Corrupción y estafa ideológica
Gerardo Castillo Martínez
En los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con la era Reagan en Estados Unidos de América y de Thatcher en Inglaterra, en nuestro país se desarrolló una campaña ideológica de libre mercado apoyada en el programa de las Administraciones Monge Álvarez y Arias Sánchez (1982-1986 y 1986-1990, respectivamente) de la Agricultura de Cambio (substitución de productos agrícolas tradicionales para que fueron promovidos aquellos que tenían demanda internacional en esa época), que se complementó con lo pactado en los Convenios de Estabilización Financiera con el Fondo Monetario Internacional (préstamos condicionados a la reducción del déficit fiscal), en los de Ajuste Estructural con el Banco Mundial (crédito supeditado a la reestructuración de la economía y a la disminución del déficit fiscal), y en los suscritos con el Gobierno de los EE.UU. (PL-480, desestímulo de los granos básicos locales para importarlos de ese país, y los de Estabilización y Recuperación Económica, préstamos al sector privado a través de la banca pública y particular para financiar la importación de productos de ese país), cuyo propósito global era convencer a la sociedad costarricense de que el sector privado, con el respaldo subsidiario del Gobierno, tenía que ser el promotor económico de los destinos del país ante la nueva realidad que se perfilaba en el mundo. Hubo un eslogan publicitario en ese tiempo que decía: “Exportemos, porque exportar es bueno”.
Con la consigna neoliberal en boga de que el “Estado es el problema y no la solución”, se erigió al sector privado como el agente más capacitado para distribuir mejor los recursos en el mercado, el más eficiente para asignarlos según la rentabilidad esperada, el más productivo por unidad de tiempo, el que generaba “más libertad”, y otras justificaciones por el estilo, todo con el fin de que se aceptara socialmente el papel inevitable, redentor y mesiánico de los empresarios en el aumento de la riqueza nacional con la cual, a través del “chorreo de la mesa de los ricos”, se lograría el bienestar de la población en general. Parte esencial de la estrategia fue el nombramiento de personalidades de la empresa privada ligadas a la economía emergente, conocidos como “empresarios políticos”, en puestos relevantes en el Gobierno para gestionar el apuntalamiento de aquella, y que fue el resultado de la recomposición de las fuerzas políticas que empezaron a controlar el Estado.
Esta visión de la posición indiscutible y de fe ciega en el sector privado en la economía continuó en los gobiernos de Calderón Fournier (1990-1994), Figueres Olsen (1994-1998), Rodríguez Echeverría (1998-2002), Pacheco de la Espriella (2002-2006) y la segunda Administración de Arias Sánchez (2006-2010), con la diferencia de que hubo un punto de inflexión en términos de una mucho mayor participación de los empresarios, en este caso específicamente los ubicados en el ramo de la infraestructura (puertos marítimos, aeropuertos, carreteras, puentes, mantenimiento vial y otros), a partir de la promulgación, en 1998 de la Ley de Concesión de Obra Pública, normativa que permitió la inversión directa del capital privado, local e internacional, en la construcción y administración de servicios del Estado que antes estaban reservados al Gobierno, y que en el caso de la infraestructura vial estuvo en el MOPT.
En este ministerio se creó, en 1999, una oficina específica para atender las necesidades de la inversión en la red nacional, a saber, Conavi. El reciente descubrimiento del entramado de corrupción vino a dar un mentís y a contradecir las afirmaciones que venían sosteniendo diferentes gobiernos y cúpulas privadas desde 1982. Se nos hizo creer, por el persistente discurso socializado desde entonces, que además de ser eficiente, la empresa privada estaba libre de cualquier sospecha de “comprar conciencias” pues la racionalidad y la objetividad en el uso de los recursos, cual axioma de la Economía enseñada en los libros y en la academia, es lo que iba a primar en las decisiones públicas o privadas. Se nos estafó ideológicamente. Sin pretender generalizar a todas las empresas, en donde encontramos sin duda personas y prácticas honestas, lo acontecido con el revelamiento del caso “Cochinilla” es una demostración clara de que no existe una separación ética e ideológica entre Estado y sector privado, sino que lo que hay son seres humanos susceptibles de pervertirse por el dinero.
*Politólogo
