El diputado socialcristiano Óscar Cascante, quien se halla en el ojo de la polémica luego que DIARIO EXTRA revelara que mantuvo al menos 13 reuniones con tres personas que en apariencia integran una banda narco y son investigadas por el OIJ, anunció este lunes que se pone a disposición de la Fiscalía General de la República.
Esta organización criminal producto de la venta internacional de drogas hizo inversiones en lujosas propiedades en Limón, Escazú, Santa Bárbara y Alajuela por más de $20 millones, además se le incautaron en efectivo poco más de ¢1.500 millones.
Según los registros oficiales de ingreso a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, los investigados Luis Guillermo Cartín Herrera, su hijo Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera ingresaron al Primer Poder de la República en al menos 37 ocasiones entre 2014 y 2021.
Cartín Herrera falleció el 6 de mayo, pero antes de su muerte intentó mantener reuniones con los diputados Óscar Cascante y Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Mileidy Alvarado y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN); y las independientes Ivonne Acuña y Zoila Volio.
Cascante no quiso hablar con la prensa, pero luego mediante un comunicado explicó su posición.
“Sirva la presente para ponerme a disposición de la Fiscalía General de la República para las acciones o procedimientos que consideren oportunas y pertinentes, en relación a lo actuado por mi persona durante mis funciones como diputado de la República en la Asamblea Legislativa”, indicó el socialcristiano en una nota que envió a la fiscala general Emilia Navas.
Por medio de sus encargadas de prensa se agregó que si el Ministerio Público solicita levantar la inmunidad del congresista, este lo haría a voluntad, sin necesidad del proceso establecido por ley.
“Toda mi vida he sido un hombre de transparencia, no tengo nada que ocultar y confío en Dios en que esta situación se esclarezca lo más pronto posible. Mi único interés en todo momento fue apoyar a cada una de las comunidades”, expresó Cascante.
Este lunes el diario La Nación dio a conocer que en una de las reuniones que Cascante sostuvo en su despacho con los hoy detenidos se realizó con funcionarios del Banco Popular, quienes no sabían de las personas que estarían en el encuentro.
Al parecer la reunión se realizó el 24 de mayo y ahí el legislador consultó a los funcionarios del Popular por qué se devolvió una serie de documentos a una empresa constructora de los hoy detenidos que desarrollaba un proyecto de interés social en Purral, Goicoechea.
Después el medio digital Crhoy.com dio a conocer una supuesta llamada telefónica entre los dos investigados por el OIJ, donde mencionan que le pagarían ¢500 mil al diputado.
SE SEPARA DE LA CURUL
En horas de la tarde Cascante envió otro comunicado, en el cual comunicó que se separada de la bancada y por lo tanto no seguirá en la comisión legislativa especial que busca investigar la infiltración del narco en los partidos políticos.
“En reunión de fracción se tomará la decisión de quién sustituirá al diputado Cascante, en la comisión especial investigadora sobre el narcotráfico en la Zona Sur. El legislador socialcristiano envió el oficio DIP-OOC-0481-05-2021 a la jefatura de fracción, en la cual comunicó la decisión”, se lee en el documento.
ESPERAN EXPLICACIONES
DIARIO EXTRA conversó con el jefe de fracción del PUSC, el diputado Pablo Heriberto Abarca, a quien le preguntamos si con el fin de salir de algunas dudas Cascante estaría anuente a abrir sus cuentas bancarias.
“Me parece que él lo ofreció, pero en todo caso cada persona debe responder por sus temas. El Partido Unidad siempre ha dado la cara y esperamos que en este caso sea lo mismo”, expresó.
Agregó que hoy tendría una reunión de bancada con Cascante, donde esperan recibir sus explicaciones.
Sobre el tema de los ingresos de personas a las oficinas de los congresistas el jefe de fracción dijo que es un deber constitucional atender a los ciudadanos.
“No existen las herramientas para determinar si una persona tiene antecedentes dudosos o no, y para los legisladores es muy complicado saber eso, pero sí se pueden mejorar los protocolos de ingresos en la entrega de documentos. Creo que sí es mejorable y es un tema de cada legislador guardar el tema ético”, indicó.
Después Randall Quirós, presidente del PUSC, dijo que el comité ejecutivo superior se reunirá posiblemente el próximo miércoles para llamar a cuentas al legislador.
Aseguró que creen en el principio de inocencia y después de escuchar las explicaciones de Cascante tomarán alguna decisión.
• Pablo H. Abarca, Jefe de fracción PUSC
“Yo interpreto que él (Cascante) actuó de buena fe al renunciar a la comisión y esperaría que nos aclare más cosas”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Martes 01 de Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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