Asistencialismo no resuelve pobreza

Editorial

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) anunció el pasado 15 de mayo que tiene a disposición un subsidio que sufraga los gastos funerarios por fallecimiento relacionado con Covid-19 para ayudar a familias en condición de pobreza.
La iniciativa suena bien tomando en cuenta que algunas de las personas más humildes están buscando a como dé lugar un nicho dónde enterrar a su ser querido debido a que la muerte resultó inesperada y repentina.
El acta de defunción se gestiona por medio del apoyo del IMAS o en colaboración con el Colegio de Médicos y Cirujanos.
Cuando la familia en pobreza o pobreza extrema tenga el certificado de defunción sobre Covid-19, IMAS tratará de agilizar con los gastos. Al momento de la presentación de los documentos con carácter de urgencia y de forma no presencial en las Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS) y Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDS) del IMAS.
Sin embargo, aquí entra un factor en juego que hace dudar la ayuda estatal. ¿Con qué dinero vamos a sufragar esos gastos? La consulta surge en momentos en que el gobierno de la República cuestiona e insiste sobre la falta de dinero que podrían comprometer algunos programas de desarrollo económico y social.
También surge la incógnita sobre la incapacidad que tiene este gobierno de generar una reactivación económica seria y responsable y que ante esa negligencia se pongan a entregar dineros a base de asistencialismo.
Si bien los subsidios sirven como un paliativo para ayudar a la población, con eso no se alcanza o subsiste para vivir. Se necesitan acciones concretas que determinen una ayuda clave para dinamizar la actividad económica.
Lo que estamos viendo en Costa Rica es un desempleo que ahoga a 458.000 personas, un crecimiento económico del -4,5% a finales de 2020 y una caída drástica en la tasa de ocupación laboral hasta llegar a 1,9 millones, lo cual contrasta con esas buenas intenciones del IMAS.
A veces el gobierno cree que los subsidios los entregan como si fuera un confite, pero al final de cuentas lo devolvemos con el pago de nuestros impuestos o con el aumento fuerte en el precio de la gasolina.
No es que seamos desconfiados, pero detrás de cada buena intención existe alguna letra menuda que se les olvidó indicar y al final resulta que más bien termina siendo perjudicial para el beneficiado.
Ya lo vimos con el famoso bono Proteger, que en realidad no protegió nada. Un subsidio que nació para ayudar a la población que se vio afectada con suspensiones de trabajo, reducción de jornada o despidos producto de la pandemia por la Covid-19.
La ayuda se pintó bonita, pero nunca llegó a más de 400.000 personas que se inscribieron a la plataforma, mientras tanto, sí se entregó a privados de libertad, funcionarios públicos y hasta personas fallecidas.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República determinó que a casi 66.300 personas no calificaron para el subsidio y, aún así, lo tuvieron. Además, hubo un problema con el depósito de forma presuntamente irregular por ¢7.500 millones.
Entonces teniendo como antecedente lo del bono Proteger existen dudas sobre la obtención de recursos, el mecanismo de selección para determinar si una persona realmente necesita de esas ayudas, por cuánto sería el periodo y el monto por recibir, que en un inicio se habla de ¢400.000, pero a como son de desordenados, podría ser más o menos.
Las familias más vulnerables que pierdan un ser querido producto de la pandemia por la Covid-19 no merecen que se burlen de ellas y por el contrario se requiere de un verdadero apoyo para sufragar sus principales necesidades.
Que el asistencialismo no sea usado como pretexto para no generar empleo ni tampoco sea la excusa para fines políticos a pocos meses de que surja la campaña electoral.