Después de que los diputados Enrique Sánchez y Paola Vega, de Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); y Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), fueran sorprendidos unos jugando en sus celulares en la audiencia con el ministro Daniel Salas y el último semanas atrás viendo un partido de Keylor Navas en la Champions, este martes el plenario por fin inició la discusión del proyecto de ley que permitiría sancionar a los congresistas por sus faltas éticas y morales.
Afectados posiblemente en su moral, más ahora que estamos en campaña política, las fracciones acordaron iniciar la discusión en primer debate de la iniciativa que haría que los legisladores dejen de ser los únicos funcionarios públicos que no tienen un régimen sancionatorio.
Se debe reconocer que comenzaron con muchos ímpetus cuando en apenas una semana de llegar en 2018 aprobaron la reforma constitucional que avala la pérdida de credencial al padre de la patria que falte a la ética (modificaron el artículo 112 de la Constitución Política).
Pero es necesario una ley que defina el procedimiento para que esa sanción ocurra, lo que hasta la fecha, prácticamente tres años después, no sucede.
SANCIONES
Se trata del expediente 21.515, régimen de responsabilidad de las diputaciones por violación al deber de probidad.
La sanción se aplicaría en casos como legislar en beneficio propio para acogerse a amnistías tributarias o por adaptar la legislación conforme a los intereses de grupos de poder por presión de lobistas, entre otros.
La propuesta deposita el procedimiento administrativo sancionatorio en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el fin de otorgar mayor objetividad e independencia en la investigación y resolución final, que garantiza el equilibrio de poderes.
“Este proyecto es una deuda de este parlamento. Se requiere una ley que desarrolle el procedimiento y los organismos para establecer las sanciones. Estamos en un retraso constitucional de la misma norma que aprobamos y nos convierte en cómplices de las faltas éticas graves que puedan cometer los diputados”, comentó Villalta.
Recordó que la Procuraduría de la Ética ha señalado a congresistas de esta legislatura que han cometido faltas morales y quedarán en la impunidad al no poder aplicarles una sanción.
En momentos que la Asamblea Legislativa está cuestionada por los posibles vínculos con el narcotráfico, mantener esta iniciativa en el congelador es un error para Villalta.
Si este proyecto se aprueba podrían establecerse sanciones a faltas graves que incluso lleven a los diputados a perder su curul.
Debido a que al proyecto se le presentaron mociones de fondo que debe tramitar la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se dictaminó el texto en discusión, su trámite en el plenario se suspende en espera de dicho informe.
El plenario aprobó en primer debate el expediente 22.176, ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de referéndum.
NOTA EXTRA
La diputada Paola Vega dijo que después de ser sorprendida jugando con su celular en el plenario y a pesar de ofrecer una disculpa pública solicitó que no se le pague la dieta de ese día, que puede rondar los ¢85 mil.
“Consciente de que una disculpa no es suficiente, que debemos dar el ejemplo y de que no puedo ser crítica de lo que otros diputados hacen en el trabajo parlamentario si no demuestro coherencia, he procedido a solicitar el rebajo correspondiente a la dieta del plenario de ayer”, expresó.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Miércoles 02 de Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA