Diario Extra - Renuncia agente codefensor de aliados de Diablo

El agente de apellidos Tapia Hernández, a quien le abrieron una causa administrativa por presentarse durante una audiencia como codefensor de los supuestos aliados de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, presentó la renuncia a su cargo.
Esta información la confirmaron en la oficina de prensa del Organismo de Investigación (OIJ), donde detallaron que el funcionario manifestó su deseo de dejar el puesto la tarde del jueves.
La salida de Tapia se produce después de que DIARIO EXTRA diera a conocer que el lunes 17 de mayo se presentó a la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra los sospechosos de asesinar a dos personas en un intento de asalto a un camión remesero en Cariari, Pococí.
Su trabajo fue apoyar en la defensa de los imputados que aparentemente habrían actuado bajo órdenes de Diablo.
Walter Espinoza, director general del OIJ, confirmó que el funcionario, quien laboraba en la delegación de Pococí, el 15 de abril solicitó un permiso sin goce de salario por seis meses, sin embargo fue claro en que no podía ni debía ejercer acciones laborales de orden privado en ese periodo.
Por eso tras conocerse su actuar en la audiencia, su caso lo remitieron a la Inspección Judicial.
Tapia tenía aproximadamente 12 años de trabajar en el Poder Judicial y, según confirmó Espinoza, el permiso sin goce de salario se lo concedieron en virtud de que argumentó que era por circunstancias de orden personal.
Además estas solicitudes están reguladas en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual faculta a los jefes inmediatos a otorgar hasta 6 meses de permiso.
Agregó que en el OIJ desconocían que Tapia participaba como codefensor de los imputados en el caso del intento de asalto al camión remesero y tampoco sabían que era parte de un bufete ubicado en Pococí.
Se enteraron de esa situación cuando los agentes que fungieron como custodios durante la audiencia de medida cautelares lo observaron.
Por otra parte, según supo El Diario del Pueblo, desde hace siete años aproximadamente Tapia mantiene una relación sentimental con una asistente jurídica de la Fiscalía Adjunta de Pococí.
En el Ministerio Público confirmaron que en esa fiscalía ya tenían conocimiento de las indagaciones a nivel administrativo que realizaba el OIJ contra Tapia y ante la consulta de si esa relación representaría algún conflicto de intereses manifestaron que en su cargo ella no tiene acceso a información de los casos cuyas pesquisas están en proceso.
“En relación con la funcionaria Peraza, la Fiscalía informó que ella se desempeña como asistente jurídica, con funciones exclusivas relacionadas al manejo de la agenda de juicios y audiencias, de manera que no tramita casos, no colabora a fiscales a tramitar casos y no tiene acceso a ningún expediente en investigación”, explicaron.
Agregaron que para la fecha en que ocurrió el mortal intento de asalto al camión remesero, e incluso durante esta semana, la asistente jurídica no se encuentra laborando.

DECOMISO DE ARMA

La participación de Tapia como codefensor de los supuestos aliados de Diablo no sería el único expediente que registra el ahora exagente judicial, pues en el pasado enfrentó dos causas penales y además le decomisaron su arma de reglamento por accionarla en una vivienda.
Precisamente este último es el hecho más reciente en que Tapia estuvo involucrado y ocurrió el 21 de enero en horas de la tarde en una casa ubicada en Guápiles, Pococí.
Fuentes confidenciales confirmaron a DIARIO EXTRA que ese día al Sistema de Emergencias 9-1-1 ingresó una llamada en la que un vecino alertó sobre múltiples detonaciones de arma de fuego dentro de una vivienda.
Debido a esto al sitio se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública, quienes al llegar al inmueble constataron que dentro de este estaba Tapia, en apariencia en estado etílico, y cuando le preguntaron qué pasaba les habría indicado que trató de atentar contra su propia vida.
De inmediato los uniformados procedieron a controlar la escena y ubicaron un arma de fuego en un sillón, así como varios casquillos en el piso y municiones sin percutir. Al revisar la pistola se determinó que era una calibre 9 mm y pertenecía al Poder Judicial, razón por la cual la incautaron.
Minutos después agentes de la delegación del OIJ de Pococí se trasladaron a la escena para encargarse de la situación.
Al consultar sobre esta situación, en la policía judicial únicamente informaron que contra Tapia existía una causa administrativa y se le retiró el arma por una situación médica.
“El retiro del arma no representa que no pueda laborar, solo se le asignan nuevas funciones dentro del despacho a como lo realizó hasta que solicitó el permiso sin goce”, detallaron

LESIONES CULPOSAS

En el Ministerio Público confirmaron que en 2017 contra Tapia se abrieron dos expedientes que estuvieron a cargo de la Fiscalía de Pococí. Se trata de las causas 17-002277-485-PE y 17-00237-485-PE, sin embargo acumularon ambas en una sola por tratarse de la misma persona.
Según explicaron, los presuntos delitos que se investigaron fueron lesiones culposas, conducción temeraria, resistencia agravada y daños agravados.
Añadieron que para garantizar la transparencia en el trámite del caso el expediente se remitió a la Fiscalía de Siquirres, donde se ejecutaron las pesquisas, sin embargo determinaron que no había pruebas suficientes.
“Tras la fase de investigación, se solicitó un sobreseimiento definitivo al Juzgado Penal de Siquirres, el 31 de marzo del 2020, pues, aunque se obtuvieron pruebas, las mismas no fueron suficientes para poder presentar una acusación”, manifestaron.