha estado perdiendo su identidad, pasando a transformarse en un ente que solo busca saciar el apetito voraz que tiene nuestra sociedad de enviar a la cárcel a cuanta persona sea posible.

Y aquí empieza una reflexión importante: el modelo de Justicia penal costarricense no busca meter a las personas a la cárcel como un medio de castigo por cometer un delito, asume el modelo que se ingresa a dicha persona para que, a través de mecanismos de reinserción social, esta regrese a la vida en sociedad transformada y en condiciones mejores para reintegrarse a sus congéneres. Sabemos que esto es una utopía, porque el modelo está lleno de vacíos que han impedido que efectivamente se logre el fin que tiene la pena de prisión en nuestro país.

Ahora bien, nos topamos con una Fiscalía que no hace más de 3 años vivió junto con el Poder Judicial una crisis de credibilidad por la presunta infiltración de intereses no compatibles con el deber de probidad; y que aún hoy siguen a la espera de determinarse la verdad real de los hechos de aquel momento ante los estrados judiciales.

En esa oportunidad debimos no solo como institución, sino como sociedad, el haber aprendido las lecciones que tanto el pasado reciente como lejano nos han dado este tipo de escándalos, en los cuales se cuestiona la integridad no de las personas, sino de las instituciones. Esto es vital para poder sostener la credibilidad de nuestro sistema democrático.

Sin embargo, hoy entramos a una nueva recesión en el Ministerio Público, en la cual se vuelve a cuestionar la integridad institucional y la probidad de los funcionarios de la Fiscalía. Lo anterior me provoca un gran dolor y pesar porque el hecho de que se cuestione a un representante del Ministerio Público hace que se tenga que cuestionar todo el sistema de Justicia penal.

Si se cuestiona la probidad de un fiscal o de una fiscala, si su comportamiento deja en tela de duda su integridad ética como representante de la acción penal, con qué autoridad moral dicho funcionario o funcionaria se va a parar frente a un juez o jueza de la República a solicitar se impongan medidas cautelares, sea de prisión preventiva o cualquier otra, pida la condena en contra de una persona a la cual hay que demostrarle su culpabilidad, con qué valor me paro frente a la comunidad y le digo que se está procurando hacer justicia; cómo le digo a una víctima que ha sufrido un ultraje en su dignidad por un delito sexual que todo va a salir bien y que vamos a atrapar al responsable de estos hechos, por ejemplo.

La crisis que tiene el Ministerio Público en este momento no es una crisis de legalidad o una crisis por la falta de controles que la misma normativa le encomienda, tanto dicho órgano como a los órganos que componen al Poder Judicial están crisis por una incompatibilidad entre lo que es realmente un Ministerio Público en un rol de ente acusador en una democracia y lo que la sociedad pretende que se haga, como si estuviéramos en un circo romano, en el que se lanzan a los criminales a los leones para tranquilidad y entretenimiento de las masas.

Las cosas como son, la Fiscalía debe tener personas idóneas en sus jerarquías, pero sobre todo, que tengan claridad de que están trabajando para la aplicación de la ley y no para, como decía cierto escritor costarricense ya fallecido, poner feliz a “la gradería de sol”.

Lo anterior solo se va a lograr cuando la cabeza del Ministerio Público entienda que las decisiones que se deben tomar se deben mantener aun cuando la sociedad o grupos de esta manifiesten su inconformidad. Luego de esto, ha de realizar una reestructuración total no de la Fiscalía, sino de las leyes penales que están vigentes en nuestro país y revalorar que muchos de estos comportamientos que llegan a estrados judiciales son generados por desigualdades, faltas de oportunidad y problemas sociales que deberían de ser atendidos desde sus orígenes y no que los pasen a la corte para atender sus consecuencias.

El Ministerio Público está lleno de personas muy valiosas y valientes, dispuestas a trabajar por el bien del país y, contrario a lo que muchas personas piensan, estos funcionarios han dejado y siguen dejando la sangre en la oficina para sacar adelante todos y cada uno de los casos.

Exhorto a los órganos responsables y a los máximos jerarcas que van a tener en sus manos en el futuro inmediato el destino del único órgano que nos puede salvar de vivir en dictadura, que cuando elijan a la persona que lleve los destinos de la Fiscalía, no solo tenga los atestados académicos necesarios, sino que, además, dicha persona posea un buen corazón y la sabiduría necesaria para guiar a la Fiscalía en el laberinto que se ha sumido en los últimos años.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Martes 13 Julio, 2021

HORA: 12:00 AM