Actualmente se estima que un 46,6% de los ocupados en el país tiene un empleo informal. Esto se traduce en 929 mil trabajadores que no están cotizando para una futura pensión.
Sin embargo este tema no parece estar en el radar de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sino que apuntan a reformas que solo tocan a la población formal y eso para algunos es como que paguen los de siempre.
Incluir a estas otras personas en la formalidad haría que suban los ingresos de la institución y por ende ayudaría a dar una mayor sostenibilidad a un sistema que está en riesgo de agotar sus reservas. ¿Entonces por qué no pensar en atraer a estos trabajadores?
Para Édgar Robles, ex superintendente de Pensiones, la falta de una visión integral del problema es lo que hace que cada 10 o 15 años se deba hablar de una nueva reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El economista señaló que la informalidad creció un 20% en los últimos 10 años y que esta huida del sistema en mucho está influenciada por el incremento en el número de cuotas.
“Las reformas que se han hecho en la Caja van orientadas a elevar la cotización. Creen que si aumenta en un 50% la recaudación crecerá en la misma proporción y eso es incorrecto porque el costo de la formalidad crece y más gente se va a pasar a la informalidad. Ese es el proceso que hemos visto en Costa Rica”, explicó.
A su criterio no sería de extrañar que en dos años las autoridades vuelvan a hablar de una reforma porque no se está contemplando el efecto del Covid-19. La mayoría de las proyecciones del Seguro Social se basa en estudios de 2018.
A la fecha 457 mil personas están desempleadas, no cotizan para la Caja y la lenta recuperación de la economía no hace prever un escenario distinto en el corto plazo.
“ESTAMOS AHORCANDO AL TRABAJADOR FORMAL”
“A la Caja lo que menos le está importando en este momento es que la gente se pase a la informalidad. Lo que hay que pensar es en cómo reestructurar el sistema de pensiones para que no sea tan caro y sea lo más justo posible. El que la gente se esté pasando a la informalidad no va a ayudar a la sostenibilidad del régimen. Hay que plantear reformas que busquen la protección de las personas”, acotó.
Se estima que en estos momentos la población de 65 años o más se encuentra entre la más pobre del país. Una solución para el economista sería que a las cargas sociales se le quiten todos los aportes adicionales al Banco Popular, Instituto Nacional de Aprendizaje e Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros.
“Eso debería salir de las planillas y pasar a impuestos generales. Así se bajaría el costo de la formalidad. Lo que se iba a pagar en cargas sociales y otros costos asociados se repartiría entonces entre todos los trabajadores formales e informales. Hoy lo que estamos haciendo es ahorcar a la formalidad”, añadió.
La carga se metería en el impuesto al valor agregado (IVA) o una combinación con el impuesto de renta. De este modo también habría un componente para financiar las pensiones de los pobres a través del presupuesto nacional, según su propuesta.
“De algún lado tiene que financiarse. La reforma que plantean no tiene un impacto sobre la sostenibilidad del régimen del IVM, es solo un nadadito de perro, es patear la bola para adelante.
No solo es insuficiente, sino que insiste en aumentar el costo para los trabajadores formales. Hay otras formas de hacer las cosas, la Caja no es un fin en sí mismo, lo que hay que salvar es el IVM”, manifestó.
De momento solo se conoce que la reforma a las pensiones se orientaría a eliminar la pensión anticipada, de modo que hombres y mujeres se jubilarían a los 65 años, y en bajar el monto a recibir a la hora del retiro.
El tema será consultado con los sectores sociales los próximos dos meses. Todavía no está muy claro si valoran cambios en las cuotas.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Lunes 24 de Mayo, 2021
HORA: 12:00 AM
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