El techo de los inocentes

Álvaro Chaves Sánchez*

En nuestro país cada día nos sorprende la cantidad de asentamientos en precarios y tugurios la mayoría en el Área Metropolitana, sin eximir de estos algunas zonas cercanas a la costa, es decir no hay una sola provincia del país que esté libre de esta problemática social, la desigualdad entre grupos humanos debemos saber que no es reciente ni exclusivo de un país, sino que es universal, pero esto no debemos usarlo como excusa para ignorar los hechos, el uso y ocupación ilegitimo de la tierra es tan antiguo que de él se hacía mención desde la épocas de Justiniano en la antigua Roma, es decir la posesión de la tierra en forma ilegítima nace por medio de una decisión unilateral en la que una persona o grupo de personas se adueña temporalmente de un bien que ya tiene dueño o sea estaba asignado a alguien por medio de los recursos legales como es la titulación o escrituración registral, debemos hablar de invasión de tierra cuando se está violentando el derecho ajeno.

Hay que tener claro que la convivencia pacífica en sociedad es un principio en un Estado de Derecho. En nuestro país, en la Constitución Política de 1949 el título V trata sobre Derechos y Garantías Sociales, el artículo 50 señala “El Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país.”. Y el artículo 65 señala específicamente, “El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador” sustentado en estos principios constitucionales desde los años 40 se han hecho ejercicios para buscar soluciones aquel incipiente problema de la falta de techo digno para la familia, fue así que en el año 1940, por medio de la Ley 37, nace la Junta Habitacional, posteriormente en 1942 se creó por medio de la Ley 192 la cooperativa de casas baratas, luego por medio de Ley 148 de 1945 se da la fusión de la CCSS y la Junta Habitacional, durante el año 1954 se creó el INVU, en 1969 el Decap fue una figura dentro del Banco Crédito Agrícola que también buscaba dar alguna solución a esta necesidad y durante la década de los años 70 se suman otras entidades como el IDA, INS, IMAS y las mutuales, pero con el crecimiento de la población lógicamente crecía el número de necesidades habitacionales, fue así como en el año 1986 se creó el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) mediante la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la Republica # 7055 del 22 de diciembre, de la cual tuve la dicha de ser partícipe. Este mismo año nace una nueva entidad, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el Banco Hipotecario de la Vivienda por medio de la Ley 7052, se empieza hablar y generar los “bonos para viviendas de interés social” y entran en acción las Mutuales, cooperativas, banca y fundaciones, dándose de esta forma una gran dinámica en la construcción de viviendas como nunca antes se había logrado, sin embargo la solución continuo siendo parcial, debido entre otras cosas al efecto de las migraciones que huyendo de la guerra en Centroamérica se vinieron a establecer aquí, y lógicamente requerían tener un techo, esto generó un mayor déficit habitacional y surgieron más asentamiento en precarios y tugurios. Hoy debemos admitir que hay miles de niños y niñas, mujeres jefas de hogar, ancianos y trabajadores informales, que sobreviven en estos sitios insalubres, carentes de servicios básicos, áreas recreativas, equipamiento productivo y social. Quiero señalar que esos miles de compatriotas en su gran mayoría necesitaban un bono de vivienda para ayudarse a construir un techo digno, ellos son las víctimas inocentes de extrañas negociaciones que algunas veces se hacen bajo la mesa por algunos que están carentes de sensibilidad social. Cuando nosotros sumamos las cifras de dinero que nos dice la prensa que se han esfumado o se les cambió el destino en forma inconsulta, apartándose de las obligaciones presupuestadas como se cree que fue el caso del llamado “hueco fiscal”, si hacemos la sumatoria de 20.000 millones en la trocha fronteriza, 900.000 millones del hueco fiscal y 78.000 millones de colones en peculado y otras licitaciones, llegamos con solo esos tres hechos a la hermosa suma de 998.000 millones de colones, con los que se podía haber generado 142 mil bonos de vivienda de siete millones cada uno, esto quiere decir que a más de 140.000 inocentes ciudadanos que soñaron en tener un humilde techo les fue arrebatado su sueño, ellos tendrán que seguir viviendo en dolorosas y desiguales condiciones habitacionales porque la avaricia de algunos parece no tener límites.

*Escritor

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Sábado 03 Julio, 2021

HORA: 12:00 AM