Diario Extra - Escándalo de corrupción golpea imagen del presidente

A 11 meses para que concluya esta administración, el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada enfrenta sus horas más complejas y oscuras desde que asumió el cargo.
Este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una red de corrupción que incluye a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y que salpica a Casa Presidencial porque entre los investigados figura Camilo Saldarriaga, asesor, mano derecha y jefe de campaña de Alvarado.
Para el analista político Sergio Araya este escándalo de corrupción supera con creces lo sucedido con el Cementazo en el gobierno pasado e incluso el tema de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), por el cual la Fiscalía investiga al mandatario y ameritó un allanamiento en Presidencia en febrero de 2020.
Guardando las distancias en temas de montos, Araya lo compara con el gran escándalo de corrupción ocurrido con la empresa brasileña Odebrecht, que pagó millones de dólares en sobornos a presidentes y funcionarios de varios países del Cono Sur.
Este caso, que involucra a grandes empresas constructoras del país como MECO y H. Solís, supera en principio los ¢76.000 millones de fondos públicos perdidos, aproximadamente $123 millones. Es decir, cuatro veces más que el Cementazo, que en su momento se habló de $30 millones en créditos bancarios.
“Es quizás el escándalo más importante en materia de corrupción de los últimos tiempos, incluso superando los más recientes. Vive (el gobierno) uno de los momentos más oscuros, incluso superando el caso de la UPAD. Es un golpe muy duro para la imagen del presidente por la cercanía de su asesor y el alcance de la magnitud de lo que se gestó”, explicó Araya.

BURLA A LA DEMOCRACIA

Para Fanny Ramírez, analista en comunicación política, lo sucedido con este caso que las autoridades investigan desde 2019 es uno de los episodios más indignantes de este gobierno y deja al país y a la institucionalidad en una situación crítica.
“Esto es una piñata política que se la están sorteando los políticos de turno y algunos funcionarios públicos, a los que debe caerles también todo el peso de la ley.
Hace un año pasó lo mismo con la UPAD, y ni Carlos Alvarado, ni sus asesores dieron la cara a la sociedad costarricense. Hoy vuelve a pasar lo mismo.
Esto desde el punto de vista de la ciudadanía es una burla a la democracia costarricense y a lo que nos queda de las instituciones”, manifestó.

11 HORAS PARA HABLAR

Alvarado tardó 11 horas en emitir una declaración pública sobre el caso.
Usando las redes sociales, el mandatario emitió un rápido mensaje minutos antes de las 6 p.m., en el que rechazó que Casa Presidencial estuviera ligada al caso, más allá de lo ocurrido con su asesor, quien horas antes presentó la renuncia.
Dijo que la situación le genera “indignación, molestia y rabia”.
“Ahí donde hay un corrupto, también hay un corruptor, y ambos deben ser sancionados. Es mi deseo, igual que el del resto de las y los costarricenses, que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan”, agregó.
Lamentó que los esfuerzos por mejorar la infraestructura pública del país se vean manchados por lo sucedido.