Alejandro Navas Carro, director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad Costa Rica, calificó que existe un claro conflicto de intereses con algunas empresas constructoras contratadas por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), donde a una sola empresa se le paga por hacer la obra y también se le otorga la conservación de esta.
Pero, además, con el agravante de que, en las inspecciones que esta entidad autónoma y fiscalizadora realiza en los proyectos, ha descubierto cómo estas compañías aplican materiales de menor calidad, lo que pone en entredicho la vida útil de la obra.
Navas fue la primera persona que los diputados que conforman la comisión investigadora del expediente Cochinilla llamaron para ahondar en lo ocurrido en este caso.
La diputada liberacionista Paola Valladares señaló que en los informes de Lanamme se refleja la recurrencia de estas prácticas por parte de empresas cuestionadas que pareciera incumplen a propósito el manual de especificaciones técnicas establecido.
Además, al ser la misma empresa constructora la adjudicataria de la conservación vial de la obra, tiene la posibilidad de reparar lo que ella misma hizo mal.
El diputado Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, consultó al representante de Lanamme si esta práctica (que la misma compañía contratada para hacer la obra sea la que también haga el mantenimiento) es lo ideal y si esto era constante.
Su respuesta fue un claro no, menos aún si es el mismo proyecto, aunque aclaró que “sí es muy usual, es una práctica histórica que sea la misma empresa”.
“Hay evidencia de que muchas empresas tienen todo lo que es obra nueva y luego se les adjudica la conservación de esas mismas obras, es muy común. Sí diría que es un conflicto de interés, que el mismo que construye sea el que repare y se le pague por lo mismo”, afirmó Navas.
GARANTÍAS SOCIALES
Uno de los ejemplos que se discutieron en la comisión fue construcción de la capa asfáltica del viaducto de la obra en la rotonda de las Garantías Sociales, obra que fue adjudicada a la empresa MECO y supervisada por una empresa hermana y que es parte de la investigación del expediente del caso Cochinilla.
El Lanamme hizo un estudio sobre la calidad de esta obra, que presentó a mediados del 2020, donde se indica que el acabado del pavimento podría generar daño en los vehículos.
Es decir, se pagó por un producto más caro del que se colocó en la obra, el cual tiene problemas de fatiga, con esfuerzos bajos que producen agrietamiento. Esto afecta la vida del asfalto, lo que hará que en los primeros 5 años se vean los problemas.
El director del Lanamme confirmó que se entregó el informe al MOPT, pero no hubo respuesta, ni tampoco se implementó ninguna de las recomendaciones. Además, que los informes de esta entidad no son vinculantes.
MENOR FISCALIZACIÓN
El otro tema que salió a relucir en la audiencia fue el recorte de recursos que se le hizo al Lanamme en el presupuesto nacional por cerca de ¢1600 millones, que representa el 40 % de su presupuesto.
Navas indicó que le han enviado cartas al ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, para solicitarle que al menos se les reintegren ¢900 millones para poder continuar con su labor de fiscalización, pero hasta el momento la respuesta es nula.
Los recortes al Lanamme también podrían generar que haya menos control y que de esto se aprovechen algunas empresas que mantienen estas prácticas irregulares.
“Para mí no tiene explicación (que no se haga ese presupuesto para recuperar su capacidad de fiscalización) y con todo lo que ha salido en la prensa sobre las irregularidades, pues sería lógico reforzar al Lanamme”, indicó Navas.
El frenteamplista José María Villalta cuestionó cómo el ministro Méndez Mata defiende que se le dé más presupuesto para seguir pagando contratos a MECO y H Solís, a las que llamó “empresas corruptas”, pero no viene a defender un presupuesto para el Lanamme a pesar de que fue una promesa hecha.
NOTA EXTRA
Este jueves, la diputada liberacionista Aida María Montiel, junto con otros legisladores, presentó el expediente 22.572, una reforma del artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, para que los informes y recomendaciones del Lanamme sean vinculantes.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 02 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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