Diario Extra - 'Empleo Público viola derechos humanos'

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Facultad de Derecho señalan que el proyecto de Empleo Público violaría los derechos humanos de los funcionarios del aparato estatal y, además, tendría roces de inconstitucionalidad.
El criterio emitido por la UCR detalla que el expediente 21.336 (que actualmente analizan los magistrados de la Sala Constitucional) “violenta los derechos humanos en el empleo público, al prohibir las negociaciones colectivas y los medios de solución de conflictos colectivos”, además de “vulnerar el derecho a la libertad sindical”.
“Desde el punto de vista jurídico, cualquier proyecto de ley debe respetar lo dispuesto por la Constitución Política y debe respetar los derechos humanos”, cita el informe.
También, se denuncia que el proyecto de Empleo Público “centraliza el control y establece unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo”, al punto de considerar que la iniciativa de ley parte de “tesis autoritarias y unilateralistas”.

MÁS CUESTIONAMIENTOS

Otro de los puntos cuestionados por la UCR es el salario global.
De acuerdo con la casa de enseñanza, el salario global planteado por el texto “tiende a convertir las remuneraciones en instrumentos de política económica, fácilmente congelables o disminuibles con objetivos fiscales, violando la naturaleza de los salarios establecida en la Constitución Política”.
“El actual proyecto de Empleo Público genera centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales”, apuntan.
Incluso, mencionan que el salario global “impide la negociación colectiva sobre salarios y pluses, en violación de lo señalado expresamente por la Sala Constitucional”.
Del mismo modo, la UCR cuestiona que, si la intención del plan es favorecer una mayor igualdad salarial, contrario a limitar la negociación colectiva y la fijación de sueldos, “debió haber fomentado la posibilidad de negociar convenciones colectivas por rama de actividad, sector, región o cadena de valor como mecanismo para igualar condiciones de trabajo en el empleo público y extender su aplicación a empresas que contraten con la administración pública”.
Por otra parte, la Rectoría acusa que el expediente, impulsado por el Poder Ejecutivo, viola el régimen de autonomía constitucional establecido para las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las universidades públicas.
“La pretensión del proyecto de ley de subsumir en un régimen único de empleo público el régimen universitario implicaría no sólo violentar el régimen de independencia que es común a las instituciones autónomas, sino violentar específicamente el contenido y alcances de un régimen constitucional diferenciado, de mayor grado de independencia y autonomía exclusivo de las universidades estatales”, menciona el informe.
Otro de los cuestionamientos en contra del expediente 21.336 es que se otorguen al Ministerio de Planificación (Mideplan) o a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), siempre en coordinación con el Ministerio de Hacienda, una serie de competencias que, por una parte, van más allá de los elementos previstos en la Constitución Política o en su defecto la contradigan.
“Dicha situación genera tensiones y contradicciones con normas constitucionales relacionadas con la autonomía administrativa en sus diversas modalidades y con las garantías sociales”, añaden
Incluso, agregan que la iniciativa crea un “Sistema General de Empleo Público” y coloca al Mideplan como su ente rector, pero “sus funciones no se limitan a establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas y los lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia del empleo público, como se expresa en el proyecto, porque la realidad es que las competencias que se pretenden otorgar a dicho Ministerio, o a la Dirección de Servicio Civil en alguna versión, invaden la materia de administración de los recursos humanos de las entidades descentralizadas”, concluyen.