Diario Extra - Congreso aprueba informe sobre Unidad Presidencial

Este miércoles en sesión extraordinaria 32 diputados de oposición aprobaron el informe especial de la comisión legislativa que analizó lo ocurrido tras la conformación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Solo 8 de los 10 legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentes en el plenario lo rechazaron.
El documento se dio a conocer a la opinión pública el 29 de abril.
El informe concluye que el presidente Carlos Alvarado y sus asesores violentaron el debido proceso y torcieron normas administrativas a conveniencia.
Además recomienda al Ministerio Público investigar penalmente a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.
En el caso de Garrido la comisión concluye que emitió un falso testimonio al alegar desconocimiento del decreto que creó la UPAD, por ello pide que la investiguen por el presunto delito de perjurio.
De acuerdo con los diputados miembros de este foro legislativo, existe prueba documental suficiente para demostrar que Garrido sí sabía del decreto.
En el caso del jerarca de Seguridad se pide al Ministerio Público investigar el traslado de información sensible que Soto entregó a Santiago Álvarez Ovares, entonces asesor de Casa Presidencial.
“Fue evidente que un grupo de funcionarios, liderados por el presidente Carlos Alvarado, excedió los poderes y facultades que les otorgan sus puestos y la misma Constitución Política, violentaron el debido proceso y torcieron las normas administrativas a su conveniencia”, concluye el documento.
“Los testimonios e informaciones recabadas por esta comisión permiten determinar que Casa Presidencial violó el derecho de todas y todos los costarricenses de mantener privada y resguardada su información personal”, agregaron los congresistas.

VIOLACIÓN DE DATOS
PERSONALES

Silvia Hernández, presidenta del Congreso y quien lideró la comisión que investigó la UPAD, dijo que tras las audiencias y hechos probados fue posible concluir que hubo violación de datos sensibles y privados de los ciudadanos.
“Este informe refleja con hechos probados que el decreto que buscó crear la UPAD es inconstitucional e ilegal y que se hizo el traslado de información sensible de los habitantes sin el permiso de las personas”, manifestó.
Para la oficialista Carolina Hidalgo, quien formó parte de esa comisión, el documento no logró determinar ni probar todas las teorías del espionaje.
“Se dieron más de 19 sesiones con 26 audiencias y no se logró comprobar todas las teorías de conspiración que se plantearon. Sí, la normativa requiere ser fortalecida, por eso hemos presentado un proyecto para hacerlo. Pero el objetivo aquí fue generar un juicio político, como fue mencionado por los integrantes de esa comisión”, declaró.
El documento pasa a la Fiscalía General de la República para que se incluya en la investigación que realizan las autoridades judiciales.