Los mitos del empleo público
Zaray Esquivel Molina
Mucho se ha dicho sobre quienes prestan sus servicios al Estado. Que son un disparador de gasto, que todas las personas servidoras públicas reciben salariazos y que tienen pensiones de lujo.
Sin embargo, estos son mitos que esconden una ideología. Una ideología ciega que quiere administrar Costa Rica como una fábrica del siglo XIX: sin derechos laborales, con salarios por el piso y con un jefe todopoderoso que está por encima de todo.
El primer mito es que con el proyecto de Empleo Público mágicamente desaparece la crisis fiscal. Esa iniciativa no resolverá el problema fiscal que enfrenta el Gobierno Central. ¿Por qué?
El Gobierno estima que para 2025 el ahorro con esta ley sería del 1,5% del PIB. Este “ahorro” se debe en gran parte a que la Administración quiere, con regla fiscal en mano, congelar los salarios y las pensiones, y a que está eliminando plazas.
El segundo es el mito de la eficiencia. Este proyecto no busca reorganizar el empleo público para hacerlo más eficiente, busca controlarlo desde Casa Presidencial y del Mideplan para hacerlo más burocrático.
Si hoy se aprueba el proyecto, la ministra Pilar Garrido sería una clase de Jefa de Estado: jefa del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de las municipalidades, de las universidades, de la CCSS, del TSE… Jefa de todo el sector público, pasándole por encima a la Constitución.
El tercer mito, y quizá uno de los más difundidos, es que las personas servidoras públicas tienen salarios y pensiones de lujo. Es un mito que tiene décadas de ser infundido por el gran empresariado y los medios de comunicación tradicionales.
Un conserje de un centro educativo tiene un salario mensual de 284 mil colones. Una cocinera del mismo centro recibe una remuneración de 316 mil colones. ¿Son estos los salarios culpables de la crisis económica?
Es necesaria una reforma al empleo público, que lo reorganice y busque hacerlo más eficiente. Que le ofrezca a la ciudadanía servicios de calidad. Pero también que lo haga en condiciones laborales dignas, que procure el bienestar común.
Tenemos la apertura de construir un nuevo proyecto de empleo público que tome en cuenta a las personas que laboran en el sector, y que no sea una imposición del Gobierno, que pretende aprobar reformas a la fuerza, en perjuicio de la sociedad y la democracia.
*Presidenta de la APSE
