El Estado costarricense se salvó de pagar casi $400 millones de indemnización que estuvo solicitando la empresa canadiense Infinito Gold ante la caída del proyecto minero a cielo abierto en el sector de Crucitas, San Carlos.
La comunicación la dio a conocer el Tribunal de Arbitraje Internacional, el caso contra Costa Rica data de 2014.
La empresa envió el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a partir del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
No obstante, a la empresa se le canceló la concesión que tenía en relación con el proyecto minero de Crucitas.
El Tribunal determinó que Costa Rica no denegó justicia al inversionista debido a que los tribunales nacionales observaron de forma correcta los principios del debido proceso, así como también que se brindó a Infinito Gold el acceso a las oportunidades de defensa.
El organismo internacional señaló claramente que fue legítimo que el país optara por la decisión de declararse libre de la minería metálica a cielo abierto en la búsqueda de proteger el medio ambiente.
Sin embargo, cuando se tomó esa decisión, se debía considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con permisos de exploración o explotación minera y de resguardar la situación correspondiente.
CONSIDERACIONES
El laudo arbitral hace énfasis en que se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la administración pública debe respetarle a los administrados, incluidos los inversionistas.
Asimismo, menciona que la empresa Infinito Gold no logró demostrar que la omisión le provocara un daño, por lo que a Costa Rica no le corresponde pagar ningún tipo de indemnización.
El grupo costarricense que estuvo detrás de este proceso fue el Ministerio de Comercio Exterior, funcionarios de los departamentos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Procuraduría General de la República (PGR), peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas, así como la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, expertos contratados con el fin de coordinar la estrategia y defensa legal.
El Tribunal Arbitral lo integraron Gabrielle Kaufmann-Kohler de Suiza, Bernard Hanotiau de Bélgica y Brigitte Stern de Francia. La decisión del Tribunal fue unánime.
LO DIJO
• Andrés Valenciano
Ministro Comex
Este ha sido, posiblemente, el caso más complejo enfrentado por Costa Rica en materia de arbitraje de inversión internacional. Ha requerido un enorme esfuerzo y un trabajo tenaz, prolongado por más de 7 años, de un equipo interinstitucional e interdisciplinario que, con tesón, asumió el gran desafío de la defensa. El resultado evidencia, una vez más, que los tratados de inversión y la seguridad jurídica que otorgan son sumamente importantes para defender nuestros intereses nacionales.
ANTECEDENTES DEL CASO
La empresa Industrias Infinito S.A. pidió al Estado en diciembre de 1999 la concesión de explotación minera en un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris de San Carlos.
Dos años más tarde, el Ejecutivo entregó a la compañía la concesión con la condicionante que debía presentar un estudio de impacto ambiental.
La administración de Abel Pacheco emitió en junio de 2002 el Decreto Ejecutivo 30477-MINAE, que declaró la moratoria nacional relacionada con la actividad minera de oro a cielo abierto.
La Sala Constitucional anuló la resolución que otorgó la concesión de explotación a Industrias Infinito en noviembre de 2004, alegando que no hubo un estudio de impacto ambiental.
La administración del expresidente Óscar Arias revivió la concesión minera en abril de 2008 y otorgó de nueva cuenta la concesión. Dos meses más tarde, se derogó el decreto que declaró moratoria sobre la actividad minera en Costa Rica y posteriormente se declaró el proyecto de Crucitas de interés público.
El caso se elevó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, quien en diciembre de 2010 encontró que la administración Arias faltó en la posibilidad de otorgamiento de audiencia a las instituciones vinculadas con el asunto y en la posibilidad de declarar la conveniencia nacional.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Sábado 05 de Junio, 2021
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