Diario Extra - 'Empleo Público debe incluir todas las instituciones'

La Contraloría General de la República (CGR) insistió en que los diputados deben valorar la inclusión de todas las instituciones públicas, en medio de la discusión del proyecto de ley Marco de Empleo Público.
“Este Órgano Contralor ratifica la necesidad de que una Ley Marco de Empleo Público incorpore bajo su ámbito de aplicación general a todas las instituciones del sector público, a fin de evitar que se continúen fomentando diferencias sin una base objetiva acreditada, situación que propicia la dispersión en el tratamiento de los aspectos medulares del empleo en el sector público”, menciona el documento.
El análisis hace énfasis en los artículos relacionados con el pago de salarios y otros componentes, que deben tener bien definidos los límites para no generar las disparidades que en la actualidad existen.

PAPEL DE PATRONO

Otro aspecto que criticó la Contraloría es la forma en que se busca posicionar al Estado como patrono y el registro de las personas elegibles para los puestos.
“El principio de Estado como patrono único incluye, entre otros aspectos, reconocer que de frente a los traslados de personas de una institución a otra se entiende que la relación laboral es una sola y por ello se debe ‘reconocer los derechos laborales que correspondan, y responder por los deberes funcionales indistintamente de las variaciones de puesto’”, añade la opinión del ente contralor.
Según el ente contralor, el proyecto estaría relegando las responsabilidades a que cada institución sea la encargada de actualizar la base de datos del Sistema Integrado de Empleo Público.
“Dejando por fuera de este deber a los entes públicos no estatales, las empresas e instituciones públicas que operan en competencia y el Benemérito Cuerpo de Bomberos”, acotó la entidad, que además sostuvo que esta omisión le resta transparencia al proyecto de ley.

SANCIONES

La Contraloría hace referencia a que es necesario que el registro, que menciona a aquellas personas que no deberían ser contratadas por algún antecedente, debe incluirse en la lista del Sistema Integrado.
“Es necesario que incluya también todas las sanciones impuestas a los servidores públicos con ocasión de incumplimiento de deberes propios de sus cargos y no solo las de inhabilitación; esto permitiría tener una plataforma general de consulta transparente, completa y oportuna para toda la Administración Pública de las sanciones administrativas y disciplinarias de todos los servidores del Estado”, agrega el documento.
Además, asegura que es innecesario que la ley contemple un nuevo proceso de sanción, en caso de que el trabajador obtenga constantes bajas evaluaciones del desempeño, pues en la actualidad esto está regido en la ley General de la Administración Pública.
“Cabe indicar que el plazo para accionar en asuntos de naturaleza disciplinaria ante faltas de carácter meramente disciplinario como sería el supuesto contemplado en esta norma, ya se encuentra contemplado en el numeral 414 del Código de Trabajo”, describe la posición del ente contralor.

DUDAS

La iniciativa que se encuentra a esperas de llegar al Plenario, plantea que todo el sector público cuente con una organización por familias de trabajo, como estrategia para mantener un mínimo de pago en salarios.
“De lo anterior pareciera que dentro de cada columna salarial y en cada grado dentro de esa columna, hay una progresión de puntos que implicaría un salario distinto para diferentes personas. Este mecanismo y su metodología no queda claro en el texto del proyecto, lo que podría crear diferencias salariales entre personas de un mismo grado y ser inconsistente con el salario global o con el equilibrio interno entre puestos similares”, describe la opinión.
Asimismo, señala que se debe considerar, en el caso de los permisos de paternidad por adopción o nacimiento, que también existen familias homoparentales, por lo que debe considerar ese aspecto en el texto.
Tras retomarse la discusión del proyecto en medio del periodo de sesiones extraordinarias, los grupos sociales y sindicales han reiterado su oposición a la iniciativa y aseguran que prontamente estarían acudiendo a las calles a ejercer presión.