Las líderes de una organización que se dedica a falsificar, vender y distribuir documentos en Desamparados de Alajuela fue desarticulada este jueves por la Policía Profesional de Migración (PPM).
Las sospechosas figuran con los apellidos Chávez Campos (costarricense) y Moreno Maradiaga (nicaragüense). La investigación para capturarlas se inició en setiembre del 2020.
A las mujeres se les realizaron allanamientos donde se les ubicó evidencia que reafirma la actividad ilícita.
Las féminas realizaban estas falsificaciones con documentos públicos y privados, entre estos se encontraban los carnés provisionales de permiso laboral para personas refugiadas, que se emiten por la Dirección General de Migración y Extranjería.
Además, lucraban con la confección de licencias de conducir, carné de manipulación de alimentos, títulos de educación básica y bachiller en educación media.
Las sospechosas les solicitaban a extranjeros con condición migratoria irregular que les brindaran sus datos personales, así como fotografías tamaño pasaporte, las que debían ir con fondo blanco, así como que firmaran una hoja.
Una vez que Chávez Campos elaboraba los documentos en su vivienda, para entregarlos cobraba montos entre los ¢25 mil y ¢60 mil, dependiendo del trámite que tuviera que realizar.
INSPECCIÓN
La PPM indicó que realizó inspecciones migratorias a varias empresas, donde detectó que varios de esos documentos eran irregulares.
En apariencia los extranjeros utilizaron las identificaciones para obtener certificaciones de antecedentes penales, abrir cuentas bancarias y realizar trabajos formales en empresas alimentarias.
En los allanamientos se les incautaron siete celulares, tres impresoras, dos guillotinas, una impresora de carnés y una cámara digital.
También una computadora y una tarjeta de memoria, así como implementos utilizados para la creación de los documentos e identificaciones falsas y más de ¢4 millones en efectivo.
“La Policía de Migración continuará con este tipo de investigaciones que no solamente configura un delito, sino que además se expone la seguridad pública y nacional al falsificar documentos sensibles que son utilizados en diferentes actividades", dijo Stephen Madden, director de la PPM.
De acuerdo con la entidad, estas sospechosas se encuentran expuestas a una pena de 1 a 6 años de prisión por los delitos de falsificación de documentos públicos y auténticos.
Por otra parte, se exponen a tres o seis años de prisión por el delito de venta o distribución de documentos públicos y privados.
A las mujeres se les trasladó a los Tribunales de Alajuela, donde la Fiscalía Adjunta indicó que tomará la declaración indagatoria de las imputadas para definir su situación jurídica, así como la posibilidad de solicitar medidas cautelares.
La causa se encuentra bajo el expediente 21-000265-0305-PE.
PERIODISTA: Marycruz Brenes Mejía
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Jueves 24 de Junio, 2021
HORA: 07:00 AM
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