La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que solicitó la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos, en contra de las empresas imputadas en el caso Cochinilla en donde están involucradas las constructoras Meco, H. Solís, Cacisa, Herrera e Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.
Esta es la primera vez que se hace dicha petición, la cual podría provocar que se paralicen las obras de construcción y ampliación de varias carreteras nacionales que se encuentran a cargo de dichas empresas.
“Estamos solicitando también la inhabilitación de sociedades, pidiendo como medida cautelar que se limite su participación a nivel legal con el fin de detener de alguna manera la acción de la estructura criminal”, confirmó el fiscal adjunto Glen Calvo.
Estas medidas estarían vigentes mientras se realiza el proceso penal y de investigación por supuesta corrupción en contra de las sociedades involucradas.
“La ley de persona jurídicas aplica directamente para dos tipos delictivos, que viene siendo soborno transnacional y la participación de las sociedades. Ya sabemos que parte de la estructura criminal tiene un entramado bastante difícil de comprender, societariamente hablando, esta figura legal es muy utilizada para desviar fondos, así como para incluir y desviar responsabilidades”, explicó Calvo.
De acuerdo con las autoridades, las constructoras se adjudicaron ¢78 mil millones en contratos de proyectos, gracias a las movidas a su favor dentro de las instituciones de gobierno.
PERIODISTA: Álvaro Valverde Loaiza
EMAIL: [email protected]
Sábado 19 de Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA