Aunque dejó claro que el financiamiento de partidos políticos no es su campo y le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el magistrado Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, recomendó a los diputados centrar las luces en el mecanismo mediante el cual se financian las campañas para que el narcotráfico no incursione en la política nacional.
Castro compareció este martes en la comisión especial legislativa que investiga la penetración del narcotráfico en la Zona Sur y en los partidos políticos.
“Debe ponerse más el reflector en ese tema (financiación de las campañas políticas) porque la determinación de esa penetración (del narco) no es fácil, incluso a través de lo penal, pero sí es evidente que la posibilidad de penetración es muy alta porque quien está en campaña está muy urgido de dinero y esa urgencia lo puede llevar a tener la tentación u omisión o el error de recibir dineros que lo comprometan”, advirtió el alto juez.
La semana anterior en esta misma comisión legislativa, el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, reconoció que el mecanismo de financiamiento tiene portillos que pueden facilitar esa penetración.
Se debe recordar que hoy la contribución estatal de los partidos (es decir, la deuda política) opera como un modelo de reembolso después de las elecciones y tiene el grave problema de que no llega de modo oportuno ni equitativo a todas las agrupaciones políticas, que cada vez tienen costos más crecientes en las campañas.
Además que los partidos buscan financiarse por medio de la banca, generalmente la privada, donde una sola entidad termina financiando a varios partidos, y otras cierran las puertas a las agrupaciones que por ejemplo no aparecen en las encuestas o tienen poco apoyo de los votantes.
Para Cruz se debe buscar la forma de tener un régimen de financiamiento de campañas transparente, en el que el Estado les dé mucho respaldo a los candidatos, para evitar que el narcotráfico penetre en elecciones locales para financiar candidatos.
Explicó que el flagelo del narcotráfico también se puede combatir con políticas preventivas y pidió que se actúe con la experiencia y la malicia de los que están metidos en la política, que saben cómo se manejan esos temas. “Esa voz hay que escucharla”, insistió.
“Deben existir fondos públicos para quienes no los puedan obtener porque si no se convierte en una plutocracia y deben ser recursos públicos porque hay un interés público, para que la democracia sea real y no dependa de quien tiene el dinero para financiar y comprometa las ideas, donde están los grupos de poder fáctico o el narcotráfico”, agregó.
FALTAN RECURSOS
En cuanto a la labor que realiza el Poder Judicial contra ese flagelo, Cruz explicó que si bien desde 2017 el Congreso aprobó la creación de una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, la falta de presupuesto sigue siendo una limitante.
“Hay limitaciones de recursos presupuestarios, somos conscientes de la situación fiscal del país y por ello se ha postergado. El tema para la sofisticación en materia penal obviamente tiene un costo porque esta Ley contra la Delincuencia Organizada tiene que ver con una cantidad de personas funcionarias que dan protección a jueces, fiscales o personal que puedan ser amenazados y el crear otra serie de acciones que implican una ampliación de la planilla en las circunstancias presupuestarias actuales es difícil”, afirmó.
A pesar de que el Poder Judicial ha pedido a Hacienda y a los legisladores más presupuesto para implementar esta ley, la situación fiscal del país niega esta posibilidad.
Según el magistrado presidente, mediante un esfuerzo económico se dispondrá de ¢511 millones que se destinarían para atender algunos requerimientos en materia de crimen organizado, en aspectos como remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad.
Para que esto sea posible se requiere que este monto lo apruebe la Asamblea Legislativa.
Recomendó la revisión de figuras penales como la del testigo de la corona para corregir las deficiencias de la norma, sus limitaciones y mejorar su aplicación a partir de una colaboración eficaz, y la de anticipo jurisprudencial de prueba, que permita a la fiscalía agilizar su aplicación y el replanteamiento de las campañas como política preventiva, a partir de un régimen de financiamiento de campañas transparente.
Cruz considera la necesidad de emprender el Análisis de Redes de Impunidad para la revisión de los mecanismos de sanción, evasión y elusión fiscal, mismos mecanismos utilizados también por el crimen organizado y el narcotráfico, lo que demanda un fortalecimiento de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales.
“El ciudadano costarricense tiene la obligación de tributar, como lo hace el funcionario público”, puntualizó.
LO DIJO
“El narcotráfico es como un arma política de desacreditación, es un enemigo que lo teme el imaginario social y ese manejo requiere mucha prudencia de parte de las autoridades y de la Fiscalía porque cualquier cosa sirve para que alguien quede desacreditado. Es una de las cosas malas que tiene el derecho penal, sirve para estigmatizar injustamente”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 16 de Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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