El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) amarró alrededor de ¢250.000 millones en contratos con las empresas constructoras MECO y H. Solís entre 2018 y 2021.
DIARIO EXTRA publicó en marzo de 2018 que la administración de Luis Guillermo Solís dejó atados los contratos para que quien lo sustituyera les diera continuidad a los proyectos.
Las empresas hoy se encuentran bajo objeto de investigación por presuntos sobornos al momento de la adjudicación de las obras viales.
Los recursos formaron parte de la red vial nacional, cuyos recursos pertenecen al impuesto único de los combustibles y del derecho de circulación.
En el caso de la constructora MECO obtuvo un monto de ¢105.500 millones mediante 15 contratos, mientras que H. Solís amarró de la administración otros 15 acuerdos valorados en ¢102.200 millones, los cuales absorbieron el 80% de las obras adjudicadas.
CONTRATACIONES A LA MEDIDA
El Conavi efectuó contrataciones directas con el aval de la Contraloría General de la República (CGR) entre 2014 y 2016.
De 22 acuerdos de conservación de carreteras adjudicados en 2010, un total de 17 se entregaron a la firma H. Solís, lo cual le generó alrededor de ¢87.000 millones en 3 años, según publicó El Periódico del Pueblo en marzo de 2018.
Tres empresas recibieron la adjudicación del mantenimiento rutinario para trabajar 19 de las 22 zonas de conservación por un monto de ¢13.000 millones para un plazo de cuatro años.
Las firmas fueron Anamarcala con 13, Fresa Fresca con 2 y Also Frutales con 4. En el caso de las dos últimas tuvieron como dueños a 2018 a Alejandro Acosta y Sonia Solís, presidente y secretario en las sociedades.
Acosta es hermano de Roberto Acosta, presidente de la constructora H. Solís.
ESCÁNDALO EN PANAMÁ
Carlos Cerdas, presidente de MECO S.A., estuvo envuelto en un escándalo en 2017 por un aparente pago de sobornos en Panamá para acceder a proyectos de infraestructura pública.
Cerdas llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Sexta de Anticorrupción por $9,4 millones en diciembre de ese año para evitar el desarrollo de un juicio.
El caso se remonta al periodo 2011-2012, donde la Fiscalía canalera manejó inicialmente que la constructora nacional y otras 7 más habrían girado $40 millones en sobornos a altos jerarcas del Ministerio de Obras Públicas de Panamá.
La denuncia relató que una vez allí se transferían los montos a sociedades anónimas ubicadas en Hong Kong, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas.
La Fiscalía panameña registró en 2017 tres aparentes transferencias de MECO a cuentas de Blue Apple Service por $1,8 millones.
En Blue Apple Service, las empresas depositaron dineros con los propósitos de agilizar pagos y trámites en la institución canalera. La empresa anunció en setiembre que ya Cerdas no era imputado en el caso.
EMPRESA CUESTIONADA
La Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A. (Cacisa) se encuentra dentro del expediente que maneja la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Cacisa fue la firma encargada de supervisar la Trocha Fronteriza, proyecto de la administración de Laura Chinchilla que está inmersa en la polémica por posibles casos de corrupción.
El pasado 4 de mayo se cumplieron 9 años de que el caso de la Ruta 1856 no llega a juicio. El Ministerio Público acusó a 13 personas por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, cohecho propio, penalidad del corruptor y legitimación de capitales.
José Manuel Sáenz Scaglietti es dueño de Cacisa, él actualmente figura como secretario técnico de Concesiones y es el exesposo de Marcia González Aguiluz, exministra de Justicia y actual precandidata a la Presidencia por el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Sáenz, quien fue asesor en infraestructura de Carlos Alvarado en la campaña presidencial, fue nombrado en el puesto desde el 12 de julio de 2019, según informó en su momento el Poder Ejecutivo.
El jerarca tuvo que dimitir a la presidencia de la junta directiva de Cacisa en abril de 2018 porque el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa establece la prohibición de participar de forma directa o indirecta como oferente en procesos de contratación administrativa.
DETIENEN TÍO DE DIPUTADO
Edwin Castro Rodríguez, presidente de la empresa Montedes S.A., encargada del desarrollo de obras de infraestructura, fue detenido como sospechoso de los delitos de cohecho, penalidad de corruptor y tráfico de influencias.
Castro Rodríguez es tío de Erwen Masís Castro, diputado y precandidato por el Partido Unidad Social Cristiano (PUSC).
Algunos de los clientes de la compañía que preside Castro son justamente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Conavi y gobiernos locales, así como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Martes 15 de Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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