Licitaciones con tinte de corrupción

Editorial

Para entender qué es la corrupción en el ámbito de la administración pública echamos mano a una definición muy atinada y directa. “Se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada”. (Tomado de Ramírez Aguilera, Rafael; Ramírez Victoriano, Rafael (1997). Bilbao, ed. Breve Diccionario de la Política. Mensajero. p. 69-70)
Se cometen actos de corrupción cuando pagamos para que no nos hagan un parte o presionamos para adelantar un trámite en alguna oficina de gobierno. Estas dos maneras de proceder al entregar dinero a cambio de favores, quizá parezcan hechos menores, pero no por eso dejan de ser actos de corrupción.
Así como estas cosas del día a día son criticadas, aún más criticadas deben ser las acciones que implican dinero público como son las licitaciones, tal como sucedió en el Consejo Nacional de Vialidad, donde se detectó una serie de anomalías de este tipo.
Esto se destapó debido a una denuncia de alguien que posiblemente no se benefició o no logró entrar a la argolla. Esto puso en alerta a las autoridades que desde el 2018 empezaron a seguir la pista a más de un vivillo que recibía dinero, viajes, propiedades y hasta favores sexuales a cambio de favorecer empresas que participaban en estos concursos para ganar licitaciones de diversas obras de infraestructura.
Lo que se había manejado en su momento como un secreto a voces se concretó en una realidad tras los 57 allanamientos por presuntos pagos de sobornos para la adjudicación de obras públicas.
El Conavi es el ente encargado de la adjudicación de proyectos viales con el fin de mejorar la infraestructura del país, pero usualmente las empresas interesadas están atentas para untar las manos de ciertos funcionarios con capacidad de decidir a quién se otorga el proyecto.
Estamos a las puertas de uno de los escándalos más fuertes de la última década, quizá más que el cementazo, la trocha fronteriza y otros que trascendieron ante la opinión pública.
Se estima en ¢78.000 millones los pagos por sobornos, lo cual genera indignación y repudio de la ciudadanía, máxime en momentos en que el país enfrenta una situación de crisis fiscal severa y en que las autoridades son incapaces de impulsar la reactivación económica que se requiere para dinamizar la economía nacional.
La cosa huele mal cuando es notable que los contratos se amarran únicamente a dos empresas, MECO y H Solís, las cuales absorben el 80% de las adjudicaciones viales. Queda la duda si las autoridades del Conavi no consideran otras opciones que posiblemente puedan ofertar a un menor costo.
Resulta difícil entender por qué si existen varias empresas que pueden ofrecer un servicio de calidad, al final aparentemente impera el billete y los favorecidos siempre son los mismos.
Sabemos que la infraestructura vial enfrenta un rezago de muchos años y que Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, trata de rescatar una institución que se encuentra totalmente contaminada. A pesar de ser la cabeza del MOPT y los diferentes sectores reconocen su trabajo, esos funcionarios que se prestaron a la corrupción empañan esta labor de la que tanto presume la administración.
El Conavi debe ser intervenido con urgencia, más en momentos en que la institución se declaró prácticamente sin dinero para continuar con los contratos de mantenimiento y seguridad vial, los cuales estuvieron paralizados durante las últimas semanas.
No hay dinero para atender las calles, pero sí para pagar dádivas, sobornos y hasta favores sexuales, al menos así como lo señalaron las autoridades judiciales en su momento de intervención.
En cuanto a Casa Presidencial, sigue marcando historia con el segundo allanamiento en esta administración y aunque este es menor en comparación con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no deja de ser preocupante que la máxima sede del Poder Ejecutivo se vea manchada, algo que hace una década no se creía posible.
Seamos realistas, estas no son las únicas instituciones a intervenir, hay muchas en las que claramente suceden cosas anómalas a simple vista, así que imaginemos si se investigara todo lo que puede salir de ellas.
Esto se va a acabar el día que desde nuestros hogares le enseñemos a nuestros hijos a respetar los procedimientos, a entender que no todo se resuelve con dinero, pero sobre todo que es mejor vivir de manera tal vez “apretada” pero con la tranquilidad de que un día no nos van a botar los portones.
Bien decían nuestros padres que la plata mal habida se va como agua entre los dedos, por eso es mejor saber que aquello que tenemos lo hemos ganado honradamente.