¿Justicia? ¿Pronta y cumplida?

Editorial

Dice el escritor estadounidense Paul Auster que “si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.

En medio del contexto actual por el caso Cochinilla, en que se investiga una aparente red criminal con perjuicios por ¢78 mil millones, esa frase se torna cercana, llena de sentido y lógica para la ciudadanía costarricense.

El asunto ganó relevancia desde el 14 de junio pasado cuando se produjeron los allanamientos en Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otros 54 puntos adicionales a lo largo y ancho del territorio nacional.

En algún momento hubo extrañeza porque la mayoría de las adjudicaciones para infraestructura nacional se entregaran siempre a las mismas empresas, MECO y H. Solís, a tal punto que sectores vinculados al transporte criticaron supuesto tráfico de influencias hacia estas compañías.

Sin embargo, hasta el momento en que se dieron los allanamientos ese secreto a voces que se llegó a manejar en su momento obtuvo credibilidad con la orden de allanamiento, tras una indagación en el que empresas habrían pagado dádivas a cambio de verse beneficiadas en los procesos de adjudicación.

Cuando se leen las transcripciones de las intervenciones telefónicas que hizo la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en donde se extrae que los presuntos implicados descaradamente habrían planificado sus acciones para enriquecerse, al parecer de forma ilícita, las medidas cautelares impuestas a quienes permanecieron en prisión durante estas últimas dos semanas al final resultan totalmente risibles.

Si el Ministerio Público había solicitado un año de prisión para 14 personas, incluidos Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO y Mélida Solís, de la compañía H. Solís, y que a ellos dos lo único que se les pidiera para volver a su rutina fuera el pagar una fianza por $8 millones entre ambos, eso evidencia la enorme desigualdad de acceso a la justicia en nuestro país.

El peso de la ley debe caer sobre quienes cometieron hechos ilícitos y si existen pruebas de ello, llámese como se llame, la ley rige por igual para todos. Incluso cuando no se debe perder de vista el principio de presunción de inocencia, es inconcebible que tras semejante cantidad de hechos deshonestos listados en la acusación se necesite solo dinero y un abogado con buenas conexiones para que “se haga justicia”.

Bueno, pero si un hombre deja de pagar la pensión alimenticia por falta de trabajo, puede ir preso, y entonces sí parecen bien aceitados los engranajes de la justicia, envalentonada en castigar a los infractores, que son tratados como la peor de las escorias… O si alguien roba de un supermercado unos cuantos productos porque tiene necesidad podría ir preso tres años, pero Dios guarde que quienes tengan los recursos económicos para pagar su justicia pasen un día más guardados en las celdas del OIJ, que se vayan de ahí para sus mansiones, con todos los medios para escaparse del país como han hecho otros en el pasado… En definitiva, somos igualiticos, pero unos más que otros.

Duele recordar todo el despliegue que se hizo el 14 de junio para que dos semanas más tarde permanezcan únicamente en prisión los dos máximos empresarios de las compañías constructoras más importantes de Costa Rica y que su salida dependa del pago de una cuantiosa suma de dinero para recuperar la libertad. Lo que el Poder Judicial le está diciendo a la ciudadanía es que mejor no denuncie los actos de corrupción o cualquier ilícito, que da lo mismo, porque al final la plata lo mueve todo. Y, también, les están diciendo a quienes planean robar que lo hagan bien, porque entre más grandes los montos obtenidos de forma indebida, mayor será la benevolencia de las autoridades.

Las sensaciones por la resolución de las audiencias de medidas cautelares de la jueza Carolina Lizano entre los costarricenses que aún tienen sangre en las venas fueron de decepción, impotencia y frustración. Como quien no quiere la cosa, se da a entender que, con el dinero presuntamente quitado a los ticos, los empresarios tendrán la posibilidad de pagar su fianza y ser libres.

Lástima que se bailaron a la población con base en el billete que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) les dio por concepto de adjudicaciones de obras y en donde vemos que muchas tuvieron sobreprecios o se edificaron con materiales de mala calidad.

La cosa de por sí venía oliendo mal cuando Emilia Navas, fiscal general de la República, se inhibió del caso ante el Ministerio Público porque su esposo, Francisco Campos, es abogado defensor de la empresa MECO.

El caso se puso más hediondo cuando DIARIO EXTRA reveló que en la orden de allanamiento se citó a Campos que se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa MECO al momento en que se produjeron los allanamientos. Los costarricenses ya no comen cuento y saben cuándo algo no anda bien.

Al respecto, la fiscal optó por el camino más fácil: acelerar su jubilación para evitar cualquier tipo de cuestionamiento adicional en momentos en que de por sí su imagen se deterioró considerablemente. Funcionario público es funcionario público, indistintamente del género o el rango que ostenta.

En Costa Rica se aplica la justicia pronta y cumplida para los más humildes, para los desconocidos y los que no tienen la influencia política a la cual atenerse. Al final, ¿estamos en medio de otro show mediático en que se revuelven las aguas para que al final, por enésima vez, se perpetúe la impunidad?

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 28 Junio, 2021

HORA: 12:00 AM