Salud mental: otra deuda del Gobierno

Editorial

“Queremos subrayar el hecho para que no se entienda como una estadística fría: 21 trabajadores de la Fuerza Roja se suicidaron en dos años. En este país, insensibilizado por el constante conteo de muertes debido a criminalidad, lejos de pasar inadvertido, semejante número debe hacernos reflexionar”.

La salud mental es esencial para mantener en buen estado a la población, pero pareciera que ninguna autoridad hace nada para contrarrestar esta problemática que ahoga a cientos de familias con desenlaces fatídicos.

El mantener una mente sana depende de una serie de factores, de los cuales no solo son responsables cada uno de los individuos, entre ellos el entorno amigable, la sana convivencia y una estabilización dentro de la situación financiera que enfrentan las personas en su núcleo familiar.

Desgraciadamente, algunos de estos casos deben ser analizados con mucho detalle puesto que en algo estamos fallando como sociedad, porque algunas personas se desesperan al punto de buscar la salida que consideran más fácil, pero también la más dramática y dolorosa: el suicidio.

Sectores más vulnerables como los taxistas tristemente dejan claro cómo la están pasando sumamente mal porque el aparato estatal no está cumpliendo con sus funciones y los deja desamparados, lo cual empeora su situación laboral y acaba con sus posibilidades de mejorar económicamente, empujando a algunos a un trágico desenlace que bien pudo haberse evitado.

Alrededor de 21 trabajadores de la Fuerza Roja se quitaron la vida en los últimos dos años, según estadísticas de la organización Unidos por el Taxi, un movimiento que reúne a aquellos trabajadores que no se sienten identificados con las políticas actuales implementadas por el Poder Ejecutivo.

No es de recibo señalar que la crisis económica derivada por la Covid-19 fue el detonante para esa crisis económica de los costarricenses, sino que antes que se detectara el primer caso el 6 de marzo de 2020, ya la situación era insostenible para ellos.

La incursión de las plataformas digitales bajo la modalidad de transporte privado los tumbó fuertemente y los viajes comenzaron a desplomarse de forma considerable.

Si un taxista gana ¢10 mil en 12 horas, es mucho. Algunos tienen que hipotecar sus viviendas e incluso en busca de salidas solicitan algún préstamo conocido como “gota a gota”, que puede resultar como un salvavidas en el momento, pero, ante la imposibilidad de pagar, como ocurre en algunos casos, comienza la extorsión.

Y es que los problemas con ese asunto, según reconoció el propio Organismo de Investigación Judicial (OIJ), incluyen las amenazas, desde fotografías de la familia para tratar de intimidar, algún balazo a las afueras de la casa o hasta una golpiza, entre otros escenarios de violencia física y emocional. Es en esos momentos de extrema presión que quienes se ven acorralados optan por la autoeliminación, dejando a esposa e hijos más desprotegidos, como producto de la crisis económica.

Queremos subrayar el hecho para que no se entienda como una estadística fría: 21 trabajadores de la Fuerza Roja se suicidaron en dos años. En este país, insensibilizado por el constante conteo de muertes debido a criminalidad, lejos de pasar inadvertido, semejante número deben hacernos reflexionar sobre la falta que hace en el país enarbolar una verdadera política de salud mental y lograr que las instituciones actúen de acuerdo con las funciones que se les asignaron. En ambos apartados, el aparato estatal ha sido omiso o incapaz de resolver.

La solución no es cerrar las plataformas, como algunos sectores sugieren, porque al fin y al cabo son oportunidades de empleo que se requieren en momentos cuando el país no hace señas de poder generarlos. Recientemente, la estadística de desempleo en Costa Rica ronda los 422 mil compatriotas, cifra que va con una leve baja, pero preocupa porque aún sigue realmente alta, agravada por el panorama actual.

Lo que se necesita es equiparar la cancha, que estas plataformas cuenten con un marco jurídico que les permita operar de forma legal en Costa Rica y que sus trabajadores cuenten con su respectiva póliza de seguros e identificación para ofrecer el servicio, con el fin de llevar el bienestar e ingresos a las familias costarricenses.

Pero da la impresión de que nadie quiere actuar. Por un lado, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa mantiene frenada la discusión en el Congreso, por otro lado, el Ejecutivo no aporta nada para brindar una solución y tender una mano amiga a quienes se vieron drásticamente afectados por las erráticas, ambivalentes y camaleónicas políticas estatales.

Basta de excusas baratas, el pueblo los eligió para que gobiernen y legislen desde Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, respectivamente. Dejen de estar tirándose la bola para resolver una problemática que, aun cuando intenten invisibilizarla, miles de familias están pendientes de esa actividad porque dependen de ella.

El pueblo no necesita tantos subsidios o ayudas que sirven como paliativos, pero resultan insuficientes para alcanzar estabilidad y confort entre los trabajadores. Se requiere de una política de salud mental, de tratar este tema del transporte público con profesionalismo y que esa terrible estadística no se engrose aún más.

Detrás de los números hay historias humanas, de trabajadores y sus familias, que necesitan sobrevivir y merecen muchísimo más que solo eso.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 07 Junio, 2021

HORA: 12:00 AM