El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció esta noche una serie de acuerdos relacionados con el caso “cochinilla”, es decir, la investigación judicial relacionada con los presuntos pagos por sobornos a funcionarios públicos con el fin de generarles el camino fácil a los procesos de adjudicaciones.
Por medio de la sesión extraordinaria 36-2021 de este martes 15 de junio, el Consejo Nacional de Vialidad acordó una serie de medidas que buscan limpiar la imagen que se les deterioró a raíz de los allanamientos ocurridos ayer.
Dentro de las medidas acordadas se encuentran darle la potestad a la Auditoría Interna de Conavi que proceda a elaborar las investigaciones preliminares necesarias para los funcionarios involucrados en los supuestos casos de corrupción.
“Este Consejo apoyará a la Auditoría Interna del CONAVI con los medios adicionales que se requieran para cumplir con las actividades solicitadas. Requerir al Ministro de Obras Públicas y Transportes en su condición jerárquica, la instrucción para que la Auditoría Interna del MOPT participe de forma conjunta en dicha investigación.
Dada la trascendencia y la magnitud de lo denunciado, se insta a ambas Auditorías dar prioridad a lo requerido e informar a este Consejo mensualmente sobre los avances. Se da un plazo máximo de 30 días naturales para presentar un informe inicial. Adicionalmente, indicar las posibles medidas cautelares que se deben ejercer con los funcionarios que son señalados en la causa llevada por el Ministerio Público, esto en un plazo máximo de 10 días”, indicó el acuerdo.
El segundo acuerdo es que se ordena a la Auditoría Interna del Conavi que se efectúen las investigaciones preliminares a las empresas involucradas en los contratos administrados por el Conavi por los aparentes casos de corrupción denunciados en esta denuncia judicial. El plazo máximo para la presentación de un informe inicial es de 30 días.
Ordenan a la Auditoría Interna investigar si efectivamente se sustrajeron recursos financieros del Consejo, el modus operandi y el presunto destino final de los recursos, además del monto sustraído.
Se le pidió a los funcionarios del Conavi que faciliten la información que se requiera por parte del Ministerio Público, las auditorías internas y las instituciones de control para que se esclarezcan los hechos denunciados. Recursos Humanos se encargará de la notificación.
Otro acuerdo es que se promoverá una evaluación del sistema de control interno institucional que para detectar las debilidades y deficiencias que facilitaron las presuntas irregularidades denunciadas.
También se solicita la intervención de la Procuraduría de la Ética Pública para que investigue cualquier asunto contrario al deber de probidad en la función pública, mientras que a la Contraloría General de la República se le debe informar sobre el proceso penal para que se ejerzan las competencias establecidas por ley.
“El Consejo de Administración del CONAVI advierte que los proyectos financiados con recursos provenientes de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, son administrados por las Unidades Ejecutoras bajo la tutela de dicho ente, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Los proyectos de obra pública denominados como obras impostergables (OBIS) dentro de la Ruta 1, Fideicomiso San José – San Ramón, son ejecutados, administrativa, técnica y financieramente por el fideicomiso con el Banco de Costa Rica.
Los proyectos financiados a través de recursos provenientes de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica son administrados, en su mayoría, bajo contrato con la UNOPS, agencia de las Naciones Unidas que los ejecuta administrativa, técnica y financieramente”, citó el Conavi en otro acuerdo.
Por último se acordó continuar con el monitoreo para el desarrollo de las denuncias como corresponde.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Martes 15 de Junio, 2021
HORA: 10:30 PM
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