¿De qué trató la reunión entre la fiscala general Emilia Navas y el auditor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Reynaldo Vargas, en el año 2018? Y si es cierto que se pidió colaboración a las autoridades judiciales, ¿se habrá prestado?
Lo que se ha dicho a la prensa es que trató de “temas generales”. Como es lógico no pudieron hablar del caso Cochinilla, pues todavía no había un expediente como tal, pero ya para esa fecha se supone existían informes de auditoría que alertaban que algo no andaba bien.
El Conavi manifestó este miércoles: “En relación con el punto anterior, aclaramos que si estos documentos están o no dentro de la causa 19-000025-1218-PE, esta auditoría lo desconoce, ya que no tiene acceso a esa causa y en el comunicado no indicó que los escritos fueran denuncias sobre ese proceso y no se pretendió que se interpretara así”.
La aclaración se hace luego de que el propio Conavi señalara que en esa reunión se habló de varios casos que en 2018 analizaba la auditoría interna ante las limitaciones para recabar prueba, cuyas acciones son propias de autoridades judiciales como el Ministerio Público.
En la institución adujeron que la auditoría mantiene una línea de informar a los entes competentes sobre este tipo de situaciones contrarias a la normativa vigente, todo dentro del alcance y limitaciones que la legislación les fija a las auditorías internas del sector público.
“Es evidente que, para obtener prueba con intervenciones telefónicas, videos u otros medios, en las acciones para determinar el accionar de eventuales organizaciones delictivas, solo el Ministerio Público tiene la facultad para realizar este tipo de diligencias. Las auditorías internas del sector público a lo sumo pueden obtener legalmente indicios y comunicarlos a quien por ley corresponda”, dijo el Conavi este miércoles.
Bajo ese escenario solicitaron una cita con la Fiscalía, que se realizó en octubre de 2018, referente a dos casos que tenían en proceso con las restricciones externas para actuar en la recopilación de pruebas.
“Así, las pruebas que debíamos obtener se ubicaban en empresas o eran comunicaciones privadas; y por eso solicitamos la reunión con el Ministerio Público para proponer y analizar en conjunto la posible cooperación de la auditoría, con el ejercicio de las competencias de ese órgano judicial. Posteriormente, se remitió al Ministerio Público lo desarrollado en el caso”, destacó el Conavi en relación con las labores de la auditoría.
Aclararon que no se pretendió indicar que lo realizado y actuado por la auditoría interna del Conavi esté relacionado con la causa 19-000025-1218-PE porque se desconoce el contenido de esta.
FISCALÍA LO PONE EN DUDA
La respuesta del Ministerio Público ante la consulta de este medio fue: “Me permito aclarar que los hechos en investigación de la causa 19-000025-1218-PE, conocida policialmente como caso ‘Cochinilla’, no fueron denunciados por algún funcionario del Conavi encargado del control interno ante el suscrito como fiscal adjunto de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta)”.
Agregaron que durante la reunión que alude el Conavi no fueron puestos en conocimiento los hechos investigados en la causa en cuestión o bien algún otro asunto constitutivo de delito que sirviera de noticia criminal para abrir alguna investigación penal de oficio, como consecuencia de la reunión de octubre del año 2018 con un personero de la auditoría interna del Conavi y en presencia de la señora fiscala general Emilia Navas Aparicio y el fiscal adjunto.
“Es importante destacar que la conversación sostenida con el auditor interno del Conavi en cuanto a los hechos tratados y revelados fue de carácter general; el funcionario siempre fue respetuoso de sus deberes legales y prohibiciones contenidas en los artículos 32 y 34 de la Ley General de Control Interno como auditor interno”, acotó Carlos Meléndez Sequeira, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, a través de la oficina de prensa del Ministerio Público.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Jueves 24 de Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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