Ley de Guardavidas “engavetada” por el Gobierno

Opinión

*Año y medio después de aprobarse…

Las estadísticas de muertes por ahogamientos en playas nacionales, en los últimos 5 años, superan el centenar de personas. De 2017 hasta la fecha, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta 201 fallecidos por esta causa. No menos alarmante es el número de víctimas en ríos y piscinas, en los que entre 2012 y 2019 fallecieron, de acuerdo con información de la Asociación Nacional de Guardavidas, 455 personas.

Sin embargo, parece que las autoridades de Gobierno no tienen clara la urgencia de garantizar playas seguras. Aun cuando, hace año y medio ya, el Congreso de la República aprobó la Ley # 9780, para la implementación de unidades de guardavidas en los cantones litorales del país, el Poder Ejecutivo no ha emitido el reglamento que haga posible la aplicación de esta norma jurídica.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), rector de la actividad turística, quien se supone tendría especial interés y compromiso en el avance del trámite, adoptó una actitud pasiva y se “ha sacudido” la responsabilidad. La institución asegura haber hecho la parte que le correspondía, pero llama la atención la lentitud y demora en la constitución de la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos, trámite de su competencia, que a la fecha no se ha concretado.

Al parecer a ninguna de las dos partes -ni a Presidencia de la República, ni al ICT- les incomoda la lentitud y el estancamiento del proceso de reglamentación de esta ley, como tampoco les preocupa que se está incumpliendo de manera excesiva el plazo estipulado, de tres meses, según el artículo 12 de la propia Ley, para la emisión del reglamento.

En conclusión, desde el 19 de diciembre de 2019 existe una Ley para mejorar la seguridad de las playas nacionales, pero el gobierno la tiene engavetada y sin efecto hasta el día de hoy, como si fuera un tema menor y no afectara la salud ni la vida de las personas, el impulso de la industria turística, la reactivación económica local, la generación de empleos en zonas costeras y la imagen-país a escala internacional.

De acuerdo con un informe del OIJ relativo al periodo 2017-2021, Estados Unidos -uno de nuestros principales mercados turísticos- es el segundo país con mayor incidencia de muertes por ahogamientos en nuestras playas. A inicios de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la decisión de la Administración norteamericana de bajar la calificación a Costa Rica, en la recomendación de viaje como destino turístico seguro. A pesar de que se encendieron las alarmas en ese momento, y el Gobierno de la República llegó al punto de objetar el cambio de categoría y hasta realizó un desglose de todas las medidas e inversión desarrollada en materia de seguridad turística, entre las que destacó, por cierto, la Ley de Implementación de Unidades de Guardavidas, con la restitución de la evaluación todo se quedó en el olvido, tanto así, que al día de hoy no se ha vuelto a mencionar dicha Ley.

Si bien cabe reconocer el valioso servicio que durante años han prestado la Asociación Nacional de la Cruz Roja Costarricense y la Policía Turística, al cuidado de lo que ocurre en las orillas y adentro del mar, estos cuerpos tienen otras funciones específicas que cumplir, y la realidad demuestra que no dan abasto para atender de manera inmediata y oportuna todas las contingencias en nuestras costas.

A la vez, las asociaciones de guardavidas en Costa Rica, desde hace 20 años, han realizado una importante labor de prevención, rescate y atención de víctimas en playas y destinos turísticos nacionales, pero sin fuentes de financiamiento estables, sin apoyo del ICT, ni de ninguna otra entidad de gobierno, su alcance y cobertura son limitados.

Precisamente la Ley 9780 pretende resolver este tipo de debilidades, y mediante convenios de cooperación entre entes públicos y privados impulsar la implementación de unidades de guardavidas donde haga falta, con las condiciones, medios, equipos y tecnologías necesarias para desempeñar sus funciones. Esta Ley además abre la posibilidad de que las municipalidades costeras, potencialmente las principales interesadas en el desarrollo y estabilidad de sus comunidades, destinen parte de los recursos que ingresan por concepto de concesiones, a la operación de las unidades de guardavidas. De esta manera se generarían fuentes de trabajo para la población local y, a largo plazo, se iría consolidando una cultura de prevención en las regiones litorales del país, equivalente a menos incidentes y bajos índices de mortalidad por ahogamientos.

Urge entonces que el ICT, las municipalidades costeras, las Cámaras de Turismo y las diferentes organizaciones locales, ejerzan más influencia y presión para que este tema se priorice dentro de la agenda de gobierno, el Poder Ejecutivo haga su tarea que es dictar el reglamento a la Ley, y al fin, se puedan implementar las unidades de guardavidas en nuestras playas. Es imperdonable que, por burocracia y mera tramitología, las instituciones de gobierno sigan poniendo en riesgo: bienestar, confianza, seguridad, imagen del país y economía.

*Diputada de Nueva República

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Miércoles 26 Mayo, 2021

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